Sadio Garavini di Turno
Cuando el presidente Obama declara “una emergencia nacional por
una inusual y extraordinaria amenaza” proveniente de Venezuela parece un
exabrupto poco serio, en realidad se trata de una fórmula jurídica necesaria
para activar las atribuciones legales que permiten al Ejecutivo de
Estados Unidos aplicar sanciones contra unas personas o un país, más
allá de lo aprobado por el Congreso. Esta
fórmula jurídica ha sido utilizada frente a Zimbabwe, Sudan, Birmania, Corea
del Norte, entre otros, y no hubo ninguna invasión militar. En el caso de
Venezuela las sanciones anunciadas son contra siete funcionarios, seis
militares y una fiscal, por violaciones a los derechos humanos de manifestantes
pacíficos y líderes de la oposición venezolana. Las sanciones consisten en impedir el ingreso a los EEUU y
el congelamiento de sus cuentas en bancos norteamericanos y el secuestro de sus bienes en EEUU. Por
tanto, si los sancionados no tienen bienes de fortuna en ese país ni tienen
interés de visitar Miami o Nueva York, las sanciones son bastante inofensivas.
Además los sancionados pueden, si lo desean, apelar en el sistema legal
norteamericano. Ahora bien, hay que subrayar que las sanciones no son en contra
del país, si lo fuesen, como en el caso de Irán, lo primero que haría EEUU sería
suspender la compra de petróleo venezolano y también la exportación de una
lista de productos a Venezuela. Recordemos que EEUU sigue siendo el principal
socio comercial de Venezuela, el primer importador de petróleo venezolano y
además el único que paga en efectivo.
El gobierno Maduro, en cambio, está
utilizando su enorme aparato
propagandístico para denunciar, interna
y externamente, que las sanciones son en contra de Venezuela y que anticipan
una inminente acción militar. Recordemos que, según todas las encuestas
serias, el apoyo al gobierno ha caído alrededor del 20%, por el fracaso de un modelo socioeconómico, basado en ideas
muertas y que no sólo no crea riqueza sino ni siquiera distribuye con justicia
la pobreza. Maduro frente a la considerable reducción del apoyo popular y la
grave crisis socioeconómica ha optado por un aumento de la represión de la
protesta, la persecución del liderazgo opositor, la intimidación, la censura y
el acoso a los medios de comunicación independientes. Por tanto, la denuncia y magnificación de la agresión
“yankee” le sirve al gobierno como cortina de humo para tratar de distraer la
atención del desastre socioeconómico y
de los numerosos escándalos de corrupción y narcotráfico de los funcionarios
del régimen, como el reciente
descubrimiento del lavado de US$2000 millones de PDVSA en el banco BPA
de Andorra. También es evidente la intención del gobierno de utilizar la excusa
de la supuesta agresión norteamericana para
justificar la persecución y el
encarcelamiento del liderazgo democrático acusándolos, entre otras cosas, de
traidores de la patria, para eso se aprueba una ley que habilita al presidente
Maduro para legislar hasta en materia penal. Es evidente
el falso nacionalismo del gobierno, si de verdad quisieran defender la
soberanía nacional deberían abandonar la pasividad frente a Guyana y ocuparse
de defender la fachada atlántica y nuestros derechos en la reclamación de la
Guayana Esequiba. Finalmente, frente al aumento de la represión del gobierno,
el fortalecimiento de la unidad de la alternativa democrática es indispensable
y la comunidad democrática internacional debe mantener activamente la denuncia y la vigilancia. “Vigilia pretium
libertatis”
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