MALEN AZNAREZ
Ensaf Badawi, mujer del bloguero Raif Badawi, condenado en Arabia
Saudí a 10 años de cárcel y 1.000 latigazos en una plaza pública, por
haber publicado, en su web, informaciones que disgustaban a la monarquía
saudí, ha tenido que exiliarse en Canadá con sus tres hijos. La
periodista siria Yara Bader, mujer del también periodista Mazen Darwish,
encarcelado desde hace tres años por el Gobierno de El Asad, y que
tampoco pudo evitar en su momento la prisión, se ha visto obligada a
huir de Siria y vivir en Beirut. El bloguero mauritano Mohamed Cheikh ha
sido condenado a muerte por escribir de la casta de los herreros a la
que pertenece. Fue declarado apóstata por “hablar con ligereza del
profeta Mahoma”. Son sólo unas pinceladas, escasas pero significativas,
de la situación en la que se encuentra la libertad de información en el
mundo.
No obstante hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad
de Prensa, establecido por la ONU. Suena a ironía si recordamos que
estrenamos el año con una matanza de dibujantes y periodistas, en París,
a manos de terroristas islamistas a los que no les gustaba el humor
satírico de Charlie Hebdo, y que en los cuatro meses pasados ya
sumamos 22 periodistas asesinados, casi 400 informadores encarcelados y
decenas de secuestrados, amenazados y exiliados. Es lo que hay, que
diría cualquier veinteañero. Una frase realista que se ha convertido en
un mantra de resignación. Y, cierto, es lo que hay, pero además cada día
la libertad de prensa va a peor. ¿Tenemos que resignarnos?
Cuando digo “tenemos” no sólo me refiero a los periodistas, porque el
panorama informativo, la situación de los medios, de los profesionales,
de la información, es algo que nos afecta a todos. Periodistas y
ciudadanos. No es una cuestión de corporativismo como algunos alegan,
porque sin una información libre no puede haber democracia.
El periodismo está sufriendo una profunda transformación causada por
la globalización, las nuevas tecnologías y la crisis económica. El
conjunto de estos tres factores ha gestado una “tormenta perfecta”, como
ahora se ha puesto de moda decir, una revolución en los medios y usos
informativos que está provocando nuevas amenazas para el ejercicio del
periodismo en libertad.
Los radicalismos religiosos -en estos momentos esencialmente el
extremismo yihadista-, la censura en Internet, y los usos de gobiernos
democráticos cada día más controladores, son amenazas evidentes. A
ellas, se suma una cuarta, la profesional, producto de la crisis
económica y del final de un modelo empresarial periodístico que conlleva
el cierre de numerosos medios y la salida de las redacciones de los
periodistas más veteranos y caros. Son desafíos a los que ya nos
enfrentamos a diario.
El asesinato del periodista estadounidense James Foley,
degollado por el Estado Islámico, en Siria, delante de las cámaras,
supuso cruzar una línea roja bélico-informativa con enormes
repercusiones para el reporterismo de guerra. La información ha sido
prácticamente sustituida por propaganda. Y lo peor del modelo sirio, la
utilización de los periodistas, más aún que como arma de guerra como
propaganda de guerra, es que ha sido seguido rápidamente en otros países
y conflictos: Irak, Ucrania, Libia… En 2014 fueron secuestrados 119
periodistas, y decenas son todavía rehenes en estos momentos de
distintos grupos radicales en armas. Las consecuencias son claras, los
grandes medios de comunicación ya no envían sus corresponsales de guerra
a lugares como Siria o Irak. Los freelance han desaparecido prácticamente del terreno. Los costes son demasiado altos.
Pero las amenazas y censuras no se limitan, como algunos esgrimen, a
los países en conflicto, a las dictaduras o regímenes autoritarios.
Internet, esa omnipresencia en nuestras vidas, que imaginábamos como un
territorio abierto y libre, se ha convertido en poco tiempo en una
poderosa arma de control y censura. En estos momentos alrededor de 60
países practican la censura en Internet.
Superados los momentos iniciales en los que brevemente los
internautas lograron evadir la censura gracias a la Red –recordemos la
“revolución azafrán” de Birmania o las elecciones de 2009 en Irán- los
regímenes autoritarios y seudodemocráticos, con ayuda de tecnologías de
vigilancia vendida por las grandes empresas de telecomunicación
occidentales, convertidas en los nuevos guardianes o policías de
Internet, se han puesto al día para reprimir sin reparos. Y no estoy
hablando de China, cuyo “gran cortafuegos” o “gran muralla digital” es
bien conocida por todos los internautas.
Con tecnologías vendidas por empresas francesas, estadounidenses o
italianas, por citar solo algunas, se espía, detiene, tortura y asesina a
periodistas. Y también, a petición de muchos gobiernos, se
redireccionan los servidores o se incluyen herramientas para censurar
directamente los contenidos que desagradan a las autoridades. Hace poco
Facebook confesaba que había tenido 500 peticiones de censura en India…
Ya, ya, pero esas cosas no pasan en los países democráticos
occidentales, solemos mentirnos. Pues sí, también pasan en aquellos que
con la excusa de la seguridad del Estado se vuelven cada día más
controladores y aprueban leyes por momentos más represivas. La seguridad
se ha convertido en el principal argumento de numerosos gobiernos
democráticos para censurar o restringir la información.
En Estados Unidos, antes de que Barak Obama llegara a la presidencia,
la Espionage Act cuya aplicación puede llevar a un periodista que no
revele sus fuentes a la cárcel, sólo se había usado en tres ocasiones.
En sus dos mandatos Obama la ha utilizado ocho veces, entre ellas contra
la soldado Chelsea Manning. Y también en nombre de la seguridad del
Estado, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) creó el sistema de
vigilancia internacional denunciado por Edward Snowden, lo que le ha
llevado a vivir exiliado en Rusia.
Pero en Europa no vamos a la zaga. En Francia, la Ley de Programación
Militar autoriza la vigilancia gubernamental y, en nombre de la
seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo, ha reducido la
protección jurídica de los periodistas y ha establecido la censura
administrativa de los sitios web. Además, ya no corresponde al juez la
decisión de poner a alguien bajo vigilancia. Y en Reino Unido, la
Agencia de Inteligencia británica interceptó más de 70.000 correos
electrónicos, entre ellos los de los periodistas de Le Monde, The Guardian, The New York Times, The Sun, NBC y The Washington Post.
A estas innovaciones que tanto facilitan las nuevas tecnologías, se
suma el aumento de la violencia represiva que ejercen las fuerzas de
Seguridad de numerosos países, contra los periodistas que cubren
informaciones en la calle. No tenemos que irnos lejos. En España, cuando
se informa de las actuaciones de los inmigrantes en las vallas de Ceuta
o Melilla, de manifestaciones, desahucios o escraches en las calles,
los fotorreporteros y especialmente los freelance,
aunque van identificados como prensa, se arriesgan a ser increpados,
privados de sus cámaras, detenidos o llevados ante los tribunales por
ejercer su profesión. Mejor no pensar lo que puede pasar cuando empiece a
aplicarse la ley Mordaza, de hecho una carta blanca para las
fuerzas y cuerpos de seguridad que pueden esgrimir “falta de respeto y
consideración en el ejercicio de sus funciones” o el uso no autorizado
de imágenes por los periodistas, para actuar con toda contundencia.
Por no hablar del retroceso evidente en la independencia informativa
de medios públicos como RTVE, o de la reciente y genial reflexión-globo
sonda del ministro de Justicia, Rafael Catalá, proponiendo multar a los
medios de comunicación que divulguen sumarios judiciales, e incluso
prohibir la información. Un claro espíritu censor el del ministro
popular que, en plena democracia, resulta insostenible y nos retrotrae a
tiempos pasados que ya creíamos superados.
Hay poco que celebrar en este 3 de Mayo, pero si para algo puede ser
oportuno es para seguir reivindicando la necesidad de una prensa libre,
de un periodismo riguroso y honesto y de una información a salvo de
cortapisas, censuras y amenazas. Lo último es resignarse.
Malén Aznárez, es presidenta de Reporteros Sin Fronteras-Españ
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