Emilio Nouel V.
Al
evaluar en su justa medida la decisión adoptada por el ejecutivo de EEUU
respecto de un grupo de funcionarios del gobierno venezolano, valdría la pena
comparar el decreto de Obama con uno de Bill Clinton; sobre todo, porque las
expresiones utilizadas han alarmado a muchos en el caso de nuestro país, hasta
el punto de que las catalogan de exageraciones, con lo cual dan la impresión de ue no leyeron bien el decreto en cuestión.
Lo
primero que hay que decir porque algunos parecen no comprenderlo, es que la
medida se refiere a “la situación en
Venezuela”, no a Venezuela y sus ciudadanos en su conjunto. Claro, el
común, e incluso algunos no tan comunes, no captan este “pequeño” matiz y
terminan creyendo o percibiendo que se trata de una sanción al país, y en ello
los medios interesados y los que no lo están, los del país y lo del extranjero,
contribuyen al error de percepción.
Lo
cierto es que quedó en la opinión la impresión de que Venezuela fue sancionada
por constituir una amenaza a la
seguridad de EEUU.
A los
fines, repito, de valorar el asunto es útil recordar un acto de Bill
Clinton en el que se echa mano de una similar expresión.
El 21
de Octubre de 1995, él emitió una resolución (“executive order”), mediante
la cual bloqueaba activos y prohibía transacciones a traficantes de
drogas colombianos muy importantes.
El
sustento legal de tal medida fue la Ley
de poderes económicos por emergencia internacional (International Emergency Economic Powers Act de
1977).
En el decreto de Clinton se podía leer: “Yo, William J. Clinton, Presidente de los Estados Unidos de América,
considerando que importantes traficantes extranjeros de drogas ubicados en
Colombia, y que la enorme violencia, corrupción y daño que ellos causan a EEUU
y en el exterior, constituyen una
amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior
y la economía de EEUU, declaro
una emergencia nacional para enfrentarla”.
Para aquel entonces no recuerdo que haya causado el
revuelo que hoy causa en Venezuela y en la región, la expresión “amenaza
inusual y extraordinaria”. De lo que
se trataba era de perseguir unos delincuentes, los traficantes de drogas, que
han causado en Colombia y fuera de ella violencia, corrupción y daño. Nadie se
rasgó las vestiduras al leer el texto en cuestión. Ningún presidente
latinoamericano o político, colombiano o no, levantó su voz para decir que el
narcotráfico guerrillero y terrorista no fuera una amenaza a la paz y la
tranquilidad de Colombia o de EEUU. O que la medida fuera unilateral o
violadora del principio de no injerencia en los asuntos internos de ese país.
El texto reciente que involucra a nuestro país es el siguiente: “Yo, Barack Obama, Presidente de los Estados
Unidos, considerando que la situación en Venezuela, incluida la erosión
de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la
persecución de opositores políticos, las restricciones a la libertad de prensa,
el uso de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, y los
abusos como respuesta a las protestas, arrestos y detenciones arbitrarias, así
como la exacerbada presencia de una significativa corrupción pública, constituyen una amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU,
declaro una emergencia nacional para enfrentarla”.
Obviamente, aunque parte de la fundamentación legal
sea igual, la motivación es diferente. En nuestro caso, se trata de sanciones a
violadores de los derechos humanos y corruptos (lavado de dinero de la
corrupción y del narcotráfico) que, según el Congreso y el gobierno de Obama,
estarían atentando contra la seguridad de EEUU. Este dispositivo legal sólo
tiene ámbito de aplicación en el
territorio estadounidense.
Y preguntamos: ¿No son los violadores de los
derechos humanos también delincuentes como los narcotraficantes colombianos,
según lo establecen los tratados internacionales sobre la materia? ¿O es que
acaso el irrespeto a sagrados principios constitucionales, como la separación y
autonomía de los poderes, el debido proceso, el no uso de la violencia contra
manifestantes opositores, la prohibición de la tortura, no son hoy una realidad
inescapable en nuestro país?
EEUU, como cualquier otro Estado, tiene todo el
derecho soberano para perseguir dentro de su país a quienes considere
delincuentes que atenten contra su seguridad pública o financiera.Tiene la
potestad de impedir que fondos provenientes de actividades ilícitas ingresen a
su sistema bancario o sean invertidos en su juridicción.
Ciertamente, la rotunda expresión usada en la ley
norteamericana, a cualquier desprevenido o desconocedor del sistema legal de
ese país, lo alarma. Particularmente, cuando se obvia un matiz tan importante
como es el de que no se persigue a todo un país sino a unas personas que se
considera incursos en delitos de lesa humanidad. Tampoco debe creerse que con el decrero en cuestión EEUU esta dejando de comerciar con Venezuela o pretende invadir o
hacerle la guerra.
El texto transcrito de Clinton de 1995, es, mutatis mutandi, el mismo que el de Obama veinte años después.
Lo que pasa es aquel se refería a narcotraficantes
y el de ahora a responsables de violaciones a los DDHH. Dos delitos
tipificados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
Otra cosa es que EEUU no tenga el poder de dos
décadas atrás, lo cual puede tener que ver con la reacción sobresaltada de
ahora. O que quizás considerar al narcotráfico como amenaza a la seguridad de
un país sea aceptado con mayor comprensión que la conculcación de los DDHH.
Lo cierto es que en Venezuela se están pisoteando
estos derechos a diario, sin que la mayoría de los organismos
internacionales que están llamados a velar por ellos y protegerlos haya movido
un dedo. UNASUR es un ejemplo.
Esta indiferencia me recuerda mucho la conducta de
los países europeos que estaban viendo en su entorno las matanzas y la "limpieza étnica" que perpetraban en Bosnia y no hacían nada por frenarla. Y ya sabemos
quién fue el que tuvo que poner fin a tal horror.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
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