Frente a las protestas, iniciadas por los estudiantes en contra de la inseguridad y de la gravísima crisis socioeconómica, el gobierno ha reaccionado con una represión desmedida que ha producido dos decenas de víctimas mortales, centenares de heridos y detenciones arbitrarias. La represión implica la acción conjunta y a veces coordinada de fuerzas policiales y militares con la de grupos civiles armados, cuya actuación es muy similar a las de las S.A. nazi, las Camisas Negras fascistas y las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) castristas. Algunos sectores minoritarios de la oposición desesperados por la situación socioeconómica y por la misma represión han optado por la llamada "guarimba", que consiste básicamente en construir barricadas en las calles e impedir el paso de vehículos. Este tipo de protesta que se da mayoritariamente en sectores de clase media es claramente contraproducente y parece que cada vez más está promovida por infiltrados del régimen y el G2 cubano, actuando básicamente desde las redes sociales. En efecto, la guarimba divide a la oposición, enfrenta a vecinos, impide el trabajo a personas de los sectores populares empleados en las urbanizaciones de clase media, pero sobretodo le sirve al gobierno para confundir a la opinión pública nacional e internacional sobre quiénes son los promotores de la violencia asesina y las causas de la escasez de productos básicos.
Frente a esta grave situación, toda la comunidad internacional, con sus diferentes matices y posiciones, ha coincidido solamente en el mensaje de llamar a un necesario diálogo entre los venezolanos. Por eso el gobierno ha reaccionado con un improvisado proceso, calificado de "conferencia de paz", en el cual el gobierno, sentado en un presídium, escucha y comenta los discursos de personas, algunas representativas, como las del sector empresarial, que no podían faltar para ver si logran hacerle entender al gobierno la magnitud de la crisis económica que enfrentamos. Otras en cambio no representaban a nadie. Hubo discursos inteligentes y bien intencionados, otros poco serios, el todo en el marco de una asamblea desordenada y sin agenda, que me recuerda las interminables y casi siempre inútiles asambleas de mis años universitarios. Lo que debe entender el régimen es que el diálogo necesario debe ser con el liderazgo político, por el cual votó la mitad del pueblo en las elecciones presidenciales, que Maduro ganó con apenas el 1,5% de ventaja, según los discutibles cómputos oficiales y en el marco del más abusivo ventajismo oficial. Ese diálogo tiene unas condiciones previas que son la liberación de los presos políticos, empezando obviamente por Leopoldo López, de los estudiantes detenidos en las manifestaciones y la selección de un mediador nacional o internacional. Requiere también de una agenda, que debería empezar por la elección con las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución, de los rectores del CNE, de los magistrados del Tribunal Supremo, del Contralor, del Fiscal y del Defensor del Pueblo. La dirigencia de la Unidad debe hacer un esfuerzo particular para informar y explicar a la comunidad internacional que lo que está exigiendo la oposición democrática es que el respeto retórico de la Constitución que el gobierno manifiesta se concrete realmente en su conducta.
El sector de la oposición más desesperado debería entender que todavía no están dadas las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas sociales y políticas que permitan una salida inminente del régimen. La protesta pacífica debe continuar, pero organizada y administrada por la Unidad. Sin comando único, sin organización y sin disciplina no hay acción política eficiente, sólo anarquía e ingenuidad política, que terminan en fracaso y frustración. Los tiempos de la historia no son cortos, la lucha es larga y el trabajo prioritario es seguir trabajando política y capilarmente en los sectores populares para terminar de construir una sólida mayoría, sin la cual ninguna salida es posible.
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