Exigen a Fiscalía enjuiciar a Chávez por traidor a la patria
Sentar en el banquillo de los acusados al presidente Hugo Chávez exigió el partido Por la Democracia Social (Podemos) a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. El secretario general de la tolda, el diputado Ismael García, acusó al jefe de Estado de incurrir en el delito de traición a la patria al suscribir un acuerdo con Cuba, mediante el cual Venezuela se comprometía a financiar la construcción de una planta de energía.
"En 2007 se firmó un contrato entre Venezuela y la Unión Eléctrica de Cuba, donde se acordó la creación de una planta que permitiría resolver el problema eléctrico de Cuba al menos por los próximos 10 años (...) Si esta planta se hubiera hecho aquí no habría este problema en el país (...) Aquí se traiciona al pueblo, al que tiene una plancha, un televisor, una nevera, a esos son los que se debe defender (...) el Gobierno le ha dado preferencia a un país que puede esperar porque nosotros debemos primero atender los problemas de Venezuela", aseveró el otrora aliado del primer mandatario. El parlamentario precisó que el acuerdo suponía un desembolso para las arcas públicas de unos 153 millones de dólares y que la planta termoeléctrica tenía capacidad de 175 megavatios. García no sólo exigió del Ministerio Público que procese al jefe de Estado, sino también al ex presidente del Banco Nacional de Desarrollo Social (Bandes), Alejandro Andrade.
Ley electrocutada
La mayoría de la Asamblea Nacional rechazó ayer debatir en una sesión especial el decreto de emergencia eléctrica dictado por Chávez, moción que había sido presentada por Juan José Molina (Podemos-Bolívar). El portavoz de los vinotinto afirmó que el jefe de Estado violó la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, promulgada en 2001, al imponer la emergencia. El artículo 26 de la norma citada establece que "el decreto que declare el estado de excepción será remitido por el Presidente a la Asamblea Nacional, dentro de los ocho días continuos siguientes a aquél en que haya sido dictado, para su consideración y aprobación".
La Carta Magna, en su apartado 339, añade que el decreto también debe remitirse "a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad". Molina destacó que el mandatario pasó por encima de la ley y aplicó las restricciones eléctricas sin consultar a la AN ni al Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, la diputada Pastora Medina (Frente Popular-Bolívar) envió una carta a la jefa de la Cámara, Cilia Flores, donde planteó exigir la renuncia del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Medina señaló que Ramírez debe ser removido "por su alta responsabilidad en la tragedia que vive el país". El PSUV rechazó esta petición.
Juan Francisco Alonso / Pedro Pablo Peñaloza
EL UNIVERSAL
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