HECTOR SCHAMIS
El anuncio de Felipe González internacionaliza definitivamente la crisis venezolana.
Es una buena noticia, aunque cueste imaginarlo litigando en Venezuela
como propuso. Por una parte porque no sorprendería que el gobierno de
Maduro le impida entrar al país. O bien que le prohíba ingresar al
tribunal y realizar trámites judiciales, ya sea por razones migratorias,
técnicas o de cualquier otra índole. Nadie tiene la creatividad argumental del chavismo, sobre todo cuando se trata de despojar a sus opositores del debido proceso.
Por otro lado, sería improbable una defensa legal en el sentido
estricto del término. La naturaleza de los juicios en marcha pertenece
más bien al mundo de la ficción jurídica. Las audiencias de Leopoldo
López, por ejemplo, a menudo duran más de 12 horas, finalizando a altas
horas de la madrugada. Dada la inmaterialidad de la evidencia,
el tribunal se ve imposibilitado de juzgar a López por sus acciones.
Juez y fiscal, en equipo, entonces lo juzgan por sus palabras.
Es un proceso simplemente absurdo, con guardias armados apuntando a
los asistentes, los familiares de los acusados. Puede incluir, como ha
sucedido, a una profesora de lingüística testificando acerca de la
verdadera intencionalidad de López en función del estudio de su
discurso. La escena se transforma en un espectáculo grotesco cuando la
experta analiza la presencia de violencia subliminal en el lenguaje
político del reo. El carácter positivo del Derecho masacrado; Kelsen
estaría retorciéndose en su tumba.
González se ofrece como abogado defensor, pero su defensa
más importante será poniendo el conflicto venezolano definitivamente en
la agenda europea y diciéndole al chavismo que archive su retórica de
progresismo y socialismo. La intervención de Felipe
González es un señalador, revela más de lo que produce, pero enhorabuena
que ha ocurrido. Por supuesto que el mensaje también tiene
destino interno. Como buen hombre de partido, le pasa un hierro caliente
a Podemos. Sin nombrarlos, está hablando de los cheques chavistas.
Pedro Sánchez, agradecidísimo.
A partir del gesto de Felipe González, el titular a
reproducir en la portada de los periódicos debería decir que la causa de
los presos políticos venezolanos es ahora, finalmente, la causa de la
socialdemocracia europea. La ocasión es importante, porque el
Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro, dice el mismo
sinsentido que Insulza decía hace más de un año: que los venezolanos
deben resolver su propia crisis y que América Latina ofrece buenos
ejemplos de “democracia participativa”.
La mera existencia de presos políticos, las condiciones violatorias
de sus arrestos, las torturas y la falta de garantías en sus juicios
deberían generar dudas acerca de la posibilidad de los venezolanos de
resolver su propia crisis y sobre el carácter “participativo” de la
democracia a la que alude Almagro. Y eso como mínimo, pues la OEA hace
tiempo que por cada paso hacia adelante, da dos hacia atrás. Sigue
presente el viejo recuerdo de la OEA enfrentándose a Videla y Pinochet,
nada menos, por los derechos humanos. Eran otros tiempos.
Es que la defensa de los principios democráticos y la solidaridad de
la comunidad internacional han sido insuficientes, por decir lo menos.
Es una historia compleja y moralmente reprochable, por cierto, marcada
por la manipulación de los principios en función de conveniencias
burocráticas, subsidios petroleros o simplemente por burdo oportunismo y
falta de convicción. Y no es solamente la OEA, siendo que en Venezuela la violación de derechos no empezó ayer.
Piénsese que la publicación—y léase, delación—de los nombres de los
firmantes del referéndum revocatorio ocurrió en 2004, once años atrás.
Desde entonces, esas personas son discriminadas hasta cuando peticionan
un crédito bancario.
En 2007, por ejemplo, el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga fue de
los primeros en llamar la atención sobre la alarmante situación de los
derechos humanos en Venezuela y la intimidación sufrida por los
opositores. Quiroga no tuvo demasiados seguidores entonces. Quizás solo
en el Parlamento Europeo, cuando sus miembros comenzaron a expresar
preocupación ese mismo año. El chavismo había perdido el primer
referéndum constitucional para la reelección indefinida y comenzó su
estrategia para revertirlo como fuera, es decir, con más intimidación.
Lo curioso es que la reticencia a denunciar los abusos del chavismo
no cambió demasiado ni siquiera en 2014, a pesar de las masivas
protestas, los muertos, los arrestados y los torturados. Solo un puñado
de expresidentes, y casi ningún presidente en ejercicio, se animaron a
expresar solidaridad con las víctimas y sus familias. Al nombre de
Quiroga, se podrían agregar los de Arias, Cardoso, Hurtado, Pastrana,
Toledo y no muchos más.
Lo que hoy puede brindar Felipe González es por ello
enormemente valioso: los derechos humanos volviendo al tope de la agenda
latinoamericana y por medio del PSOE. Hay quienes esperan una
masiva declaración en apoyo a los presos políticos venezolanos en Panamá
esta semana, ahora sí, firmada por decenas de expresidentes
latinoamericanos. Sería un círculo virtuoso. Como en las transiciones
latinoamericanas, cuando Felipe González gobernaba y los progresistas
latinoamericanos, perseguidos como López y Ledezma, encontraban en
España solidaridad y legitimidad.
Pero como se trata de una calle de dos vías, no puede
olvidarse que este es un año electoral en España. Tal vez un poco de esa
legitimidad vaya en esa dirección, Venezuela le sirva al PSOE para
reafirmar el propio concepto de social democracia y, en el camino,
recuperar la propiedad de un espacio político amenazado, curiosamente,
por una cierta versión peninsular del chavismo. En ese caso, además de
virtuoso, el círculo sería completo.
Twitter @hectorschamis
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