miércoles, 17 de febrero de 2010

Advierten que venció plazo para presentar a la AN y TSJ decreto de emergencia eléctrica

Caracas.- Carlos Vecchio, precandidato a la Asamblea Nacional (AN), indicó que el día de ayer venció el plazo para que el presidente Hugo Chávez presentase ante el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de emergencia eléctrica para su consideración y aprobación. Explicó que esto está establecido de esta manera en el artículo 339 de la Constitución que exige que cuando se dicte un decreto de Estado de excepción, como lo es el eléctrico, debe ser presentado en los 8 días siguientes tanto a la AN, para su aprobación, y al TSJ para evaluar su constitucionalidad. Esa obligación responde a la necesidad de controlar la actuación del ejecutivo por parte de ambas instituciones.

Indicó el parlamentario que hasta ahora, el Presidente ha ignorado lo establecido en la Constitución lo que a su juicio refleja "abuso de poder" debido a que da cuenta de que en "lugar de tener instituciones imparciales que busquen controlar esa actuación, son instituciones que callan frente al Presidente". Explicó asimismo que la AN, de conformidad con la Ley Orgánica de Estados de Excepción (art 27), ha debido pronunciarse dentro de las 48 horas siguientes a la publicación del Decreto para su aprobación. Esto fue ignorado por la AN y ahora deben pronunciarse de oficio en vista de que el Presidente no presentó el decreto para su consideración en forma inmediata. El abogado detalló que de no pronunciarse el TSJ en los 10 días siguientes contados a partir del 16 de febrero sobre la constitucionalidad del decreto los magistrados que la componen incurrirán en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos de conformidad con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art 32, ley de estado de excepción).

Vecchio sostuvo que ambas instancias deberán determinar si en realidad existe un Estado de excepción por cuanto éste sólo puede decretarse cuando no existen medios ordinarios para que el Estado pueda controlar la situación, destacó la nota de prensa. "Habría que determinar si el desechar la ayuda de Colombia para el suministro eléctrico hubiese sido un mecanismo ordinario para solventar la situación en lugar de que sea el pueblo quien sufra el efecto de la crisis eléctrica", manifestó el precandidato a la AN. Asimismo, el abogado recordó que durante los estados de excepción no pueden restringirse, entre otras, garantías constitucionales como el debido proceso. "Como sabemos, una de las medidas adoptadas en virtud del decreto es multar a los usuarios sin darle a éstos el derecho a defenderse de esa multa, lo cual violaría el debido proceso y el derecho a la defensa".


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