EL DISCURSO DEL MAGISTRADO FERNANDO VEGAS
Alonso Moleiro
El orador de orden en la sesión solemne que daba inicio la apertura del año judicial, magistrado Fernando Vegas, pronunció, el pasado sábado, un discurso no tan sorpresivo como inquietante y perturbador en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en torno a lo que, entiende él, es el estado de derecho.
No hizo Vegas lo que se hace en todos los rincones del mundo civilizado en estos casos: reflexiones sobre el imperio de la ley; sobre el acceso ciudadano a la justicia; sobre la necesidad de la mejora en la respuesta de los tribunales, sobre la provisionalidad de los jueces o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las cuentas pendientes de nuestro eternamente destartalado Poder Judicial. Poder Publico cuya paraplejía crónica hace posible, por cierto, que los malandros y asesinos de éste país tengan bien claro el significado de la palabra impunidad.
Vegas se dedicó, sencillamente, como para que a nadie le queden dudas sobre la verdadera voluntad de los juzgados de este país –esos, que por mandato constitucional deberían ser imparciales y oportunos- a retratarse lo más peinado posible frente al Poder Ejecutivo. A obtener 20 en conducta frente a los pareceres y designios del actual Presidente de la República, para todo efecto practico el Hombre Fuerte de este país.
Pasemos por alto los refritos discutibles en torno a la inminente caída el capitalismo; o las afirmaciones antojadas que pretenden emparentar el pensamiento de Bolívar frente a desarrollos políticos que jamás llegó a conocer.
Se ha dedicado este señor, en las narices del Máximo Tribunal del país, y con el entusiasta concurso de sus integrantes, a enunciar la agenda nacional pendiente “bajo el liderazgo de nuestro comandante-presidente, junto a una vanguardia cada vez más esclarecida”. Hizo reflexiones que adulteran por completo el contenido de la Carta Magna: se saltó con total desparpajo nociones que están ancladas a todos sus postulados, como la vigencia de la propiedad privada, el desarrollo de un modelo productivo mixto (que tanto le vendió Chávez al país al comienzo de éstos 12 años); o los fundamentos del estado federal y descentralizado que están en su pórtico.
Le confirió a la conocida “bicha” atributos que no posee para normar el desarrollo del socialismo o la creación de la propiedad social y de las comunas, que como todo el mundo sabe son ideas –peor aún: vocablos- que ni siquiera están nombrados una sola vez en el texto.
En su lugar, dijo que la Constitución actual “deja abierto el camino para recuperar tierras y fábricas”; insistió en que la transferencia de los recursos a las gobernaciones “y sus burocracias” deben darle paso a los Consejos Comunales y sentenció que, en este país, “el socialismo – con las formas de propiedad pensadas por el Chávez, que no estan contempladas en la Constitución- está tomando el lugar del capitalismo”.
Que nadie se sorprenda: éste señor no es ministro, ni activista social, ni edecán del Presidente. Es un magistrado de la República. Pretenderá que le creamos que tiene clara la noción de la palabra justicia.
No tiene sentido que los amigos del gobierno nos vengan con el cuento de que los tribunales y el derecho, como el resto de las actividades de la vida que pretenden adulterar colocándole apellidos, “no son neutros”. Hasta para perpetrar la barbaridad del pasado sábado, tan descriptiva de nuestra decadencia institucional, de nuestro atraso cívico, es preciso guardar ciertos modales. Los jueces deben presentarse antes sus ciudadanos, todos los ciudadanos, como personas que observan las leyes y cuidan los mandatos del derecho; no como cancerberos de situaciones políticas y criterios que pretender ser presentados como irreversibles. Mucho menos si éstos no tienen correlato alguno con la realidad.
Es muy sencillo: el estado venezolano no es socialista. No es ésta una realidad muerta, o un concepto a verificar: es, además, el mandato expreso de la población del Referéndum de la Reforma Constitucional de 2007. No se le está pidiendo a Vegas, ni a Luisa Estela Morales que, en contrapartida, se le cuadren a la MUD o al gobernador del Táchira.
Piense alguien por un momento qué hubiera ocurrido en el pasado si a un integrante del –con razón- cuestionado del Poder Judicial de la IV República, se le hubiera ocurrido esbozar esta secuencia de consignas, y atar, con tan poco decoro, su voluntad personal, y la de todo el TSJ al remolque, a los designios e intereses del presidente de turno. A llamarlo “nuestro”; a otorgarle atributos inexistentes al estado; a desfigurar con tan groseros niveles de miopía los derechos ciudadanos de terceros. A regalarle a su investidura un atributo que no tiene, salvo para sus partidarios incondicionales: el de “comanadante-presidente”
Peor aún: Vegas parece dar por sentado que el liderazgo de su “comandante-presidente” forma parte de un mandato divino, de un designio vitalicio, de un estado de cosas irreversible, de una voluntad omnímoda frente a los problemas de la sociedad y el estado. Con ello se salta de manera sibilina cualquier noción en torno a la alternabilidad
Al oír al señor Vegas, la presidenta el TSJ, Luisa Estela Morales, ordenó imprimir lo que habrá supuesto es una brillante pieza oratoria. Esas reflexiones unidimensionales tan parecidas a los tiempos más oscuros del franquismo.
Nada debe sorprenderlo a uno en esta Venezuela de hoy. El abismo que estamos presenciando lo único que indica es lo duro que habrá que trabajar para reconstruir este país: para tener magistrados con fuero propio, que comprendan su función dentro de un estado democrático, los límites de sus opiniones personales en éstas circunstancias y en un estado plural. Que respeten el protocolo de un Poder Público, librando a los demás de tener que presenciar una exhibición de alineamiento y subordinación tan desconcertante. Esa afrenta al sentido común de todos los venezolanos que constituyó, en suma, el evento del fin de semana, con los prolongados aplausos incluidos.
No venga Vegas a mamarnos gallo: lo que le está diciendo éste señor a la nación dentro de esa fraseología pretenciosa y grandilocuente que habla de “la prez de la República”, es que no hay libro de derecho que pueda con la voluntad de Hugo Chávez. Que las decisiones judiciales en Venezuela vienen con las cartas marcadas.
Que no nos quepan dudas: es este el momento más oscuro y sombrío de la vida institucional de éste país.
No hizo Vegas lo que se hace en todos los rincones del mundo civilizado en estos casos: reflexiones sobre el imperio de la ley; sobre el acceso ciudadano a la justicia; sobre la necesidad de la mejora en la respuesta de los tribunales, sobre la provisionalidad de los jueces o sobre cualquier otro aspecto relacionado con las cuentas pendientes de nuestro eternamente destartalado Poder Judicial. Poder Publico cuya paraplejía crónica hace posible, por cierto, que los malandros y asesinos de éste país tengan bien claro el significado de la palabra impunidad.
Vegas se dedicó, sencillamente, como para que a nadie le queden dudas sobre la verdadera voluntad de los juzgados de este país –esos, que por mandato constitucional deberían ser imparciales y oportunos- a retratarse lo más peinado posible frente al Poder Ejecutivo. A obtener 20 en conducta frente a los pareceres y designios del actual Presidente de la República, para todo efecto practico el Hombre Fuerte de este país.
Pasemos por alto los refritos discutibles en torno a la inminente caída el capitalismo; o las afirmaciones antojadas que pretenden emparentar el pensamiento de Bolívar frente a desarrollos políticos que jamás llegó a conocer.
Se ha dedicado este señor, en las narices del Máximo Tribunal del país, y con el entusiasta concurso de sus integrantes, a enunciar la agenda nacional pendiente “bajo el liderazgo de nuestro comandante-presidente, junto a una vanguardia cada vez más esclarecida”. Hizo reflexiones que adulteran por completo el contenido de la Carta Magna: se saltó con total desparpajo nociones que están ancladas a todos sus postulados, como la vigencia de la propiedad privada, el desarrollo de un modelo productivo mixto (que tanto le vendió Chávez al país al comienzo de éstos 12 años); o los fundamentos del estado federal y descentralizado que están en su pórtico.
Le confirió a la conocida “bicha” atributos que no posee para normar el desarrollo del socialismo o la creación de la propiedad social y de las comunas, que como todo el mundo sabe son ideas –peor aún: vocablos- que ni siquiera están nombrados una sola vez en el texto.
En su lugar, dijo que la Constitución actual “deja abierto el camino para recuperar tierras y fábricas”; insistió en que la transferencia de los recursos a las gobernaciones “y sus burocracias” deben darle paso a los Consejos Comunales y sentenció que, en este país, “el socialismo – con las formas de propiedad pensadas por el Chávez, que no estan contempladas en la Constitución- está tomando el lugar del capitalismo”.
Que nadie se sorprenda: éste señor no es ministro, ni activista social, ni edecán del Presidente. Es un magistrado de la República. Pretenderá que le creamos que tiene clara la noción de la palabra justicia.
No tiene sentido que los amigos del gobierno nos vengan con el cuento de que los tribunales y el derecho, como el resto de las actividades de la vida que pretenden adulterar colocándole apellidos, “no son neutros”. Hasta para perpetrar la barbaridad del pasado sábado, tan descriptiva de nuestra decadencia institucional, de nuestro atraso cívico, es preciso guardar ciertos modales. Los jueces deben presentarse antes sus ciudadanos, todos los ciudadanos, como personas que observan las leyes y cuidan los mandatos del derecho; no como cancerberos de situaciones políticas y criterios que pretender ser presentados como irreversibles. Mucho menos si éstos no tienen correlato alguno con la realidad.
Es muy sencillo: el estado venezolano no es socialista. No es ésta una realidad muerta, o un concepto a verificar: es, además, el mandato expreso de la población del Referéndum de la Reforma Constitucional de 2007. No se le está pidiendo a Vegas, ni a Luisa Estela Morales que, en contrapartida, se le cuadren a la MUD o al gobernador del Táchira.
Piense alguien por un momento qué hubiera ocurrido en el pasado si a un integrante del –con razón- cuestionado del Poder Judicial de la IV República, se le hubiera ocurrido esbozar esta secuencia de consignas, y atar, con tan poco decoro, su voluntad personal, y la de todo el TSJ al remolque, a los designios e intereses del presidente de turno. A llamarlo “nuestro”; a otorgarle atributos inexistentes al estado; a desfigurar con tan groseros niveles de miopía los derechos ciudadanos de terceros. A regalarle a su investidura un atributo que no tiene, salvo para sus partidarios incondicionales: el de “comanadante-presidente”
Peor aún: Vegas parece dar por sentado que el liderazgo de su “comandante-presidente” forma parte de un mandato divino, de un designio vitalicio, de un estado de cosas irreversible, de una voluntad omnímoda frente a los problemas de la sociedad y el estado. Con ello se salta de manera sibilina cualquier noción en torno a la alternabilidad
Al oír al señor Vegas, la presidenta el TSJ, Luisa Estela Morales, ordenó imprimir lo que habrá supuesto es una brillante pieza oratoria. Esas reflexiones unidimensionales tan parecidas a los tiempos más oscuros del franquismo.
Nada debe sorprenderlo a uno en esta Venezuela de hoy. El abismo que estamos presenciando lo único que indica es lo duro que habrá que trabajar para reconstruir este país: para tener magistrados con fuero propio, que comprendan su función dentro de un estado democrático, los límites de sus opiniones personales en éstas circunstancias y en un estado plural. Que respeten el protocolo de un Poder Público, librando a los demás de tener que presenciar una exhibición de alineamiento y subordinación tan desconcertante. Esa afrenta al sentido común de todos los venezolanos que constituyó, en suma, el evento del fin de semana, con los prolongados aplausos incluidos.
No venga Vegas a mamarnos gallo: lo que le está diciendo éste señor a la nación dentro de esa fraseología pretenciosa y grandilocuente que habla de “la prez de la República”, es que no hay libro de derecho que pueda con la voluntad de Hugo Chávez. Que las decisiones judiciales en Venezuela vienen con las cartas marcadas.
Que no nos quepan dudas: es este el momento más oscuro y sombrío de la vida institucional de éste país.
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