SILVIA AYUSO
“La protesta es un derecho básico y lo que se esperaría es que, en un
entorno democrático, la preocupación de la policía sea cómo
garantizarlo, no como contenerlo o reprimirlo”, sostiene el secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Emilio Álvarez Icaza.
Pero las imágenes de represión de manifestaciones que se repiten desde las calles de Caracas, São Paulo o Ferguson
no reflejan este principio. Como tampoco lo hacen las numerosas
iniciativas legislativas que en los últimos años se han multiplicado en
países como Ecuador, México, Brasil, Chile o Colombia para reglamentar,
reprimir por la fuerza las protestas públicas o criminalizar a los
ciudadanos que salen a la calle a reclamar a sus gobiernos. Así lo
denunciaron este lunes más de una veintena de organizaciones civiles de
todo el continente durante una audiencia de la CIDH centrada en analizar
la “protesta social y derechos humanos en América”.
“Existe la tendencia al aumento del poder punitivo del Estado en
materia de seguridad y orden público mediante la promoción de normas que
apuntan a prohibir o aumentar las sanciones contra conductas
relacionadas al ejercicio del derecho a la manifestación”, denunció
Rafael Uzcategui, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Se ha llegado al extremo, recordó, de tipificar como delitos “acciones
que forman parte de la cultura histórica del movimiento popular de
protestas en América Latina, como el corte de vías o cierre de calles”.
Uzcategui evocó en la CIDH el reciente suicidio del preso político venezolano Rodolfo González,
que se quitó la vida en la celda en la que llevaba casi un año recluido
acusado de coordinar la logística de las protestas iniciadas en febrero
de 2014. Un caso, sostuvo, que constituye un ejemplo del “uso irregular
de la justicia para inhibir las protestas”.
Se trata de un fenómeno extendido, subrayaron los activistas. El presidente Juan Manuel Santos ordenó la militarización de Bogotá
en agosto de 2013, tras unas protestas en apoyo a una huelga campesina
que dejaron dos muertos y más de un centenar de heridos. Un año después
de las protestas venezolanas que dejaron 43 muertos, fallecía el adolescente Kluiver Roa de un balazo en otra manifestación en el Estado de Táchira. El presidente estadounidense, Barack Obama, se ha visto obligado a ordenar una reforma de las prácticas policiales
tras las denuncias de discriminación racial y excesiva militarización
de los agentes de la ley que revelaron las protestas de Ferguson,
Misuri.
“Hay una práctica extendida en todo el continente de uso
desproporcionado de la fuerza en la protesta social”, resumió Gastón
Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.
Su organización unió su voz a la petición formulada este lunes para que
la CIDH elabore unos “estándares” sobre la participación de la fuerza
pública en las protestas sociales y haga un seguimiento de su
cumplimiento.
Álvarez Icaza reconoció en declaraciones a EL PAÍS que este tema es
de “enorme preocupación” en el organismo que dirige. La audiencia
temática celebrada sobre este asunto constituye, indicó, un “acuse de
recibo” de esta preocupación “no solo desde el punto de vista del uso de
la fuerza, sino como parte de las garantías democráticas en materia de
libertad de expresión y derecho de asociación”.
“Se están detectando patrones de abuso de la fuerza, de abuso de
armamentos letales y no letales, de agresiones”, lamentó. Y en el
trasfondo de este asunto hay, advirtió, una discusión sobre la manera de
“entender las instituciones de seguridad como parte de las
instituciones de la democracia”. Es ahí, añadió, donde se detectan aun
hoy en día “herencias e inercias de regímenes autoritarios”. El
“desafío” de la respuesta del Estado a las protestas sociales no es con
todo exclusivo de América. También se ha dado en Europa -ahí está la “ley mordaza” del Gobierno español- o durante la Primavera Árabe, recordó.
“Las democracias tienen que dialogar de mejor manera con la forma en
que los ciudadanos expresan su malestar”, subrayó el jefe de la CIDH.
Las protestas sociales “no pueden entenderse como una amenaza a los
gobiernos o a la gobernabilidad, tienen que entenderse como una
condición sine qua non de un régimen democrático”.
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