Un castillo en España
CARLOS TABLANTE
Las autoridades suizas, gracias a Papeles de Panamá, descubrieron otro caso de corrupción de Pdvsa. Con el titulo “Rusia monta con chavistas esquema para lavar dinero en paraísos fiscales”, un diario de Brasil divulgó los detalles de la investigación. El artículo fue traducido y difundido por nuestra web CuentasClarasDigital.org, entre otros, confirmando así otro trágico episodio del saqueo que ha sufrido Venezuela.
En pocas palabras, Pdvsa y Gazprombank – el banco de la gigante estatal rusa del gas, Gazprom, junto con el grupo de empresarios venezolanos Derwick, crearon una red de compañías en paraísos fiscales que realizaron sospechosas transferencias millonarias, ahora investigadas por Suiza y EEUU, por legitimación de capitales proveniente de la corrupción.
El modus operandi de la corrupción gubernamental es bien conocido: contratos de obras y servicios públicos otorgados a desconocidas e inexpertas compañías -casi siempre de maletín – que cotizan productos con sobreprecios – generalmente inapropiados, obsoletos, de segunda mano o que en ocasiones nunca llegan al país – de donde sacan ganancias obscenas y también los sobornos para los funcionarios que firman los contratos. Así funciona el esquema ilegal e inmoral que ha dejado sin dólares a Venezuela.
El asalto a los recursos públicos no podría concretarse sin la complicidad de miembros de la comunidad financiera internacional. Los dólares ilegítimos necesitan ser depositados o transferidos a bancos, mientras más lejanos mejor para los saqueadores. Es lo que se llama lavado de dinero o legitimación de capitales, el término legal en nuestro país. Por ley, la banca global debe prevenir ser utilizada para esos fines y por ello tiene una serie de programas y procesos.
No es una tarea fácil para quienes tratan de cumplir con la normativa. Por supuesto, hay operadores financieros y bancos que no solo permiten la legitimación de capitales, sobre todo si el cliente tiene cuentas millonarias, sino que participan del delito. Decenas de esos bancos “malos” han sido multados por las autoridades y varios de ellos han tenido que cerrar sus puertas como Banca Privada de Andorra – y su sucursal Banco de Madrid – favorito de la red de corrupción que se creó en Pdvsa en los diez años del mandato de Rafael Ramírez.
Derwick y otras empresas han seguido operando libremente a pesar de haber sido denunciadas durante años en investigaciones periodísticas de acuciosos reporteros venezolanos.
Con el poder que otorgan las inmensas fortunas malhabidas, los contratistas boli-burgueses han evitado procesos legales en el país y han tratado de bloquear las averiguaciones de autoridades internacionales, pagando poderosos bufetes de abogados en EEUU y Europa, con el dinero de todos los venezolanos.
En un Estado delincuente como el que tiene Venezuela ahora, solo las denuncias periodísticas de los pocos medios independientes que sobreviven – mas que todo en Internet – alertan sobre el asalto a los recursos públicos. Por ello enfrentan amenazas, acoso, ataques cibernéticos, multas millonarias, cárcel y exilio, como es el caso – entre muchos otros – de La Patilla, Tal Cual, El Nacional, Armando Info, El Correo del Caroní, La Razón, El Carabobeño, El Impulso, Infodio, El Pitazo, y CuentasClarasDigital.org, en nuestro caso por la denuncia sobre corrupción en CASA y el ministerio de Alimentación en la importación de alimentos. Todo ello sin entrar en detalles sobre el sospechoso origen del dinero con el que se han comprado importantes medios de comunicación, como por ejemplo, El Universal, Últimas Noticias y Globovisión.
Esta semana se confirmó que Diosdado Cabello perdió la apelación que había realizado en la demanda por difamación contra el diario estadounidense The Wall Street Journal. La Corte de Apelaciones ha ratificado que Cabello ha quedado desarmado para desmentir que es investigado por Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y lavado de dinero. El juzgado halló como incomprensibles los argumentos de la defensa de Cabello. Sin embargo, en los tribunales de Venezuela continúan sus demandas contra medios, directivos y periodistas, por el mismo caso.
Hoy se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera de España investiga a Derwick por lavado de dinero en la compra del castillo El Alamín (Toledo) por 22,8 millones de euros, dinero que salió directamente de los fondos de Derwick Associates, uno de los principales contratistas que se benefició de la emergencia eléctrica decretada por Chávez en 2010.
Tan pronto se produzca el cambio político que la mayoría de los venezolanos desea, el Estado deberá iniciar el proceso de recuperar los bienes robados a la nación. No será fácil ni rápido, pero estamos seguros de que con la legislación que ya ha adelantado nuestra Asamblea Nacional y la cooperación internacional, el país podrá recobrar gran parte de los recursos saqueados, entre ellos, muy probable e insólitamente, un castillo en España.
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