ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México se han
escuchado las expresiones de varios ex presidentes latinoamericanos que
celebraron, palabras más palabras menos, el movimiento del péndulo
político regional a la izquierda. Así se expresaron, entre otros, Rafael
Correa, Cristina Kirchner, Manuel Zelaya y Ernesto Samper, quien dijo
que este triunfo marcaba el regreso de gobiernos comprometidos con la
justicia social y la soberanía. Vaya modo engañoso y autoindulgente de
hacer balances.
El caso es que son muchas las señales contradictorias hoy
presentes en la política latinoamericana, tanto así que lo de definir
finales y comienzos de ciclos se ha vuelto un ejercicio de etiquetado
forzado e insincero.
Basta pasearse por las señales tan diversas que en semanas
recientes arrojan los resultados de las elecciones presidenciales en
Colombia y México; tanto más si se anotan en la lista de contrastes los
giros políticos que tienen lugar institucionalmente en Ecuador mientras
ocurre el escalamiento de la violencia gubernamental que se propone
sofocar las exigencias de cambios institucionales en Nicaragua. Para no
hablar de las incertidumbres electorales brasileñas y las forzadas
certidumbres reeleccionistas bolivianas, o de las urgencias económicas y
disciplinas que debe asumir el gobierno argentino en contraste con el
modo cubano, ya crónico, de asumir el fracaso económico a expensas de
aliados prestamistas y, especialmente, de la población cubana. Añádase
la distancia entre Brasil y Nicaragua en sus modos de moverse ante o
con, según el caso, la corrupción rampante y transnacionalizada.
En el mirar sin encasillarse en ciclos no es difícil descubrir un
tema de fondo en la diversidad presente: las fortalezas y debilidades
del Estado de Derecho, las de los controles democráticos efectivos
–comenzando por el respeto al momento electoral– y, en suma, lo que
mejor lo resume todo: el trato a los derechos humanos.
Y en ese contexto no sobra recordar una y otra vez a los amigos
del péndulo que en el lado más oscuro de cada una de las contradicciones
asomadas se encuentra Venezuela, con una crisis inocultable que se
resume en la violación de todos los derechos humanos y se desborda
material e informativamente al mundo.
A los informes y denuncias desde el sistema interamericano –que
recientemente incluyen el de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y el de los expertos que sustanciaron el Informe sobre posibles delitos de lesa humanidad remitido
a la Corte Penal Internacional– se sumó a finales de junio el segundo
informe en menos de un año de la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si el primero, de agosto de
2017, se concentró en las gravísimas violaciones de derechos durante las
protestas, el más reciente advierte desde su largo título la amplitud
del espectro y el agravamiento incesante de la situación: Las
violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de
Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. El
índice del documentado diagnóstico revela el abismo en las violaciones
de los derechos a la libertad de reunión pacífica; a la verdad y la
justicia de los familiares de las personas muertas durante las
protestas; a la libertad de expresión y opinión; a los de las víctimas
mortales de los operativos de seguridad no relacionados con las
protestas; de los detenidos arbitrariamente sin debido proceso y los
sometidos a la justicia militar; de los torturados y maltratados; de los
opositores políticos, activistas sociales y defensores de derechos
humanos; al derecho a la salud y a una alimentación adecuada. El
detallado diagnóstico es seguido por un conjunto muy conciso de
propuestas de cooperación y recomendaciones indispensables, y todas
apuntan a la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela, como
requisito esencial para la vigencia plena de garantías a todos los
derechos.
Ese necesario y urgente retorno nada tiene que ver con la
perspectiva de los movimientos pendulares concebidos desde los discursos
y programas políticos justicieros de quienes van llegando al gobierno,
quieren volver o no quieren soltarlo. El criterio hoy más relevante para
perfilar el estado presente y las perspectivas de estabilidad con
democracia y prosperidad para Latinoamérica es la construcción del
compromiso efectivo, individual y colectivo, con la garantía a los
derechos humanos, cada vez mejor acompañada por el seguimiento y
asistencia, evaluaciones y sanciones de la comunidad internacional.
elsacardozo@gmail.com
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