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Médicos cubanos afirman que fueron esclavos en Venezuela

Los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Diéguez, y el enfermero Osmani Rebeaux, accionantes de la causa, aseguran en el escrito de introducción del litigio que en el marco del acuerdo cubano-venezolano los colocaron en una "condición de servidumbre por deuda" que finalmente los convirtió en "esclavos económicos y promotores políticos", razón por la cual solicitan una compensación que rebasa $50 millones. La defensa argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la Misión Barrio Adentro, en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la "beligerante" frontera con Colombia, indicó Efe.

Los demandantes señalaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al chavismo, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la Medicina en Venezuela. Aseguraron además que se les impedía establecer relación con personas consideradas "problemáticas" por su posición política y que en caso de que se negaran a ello o a realizar trabajos forzados se les castigaba regresándolos a Cuba o trasladándolos a zonas peligrosas o inhóspitas del país. El jurista Leonardo Arístides Cantón, de la defensa, hizo hincapié en que "el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial". Además de servir de antecedente ante una corte internacional, el fallo a favor de los demandantes podría ocasionar la congelación de bienes de los Estados cubano y venezolano en cualquier parte del mundo.

Se espera que adicionalmente a los 7 médicos y el enfermero cubano, un entrenador deportivo, varios asesores y un equipo de abogados venezolanos se sumen a la demanda. El caso de los médicos cubanos, que fue asignado a la juez Patricia A. Seitz, sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna" que se interpone en un tribunal de Miami. En octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curazao Drydock Company debía indemnizar con $80 millones a tres cubanos que alegaron que fueron enviados por Cuba a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao bajo condiciones "inhumanas y degradantes".