El Parlamento Europeo y Venezuela
Adolfo R. Taylhardat
El Parlamento Europeo acaba de aprobar una nueva resolución, la sexta, sobre Venezuela. En la primera (febrero 2003), expresó su apoyo a la tarea de la Mesa de Negociación y Acuerdos para promover el diálogo y la reconciliación nacional y exhortó al gobierno a buscar "una solución dialogada, pacífica, constitucional y democrática" que permitiera encaminar el país "por la senda de la estabilidad y la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos fundamentales, del Estado de Derecho y de la soberanía nacional".
La segunda (marzo de 2004), tuvo que ver con la decisión del CNE de rechazar 143.930 firmas recogidas para el referendo revocatorio. Teniendo en cuenta que la misión de observación de la OEA y los observadores del Centro Carter no compartían la decisión tomada por el CNE, el PE solicitó a ese órgano que "acepte y adopte sin dilación" las recomendaciones de la misión de observación de la OEA y el Centro Carter en su informe acerca del proceso de verificación de firmas.
La tercera (mayo de 2007), fue adoptada a raíz del cierre de RCTV. El PE le recuerda al Gobierno de Venezuela su obligación de respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, obligación establecida en la Constitución, en la Carta Democrática Interamericana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que Venezuela es Parte. Además pide al Gobierno que garantice un trato jurídico igual para todos los medios de comunicación, públicos o privados, con independencia de toda consideración política o ideológica.
La cuarta (octubre de 2008), fue adoptada con motivo de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General contra una serie de dirigentes políticos de la oposición. La resolución insta al Gobierno a que considere las llamadas inhabilitaciones políticas en el marco de la Constitución venezolana, que reconoce esta facultad únicamente al Poder Judicial, como suele ser en cualquier Estado de Derecho y lo exhorta a cumplir los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Venezuela, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La quinta (mayo de 2009) se refiere al caso de Manuel Rosales "a quien -dice textualmente la resolución- el presidente Chávez en repetidas ocasiones y de forma pública amenazó con el encarcelamiento, lo que ha conducido finalmente a que se iniciara un proceso judicial …proceso que tiene el aspecto de un claro caso de persecución política ya que en él no se respeta el procedimiento debido ni se dan las suficientes garantías jurisdiccionales y tiene ya, de antemano dictada una sentencia condenatoria claramente política". En su resolución el PE "manifiesta su enorme preocupación por el deterioro de la situación y la calidad de la democracia en Venezuela que se encuentra en grave riesgo de colapso debido a la concentración de poder y el autoritarismo ejercido por el Presidente". Además el PE manifiesta su solidaridad con todos los que sufren persecución, que se simboliza en la persona de Manuel Rosales, y rechaza "rotundamente la amenaza la violencia, el abuso de poder, el insulto y la utilización de la justicia como arma de acción política con el fin de amedrentar y eliminar al adversario".
La sexta, adoptada el jueves de la semana pasada, se refiere al cierre de las 34 estaciones de radio ordenada por el mandante de Miraflores y el cierre de RCTV Internacional. Considerando que esas medidas "persiguen obtener el control y el amordazamiento de los medios de comunicación" y "cercenar los derechos democráticos a la libertad de expresión e información" el PE "Lamenta la decisión gubernamental de no permitir en adelante la emisión de los mencionados canales en Venezuela y pide su restitución"; "Pide a las autoridades de Venezuela que revisen esa decisión, así como la obligación de retransmitir íntegramente las alocuciones del Jefe del Estado" y recuerda al Gobierno su obligación de respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, conforme a la Constitución y las distintas cartas y convenciones internacionales y regionales de las que Venezuela es parte signataria.
En esta misma resolución el PE le recuerda al teniente coronel presidente que "según establece la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, en democracia, junto a la indudable y necesaria legitimidad de origen, fundada y obtenida en las urnas, ha de observarse igualmente la legitimidad de ejercicio, que ha de basarse en el respeto del pluralismo, de las normas establecidas, de la Constitución vigente, de las leyes y del Estado de Derecho, como garantía de una democracia plenamente viable, y que necesariamente ha de incluir el respeto a la oposición política pacífica y democrática, tanto más si ésta ha sido elegida en las urnas e investida del mandato popular".
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