Marta de la Vega
Análisis recientes acerca de la
situación desastrosa a la que ha conducido el país un gobierno autoritario,
incapaz de dar respuesta oportuna, eficiente y planificada a ninguna demanda
social mayoritaria ni de cumplir las obligaciones que tiene un Estado con sus
ciudadanos muestran que la huida de refugiados y migrantes ha permeado las
fronteras de los países vecinos, en especial Colombia y Brasil y en menor
medida, Ecuador.
Las secuelas de violencia, crimen,
epidemias y colapso de servicios asistenciales e infraestructura en las
poblaciones de las áreas limítrofes que acogen el éxodo masivo de venezolanos
en condiciones más que precarias y sin respaldo, comienzan a exacerbarse.
Explotación de carácter laboral y sexual, chantajes, xenofobia, incremento de
delitos y aumento de la inseguridad no impiden, por supuesto, la solidaridad
generosa en el extranjero, con frecuencia por iniciativa de venezolanos que se
hallan en tierra ajena.
Pero la insuficiencia de los recursos que demanda a los gobiernos
vecinos la asistencia humanitaria exige como prioridad el apoyo internacional.
Colombia, por ejemplo, está en un
proceso de paz crucial y frágil que requiere la concentración de recursos muy
importantes en los programas de reinserción, entrenamiento laboral y
movilización de poblaciones que fueron desplazadas por la violencia del
conflicto interno. La emergencia provocada por la implosión social y económica
de Venezuela para atender el flujo incesante de personas procedentes de la república
bolivariana pone en peligro el alcance de las políticas de Estado derivadas de
los acuerdos de paz.
Ecuador ha visto recrudecer la acción
terrorista y criminal de grupos alzados disidentes de las FARC que han decidido
no someterse a dichos acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos y se han
refugiado más allá de la frontera colombiana y convertido en bandas de
delincuentes dispuestos a la peor barbarie si es necesario para mantenerse en
armas contra la institucionalidad democrática.
En Brasil ha habido intentos
sistemáticos de cerrar la frontera en las ciudades limítrofes para minimizar la
anarquía que resulta de la llegada sin control de refugiados provenientes de
Venezuela. Por consiguiente, no es suficiente el apoyo sino la presión externa
que urge que sea cada vez más fuerte para imponer sanciones al gobierno de
Maduro y sus principales funcionarios. Estos no solo han usurpado hoy el mando
sino que ejercen una represión sostenida y brutal para aferrarse a este y han
destruido la economía y el tejido social con improvisación, políticas erráticas
y equivocadas en todos los ámbitos de la vida nacional. No se salva ni un solo sector.
La corrupción y falta de escrúpulos de
funcionarios del más alto nivel han puesto a Venezuela como Estado forajido y
delincuente que forma parte vital del crimen internacional organizado. La coca,
por ejemplo, procedente de Colombia, pasa por Venezuela en más de un 40% según
datos del criminalista y comunicador social Javier Ignacio Mayorca, y el país
se ha convertido en refugio de mafias y corredor seguro para evacuar la droga
hacia Europa y Estados Unidos principalmente, a través de Centro América y
África.
Preguntarse qué se debe hacer no es
suficiente. La coalición liderada por el grupo de países de la región
denominado el Grupo de Lima no ha logrado detener el proceso electoral
fraudulento impuesto por Maduro para reelegirse ni una concertación sólida que
sirva de barrera a los abusos de poder y a la violación impune hasta ahora de
los derechos humanos más elementales de quienes sufren en Venezuela el peso de
la indiferencia y desidia de la camarilla mafiosa militar civil que maneja
tiránicamente y en función exclusiva de sus intereses particulares el destino
de la república.
No se puede resolver esta tragedia
humanitaria y política sin negociaciones que trasciendan al gobierno y a la
oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática, principalmente de
partidos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil y organismos
multinacionales de alcance mundial deben participar para que no se repita el
fracaso de las conversaciones recientes en República Dominicana. Si no se
revierte esta crisis, el horror que se avecina va a llegar destructoramente y
sin atenuantes.
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