Pedro Palma
Ante el
desborde inflacionario que padecemos, es muy válido que nos preguntemos cómo se
puede atacar y abatir ese flagelo que tanto daño está causando a los
venezolanos. La respuesta la podemos conseguir indagando qué hicieron otros
países de la región para doblegar los graves problemas inflacionarios que
padecieron hasta años recientes, varios de ellos mucho más graves que el
nuestro. Lo primero fue imponer disciplina fiscal y monetaria, eliminando la
práctica de incurrir en situaciones de exceso de gastos sobre ingresos que
obligaban a los gobiernos a endeudarse masivamente, y eventualmente a acudir al
prestamista de última instancia, es decir, al banco central, para que
financiara los enormes déficits a través de la creación recurrente y creciente
de dinero inorgánico, lo cual se traducía en grandes y sostenidas expansiones
de la oferta monetaria.
Eso se
logró a través de la imposición de limitaciones al gasto público, del control
efectivo del uso de los recursos, de esfuerzos para incrementar la eficiencia
del gasto, y del desarrollo de estructuras eficientes de recaudación
tributaria. Paralelamente, se instauró y respetó la autonomía de los bancos
centrales, organismos que no solo volvían a tener la potestad de negarse a
financiar gasto público deficitario, sino que establecían metas anuales de
inflación, y se les daba la autoridad para establecer acciones e implementar
políticas orientadas al logro de esos objetivos.
Otra gran
acción se centró en el estímulo de la oferta a través de incentivos a la inversión
reproductiva, con lo que se busca no solo incrementar la cantidad de bienes y
servicios que se producen o prestan, sino también diversificar la producción
con el fin de ampliar la gama de productos que se ofrece. Ese objetivo lo han
logrado a través de incentivos financieros, fiscales y de otra índole, así como
a través de la preservación del Estado de Derecho y la independencia de los
poderes públicos, fundamental para la generación de confianza. Esa mayor
inversión también ha permitido la modernización de las fábricas y de los
centros de prestación de servicios, haciéndolos más eficientes y productivos,
lo cual redunda en una reducción de sus costos medios y en un incremento de la
producción y de la productividad. Esto, a su vez, se traduce en una mayor
competitividad y en una moderación de los precios. Esa mayor inversión no
solo debe centrarse en el capital físico, sino también en el humano, ya que sin
personas preparadas y bien formadas es muy poco lo que se puede avanzar en el
logro de esa necesaria mayor eficiencia productiva.
También
fue clave el desmantelamiento de los excesivos controles y regulaciones, que
impedían el funcionamiento racional de los mercados y la óptima asignación de
los recursos. La imposición de controles de precios que no toman en
consideración la evolución de los costos, las limitaciones al acceso de divisas
a través de controles cambiarios, las obligaciones acerca de los productos y
volúmenes que se pueden producir y la imposición de otros controles
distorsionadores, lo que generan son limitaciones de la oferta y,
consecuentemente, presiones alcistas de los precios.
De la
lectura anterior puede inferirse que lo que está sucediendo en Venezuela es
algo diametralmente opuesto a lo que debe hacerse para abatir la inflación. El
descomunal y creciente déficit público, su financiamiento masivo por el BCV con
dinero inorgánico, el hostigamiento gubernamental a la actividad económica
privada, la imposición de controles desproporcionados de precios, de producción
y de otra índole, la imposibilidad de acceder a las divisas, las enormes deudas
acumuladas con los proveedores externos, la supina ineficiencia de las empresas
manejadas por el Estado, y las limitaciones para importar, lo que nos indican
es que, mientras las cosas sigan así, lo que tendremos es una altísima y
creciente inflación. Insólito que nos neguemos a aprender de las exitosas
experiencias de nuestros vecinos.
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