Grupo La Colina

Resaltan incumplimientos de obligaciones internacionales

JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL

domingo 27 de marzo de 2011

Por salir en la foto y no quedar mal. Esta parece ser la actitud de las autoridades venezolanas frente a los acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, pues aunque ha suscrito la mayoría no ha adoptado las medidas para que sean aplicados por los tribunales nacionales.

La denuncia la formuló la organización Control Ciudadano en el informe que esta semana envió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos del organismo en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que será sometida el país este año para determinar el grado de cumplimiento de las garantías fundamentales.

En el reporte, la agrupación mencionó algunos ejemplos de esos incumplimientos. Recordó que el 17 de julio de 1998 Venezuela fue uno de los 139 países que votó a favor de crear la Corte Penal Internacional y que pese a que el 7 de junio de 2000 fue el primer Estado iberoamericano en ratificarlo a la fecha no ha adoptado ninguna medida para hacerlo valer internamente ni ha establecido tampoco ningún tipo de cooperación en materia de entrega de personas, aportación de documentos, realización de pruebas o ejecución de fallos con ese organismo ubicado en Holanda.

Al contrario, Control Ciudadano recordó que el Gobierno venezolano, comenzando por el propio presidente Hugo Chávez, fue uno de los pocos en el mundo que cuestionó la decisión de la Corte de ordenar la captura del mandatario de Sudán, Omar Al Bachir, quien está acusado de genocidio.

"Es un adefesio jurídico y un atropello político no sólo para Sudán, sino para todos los pueblos del tercer mundo", afirmó el Jefe del Estado en 2009.

De la misma manera denunció que Venezuela no ha acatado la Convención contra las minas antipersonales de 1997, aunque se le han dado dos prórrogas para destruir los más de mil artefactos de este tipo que fueron ubicados en la frontera con Colombia.

También informó la situación de desacato en la que se encuentra el país frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo creado por la Convención Americana y al que el país se adhirió en 1977. En 2009 el juzgado con sede en San José (Costa Rica) le ordenó modificar la legislación militar para que los tribunales castrenses solo conozcan los delitos cometidos por uniformados activos.

En febrero pasado El Universal publicó un trabajo donde reportó que de los 10 fallos dictados por esa instancia sobre Venezuela en los últimos 15 años, el país solo ha cumplido parcialmente dos.