Pedro Luis Echeverria
Transcurren los días, la represión aumenta y se perfeccionan
y profundizan, la crueldad oficial y los métodos y mecanismos para ejercerla.
Aumentan los números de las víctimas fatales, los lesionados, los torturados y
los detenidos ilegalmente a los que no se les reconoce el derecho al debido
proceso; impunemente los grupos armados e irregulares auspiciados, protegidos y
financiados por el gobierno incrementan la virulencia de los ataques a las
personas, a la propiedad privada y a las pertenencias ajenas. Se inventan
tenebrosas conspiraciones nacionales e internacionales supuestamente orientadas
a desestabilizar al régimen. Mienten exhaustivamente y ocultan las cifras de
desempeño económico, pretendiendo vender un utópico país que está muy lejos del
horror en que vivimos los ciudadanos. Tratan de infundir miedo, mediante la
escandalosa manipulación de las leyes y la institucionalidad para acusar,
acosar y calificar de enemigo, sin recurso de apelación, a todo aquel que
profesa ideas y valores diferentes de lo que el oficialismo totalitarista asume
como el bien común. Crean una alharaca,
sin lógica ni fundamentos, sobre el significado de la Orden Ejecutiva del
Presidente Obama, adoptada para sancionar a siete funcionarios venezolanos
vinculados con delitos de violación de los derechos humanos y lavado de dinero.
Manipulan a las masas de sus seguidores exacerbando sus peores instintos,
creando así una avalancha de odios hacia la disidencia que nadie parece capaz
de detener. Actúan, con gran complicidad e impunidad, para permitir el repunte
de una de las lacras sociales que más daño causa a una sociedad: la corrupción;
al extremo que el afán de enriquecerse en el menor tiempo posible que domina a
sus validos, sean éstos políticos, militares, comerciantes o figuras más o
menos públicas, ha generado, entre ellos, confrontaciones de diversa índole.
En síntesis, el régimen ha tratado por todos los medios a su
alcance y con el poder totalitario del Estado, aplastar la voluntad de cientos
de miles de personas, tratando de potenciar su sumisión y la desaparición del
ansia de libertad que es la condición esencial de los seres humanos. El
gobierno irresponsablemente asume el rol de feroz contendiente, en lugar de
abrir, mediante acciones políticas contundentes y veraces, los caminos para el
entendimiento y la paz; los cierra a través de un discurso altanero y
desconsiderado en el cuál campean intentos de dominación gubernamental a la
sociedad, perversas órdenes de
incremento y profundización de la
represión, falsedades, descalificaciones y violaciones a las leyes. A pesar de ello, la fuerza de la protesta crece, persevera, se mantiene, se
reinventa y se extiende a diversas ciudades y sectores sociales. Es una suerte
de loca espiral en donde se confrontan la violencia oficial y la resistencia
heroica, una y otra vez, sin que la balanza de resultados de la pugna favorezca
claramente a ninguna de las partes involucradas.
A pesar de los diarios enfrentamientos con una
parte importante de la población y la inminencia de un proceso electoral, el
régimen no ha cedido un ápice a las justas demandas de la disidencia,
condiciones mínimas éstas, que facilitarían la posibilidad de mantener
conversaciones, con eficacia política, sobre la forma de abordar conjuntamente
las soluciones a la terrible situación que vive el país en todos los órdenes.
No es posible iniciar un proceso de desarrollo sustentable
cuando las causas y cicatrices de la
contienda no han sido resueltas y sanadas. Después de esta fase de horror y
abusos de los derechos humanos como la que estamos viviendo y para la que no se
vislumbra su tiempo de terminación, nuestra sociedad requiere la reconstitución
de su tejido social asegurando la convivencia mediante procesos de
entendimiento sostenibles en el largo plazo. Pero ese camino está repleto de
escollos.
Promover un diálogo, supone: la edificación institucional de
la democracia y el estado de derecho;
contar con instituciones políticas y judiciales respetadas y creíbles
para la administración y solución de conflictos por vías no violentas; llegar a
un consenso sobre lo que no es aceptable promover y los medios que resulta
inaceptable emplear para proteger intereses por legítimos que sean. Todo eso
supone la aplicación de un enfoque multilateral del ejercicio de la justicia en
el proceso de cambio en el que estamos envueltos. Se debe privilegiar la
actitud reflexiva sobre lo emocional. Sin ello, la paz es apenas el interregno de una inacabada espiral cíclica
de conflicto y violencia. Si bien la resolución de los conflictos se encamina
en el corto y mediano plazo a llegar a arreglos que satisfagan mínimamente las
demandas de los contendientes, la transformación del conflicto supone atender y
dar solución a los problemas estructurales y culturales profundos que le dieron
vida y restablecer el tejido de convivencia social que ha sido roto durante los
últimos cinco lustros.
Vivimos una nueva era, “el madurismo” emite los últimos
estertores de su agonía pero, el régimen continúa anclado en viejas doctrinas que le impiden
ver cómo es que es la realidad que lo
circunda. La revolución que necesitamos
es la de nuestro pensamiento. Sólo una transición hacia un nuevo paradigma de
desarrollo democrático, capaz de administrar y resolver los conflictos de
manera institucional, honesta y no violenta, podrá dar respuesta a los anhelos
de paz de la sociedad venezolana.
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