Ewald Scharfenberg
EL País
“Injerencia
externa”, “parte de una campaña internacional”, “intento de actualizarse por
parte de un político que ha perdido relevancia”: son algunas de las
explicaciones que portavoces del chavismo han encontrado al
propósito anunciado por el expresidente español Felipe González de sumarse a la
defensa de los líderes opositores venezolanos
Leopoldo López y Antonio Ledezma, encarcelados en una prisión militar cercana a
Caracas. Pero todo indica que el Gobierno de Nicolás Maduro no se va a quedar
solamente en los calificativos, sino que se prepara para impedir que González
cumpla su palabra.
Este
martes, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, exconstituyente y
exgobernador del estado de Anzoátegui por el oficialista Partido Socialista
Unido de Venezuela (PSUV), enfatizó a través de
su cuenta de Twitter que “un extranjero [así sea ex presidente] que
pretenda laborar como consultor en Venezuela debe poseer una visa laboral para
ejercer dicha profesión”. No es seguro que el Gobierno venezolano emita ese
documento para González pero, aún si lo hiciera, como gesto de buena voluntad
política, todavía los jueces de los casos de López y Ledezma —recordó el
Defensor del Pueblo, citando un artículo del Código Procesal Penal vigente—
tendrían la potestad de admitir o rechazar la “participación de cualquier
consultor”.
A la opinión de Saab le habían precedido, un día
antes, las insinuaciones del exembajador en Washington
DC y actual viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega,
quien en un programa de televisión dijo que “solo será bienvenido quien venga
al país en un plan no injerencista”. La posibilidad de que se impida a González
la entrada a Venezuela sigue abierta, según Ortega, y quedará, “dado el caso”,
en manos del presidente Maduro, “quien dirige la política exterior”.
Más
tajante aún fue el diputado chavista y presidente de la Comisión de Política
Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, que definió la pretensión de
González como la de instaurar un gobierno extranjero en Venezuela, para la que
recetó que si “una persona pretende venir como un procónsul, a interferir en
los asuntos internos en el país, lo menos que puede hacer un Gobierno serio es
devolverlo”.
Hasta
ahora, los portavoces del Gobierno venezolano se habían limitado a censurar los
anuncios del expresidente español y a subrayar que González no cumple con los requisitos para
ejercer como abogado en Venezuela, incluyendo entre ellos la revalidación de su
grado universitario y la afiliación al colegio del gremio. Sin embargo, las
reconvenciones desde Caracas han escalado hasta las mencionadas sugerencias de
que el ex mandatario pueda ser expulsado del país.
Durante el Gobierno chavista, Venezuela no ha
dudado en expulsar a visitantes críticos como la ex candidata presidencial
peruana Lourdes Flores, o al director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel
Vivancos.
Desde
que, el pasado 22 de marzo, se supo que González se proponía participar en la defensa de los
opositores presos, el Gobierno venezolano ha dejado en claro que se trata de un
plan con el que no simpatiza. El propio presidente Maduró calificó a González como “lobbista” de intereses
privados y coordinador de un presunto eje Madrid-Bogotá que conspira para
derrocar al régimen revolucionario. La canciller, Delcy Rodríguez, remachó que
Felipe González “no tiene facultades ni para ejercer la abogacía en Venezuela
ni para entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, de tal forma que yo
le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (…) que se rebusque la vida
de otra forma”.
Por
su parte, el diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV Germán Ferrer aventuró
una opinión algo más positiva sobre la iniciativa. En otro programa de
televisión dijo que una actuación como la de González, a la que se sumó el
expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, si bien es “una maniobra
política” que corresponde a dirigentes que “perdieron vigencia en sus países y
hoy quieren actualizarse en nuestro país con una cantidad de declaraciones e injerencias en la política
nacional”, representa, no obstante, una oportunidad “para que observen que aquí
en Venezuela hay absoluta libertad de expresión”.
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