ELSA CARDOZO
A la situación de Venezuela, sin duda, le calza muy bien lo de inusual y extraordinaria.
Los
dos adjetivos llegaron asociados a la consideración de Venezuela como
amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ahora, a poco más de una
semana de la orden ejecutiva con la que el presidente Obama activó las
sanciones por corrupción y violación de derechos humanos contra siete
funcionarios del gobierno venezolano, la conjunción del aliento a la
confrontación militar y la difusión de datos alarmantes ha contribuido
desde uno y otro extremo del espectro político a colocar esa orden y
nuestra situación en su justa dimensión.
Por aquí no cesa el
discurso oficialista lleno de deliberadas incongruencias, con llamados a
la guerra y a la paz, identificación de enemigos internos y clamor por
la unión, descalificaciones del presunto invasor mientras se invoca la
voluntad de dialogar.
En el vecindario, la mayoría de los
gobiernos cree poder aprovechar las circunstancias para sus particulares
reacomodos nacionales y hemisféricos comenzando, naturalmente, por el
de Cuba. Así fue como la Unasur, en el menos difundido de sus dos
comunicados del domingo pasado, no pudo evadir el tema de nuestra crisis
política con un llamado al “más amplio diálogo político con todas las
fuerzas democráticas venezolanas, con el pleno respeto al orden
institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho”. La Alianza
Bolivariana, convocada a una cumbre extraordinaria en Caracas, difundió
una declaración que “exige el cese inmediato de hostigamiento y
agresión” de Estados Unidos pero, al ritmo del son cubano, sus socios
presentaron la “solicitud soberana y sincera al gobierno de Estados
Unidos para acoger y establecer un diálogo con el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela como alternativa al conflicto y a la
confrontación”, para lo que en plan conciliador se propusieron como
facilitadores junto a otros acuerdos regionales.
Venezuela fue
objeto de atención mucho más seria en las audiencias de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, aunque una vez más el agente del
Estado descalificó el amplio espectro de denuncias rigurosamente
documentadas en materia de protesta social y derechos humanos, libertad
de expresión, derechos humanos de la comunidad sexodiversa, derechos
económicos, sociales y culturales, presentadas por respetables
organizaciones no gubernamentales. Está allí, en ese conjunto de
denuncias y en la reiterada negación a recibir comisiones de la CIDH –o
de la Cruz Roja, como sugirieron los cancilleres de la Unasur– la
esencia de lo inusual y extraordinario de la crisis venezolana. Es así
en un vecindario en el que no es frecuente ni común que se acumulen
tantas violaciones de todos los derechos humanos, que se multipliquen
tan grandes escándalos de corrupción mientras reina tan groseramente la
impunidad, que se destituya a congresistas y se aprese a funcionarios de
elección popular sin el debido proceso, que se sofoque a los medios de
comunicación independientes y se designen miembros de los poderes
públicos incumpliendo las previsiones constitucionales. Todo eso y más.
Mientras
el gobierno se atrinchera con su Ley Habilitante Antiimperialista entre
gritos de guerra y la descalificación de denuncias y críticas, lo de
inusual y extraordinario no debe olvidarse, ni entre los venezolanos ni
entre los amigos del vecindario francamente preocupados por una solución
pacífica e institucional de nuestra crisis.
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