EL RETO DEL 20 DE MAYO
BENIGNO ALARCON
POLITIKA UCAB
Desde
que Chávez llegó al poder, en enero de 1999, la dinámica política se ha
intensificado a un ritmo que para muchos puede ser de vértigo. Son
muchos quienes afirman que la planificación es un ejercicio imposible
ante escenarios que cambian cada día de manera impredecible y, por lo
tanto, lo táctico se impone. O sea, el “como vaya viniendo, vamos
viendo” priva sobre lo estratégico.
En
esta vorágine de eventos que caracteriza este complejo juego, el
régimen se come buena parte de nuestras piezas en el tablero ante la
indignación de una mayoría de espectadores de oposición que, por más que
acompañen, aúpen y griten a su partido, ven avanzar el juego de manera
inevitable hacia una nueva derrota. Nos quitan las piezas de la
comunicación (RCTV, Globovisión, El Universal, etc.) y no pasa nada; se
comen las piezas claves de nuestro liderazgo democrático colocándolos en
prisión, inhabilitándolos, obligándolos a exiliarse o ilegalizando a
sus partidos políticos –incluida la tarjeta unitaria– y tampoco pasa
nada; cambian las reglas de juego antes o durante los procesos
electorales y el juego, para algunos, continúa como si nada.
La
verdad es que tanto la Ciencia Política comparada como 18 años de
vivencias permiten concluir que ni los escenarios, ni la estrategia
seguida por un régimen de clara vocación autoritaria, son impredecibles y
todas sus jugadas tácticas han avanzado consistentemente hacia su
progresiva autocratización, de manera tal que a partir del momento en
que el Gobierno perdió las ventajas competitivas derivadas del liderazgo
carismático de Chávez y la abundancia de recursos para apuntalar la
construcción de una maquinaria electoral clientelar, se ha pasado,
progresivamente, de un modelo dependiente del apoyo político de la
mayoría a otro que depende menos de la subordinación voluntaria y más
del ejercicio represivo, lo que incluye no solo la disposición a someter
por las armas y a encarcelar al liderazgo que se le oponga, sino
también por otros mecanismos coercitivos aplicados a toda la población a
través del alivio políticamente condicionado de las necesidades más
básicas, como el hambre.
Ante
este escenario, hoy el país continúa debatiendo y dividiéndose ante el
dilema entre votar y no votar. Los que argumentan a favor de votar
colocan la vía electoral como la única salida realista y hablan de la
necesidad de no incurrir nuevamente en el error de las elecciones
legislativas del 2005 y lo que ello implicó en pérdida de otros espacios
que fueron copados a partir del control de la mayoría calificada en la
Asamblea Nacional. Quienes argumentan a favor de no votar se fundamentan
en la ilegalidad de una elección convocada por la Asamblea
Constituyente, el evidente deterioro de condiciones electorales, la
convocatoria sobrevenida en una fecha inesperada tal como se hizo con
las elecciones de gobernadores y alcaldes, la inhabilitación de líderes
de oposición y partidos alternativos, incluida la MUD, las acusaciones
de fraude en contra del Consejo Nacional Electoral con motivo de la
totalización de votos para la elección de la Asamblea Nacional
Constituyente y en el caso de Bolívar, así como la decisión de
desconocimiento de estas elecciones de parte de un sector muy importante
de la comunidad internacional democrática.
El
dilema entre votar o no votar, como decíamos en nuestro anterior
artículo, puede colocarnos ante una disyuntiva improductiva que nada
abona a favor de la democracia y que solo contribuye a la estrategia de
fragmentación de lo que desde hace ya años es una clara mayoría
democrática, hoy dividida en múltiples minorías incapaces de hacer
frente a un régimen que perdió, de manera irreversible, su legitimidad
política en este nuevo esfuerzo por estabilizarse mediante su
autocratización. La cuestión real debe estar en cómo avanzar hacia la
democratización del país.
En
tal sentido, aunque es pertinente preguntar a quienes abogan por no
votar cuál es la estrategia que proponen, también resulta pertinente
preguntar cuál es la estrategia de quienes abogan por la
participación electoral en un proceso que no reúne las condiciones
mínimas necesarias. Qué se hará tras un fraude electoral cuya
consumación no depende de cambiar un pequeño porcentaje de votos el día
de la elección, sino que es un proceso que se inició desde la
destrucción progresiva de nuestra integridad electoral desde mucho antes
de llegar a esta elección.
Foto Runrunes
La
realidad es que aún con los bajos niveles de participación que esta
elección pareciera estar condenada a tener, ante el grave deterioro de
la situación económica y social, el oficialismo podría perder esta
elección, lo que no implicaría un escenario muy distinto al que vimos en
el caso del fraude contra Andrés Velásquez en Bolívar. Es posible que,
ante la pregunta sobre su estrategia, los candidatos que se mantienen en
la carrera electoral o sus cooperadores más cercanos comiencen a
responder a este artículo por Twitter, como ya lo han hecho en el
pasado, diciendo que tienen una estrategia, pero la estrategia no se
devela. A todos ellos vale la pena recordar que las incoherencias, así
como las promesas y expectativas que se crean en política tienen, para
bien o para mal, consecuencias.
Ante
estas dos posiciones extremas –la de una abstención que no hace nada
más que no votar y llamar a otros a no hacerlo, versus quienes llaman
solo a votar sin saber ni tener cómo responder al escenario de una
derrota electoral fraudulenta– el mayor daño político para los
ciudadanos que luchamos por reestablecer la democracia, la comunidad
internacional que nos acompaña en este objetivo y para nuestra nación,
se produciría en el escenario de una derrota electoral sin
consecuencias, con el reconocimiento y la cooperación de quienes hayan
insistido en sacar a la gente a votar a sabiendas de que no contaban con
una estrategia para ganar y defender la voluntad de quienes
participaron de buena fe. La consecuencia de ello sería la liquidación
de todo el actual liderazgo político democrático, que terminaría
cooptado por el régimen o neutralizado por la profundización de las
divisiones entre las diferentes oposiciones que, aunque coinciden en la
necesidad de demandar un cambio, hasta hoy han sido incapaces de
encontrar un camino común que los reunifique en su lucha por volver a
vivir en un país normal.
Ciertamente,
hoy no tenemos condiciones ni garantías electorales ni podemos esperar
que el régimen las otorgue voluntariamente el día de mañana. Cuando
hablamos de condiciones para participar no debemos referirnos a aquellas
que quienes gobiernan nos conceden a través del Consejo Nacional
Electoral u otras instituciones que no gozan de autonomía alguna, sino
de las que los demócratas deberían ser capaces de construir para
oponerse a la pérdida definitiva de la libertad y avanzar hacia la
redemocratización del país.
Lamentablemente, tales condiciones no existen hoy, aunque sí existe una conciencia colectiva que se ha venido formando
en torno a una visión común de país, por lo que la tarea esencial debe
centrarse en la construcción de aquellas condiciones que dependen del
sector democrático y no de quienes hoy mantienen el poder bajo
condiciones de equilibrio muy frágiles en las que no pueden permitirse
mayores riesgos.
El
20 de mayo no es el fin de la historia sino un capítulo más de un
proceso de autocratización progresiva en el que el régimen va dejando
atrás lo electoral, tal como lo conocemos hoy, para cambiar,
posiblemente a través de la Constituyente, las reglas de juego sobre la
legitimación política para pasar a esquemas más controlables y de menos
incertidumbre para un régimen que no puede continuar arriesgándose en
procesos electorales cuyos resultados pueden terminar sorprendiéndonos.
En este sentido, la apuesta del régimen es salir fortalecido del proceso
del 20 de mayo para poder emprender cambios, no democráticos, sino
orientados hacia su propia estabilización en el mediano y largo plazo.
Si
Maduro es declarado ganador del proceso del 20 de mayo y él o los demás
candidatos reconocen tal resultado como legítimo, mientras el resto del
sector democrático hace silencio, el régimen sale fortalecido y gana.
Si el proceso electoral del 20 de mayo se vuelve irrelevante y la
legitimidad de Maduro el día 21 no es distinta a la que tenía el 19 de
mayo, el régimen pierde. Este es el gran reto que la mayoría democrática
tiene ante sí de cara al 20 de mayo.
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