Para demostrar la falta de independencia en el
sistema judicial, HRW cita el caso de la jueza María
Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y para quien
Chávez pidió, en un acto público, "la pena máxima".
Bruselas.- La "dominación que ejerce el gobierno venezolano"
sobre el sistema judicial y el "debilitamiento de los valores
democráticos" están dejando los derechos humanos en una
"situación precaria" en el país, afirmó el lunes en su informe
anual, la ONG Human Rights Watch (HRW).
"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente
Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión
y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad
de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su
trabajo, reza el informe de esta organización no gubernamental
divulgado en Bruselas.
"La dominación del gobierno venezolano sobre la justicia y el
debilitamiento de los valores democráticos ha contribuido a
una situación precaria de los derechos humanos", agrega el
texto, que recoge casos de abuso policial y persecusión a
políticos opositores, entre otros.
Para demostrar la falta de independencia en el sistema judicial,
HRW cita el caso de la jueza María Afiuni, detenida en diciembre
de 2009 y para quien Chávez pidió, en un acto público, "la
pena máxima", destacó AFP.
Según HRW, Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables"
en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción
por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño,
que estaba inculpado por fraude y que luego se fugó del país.
Sobre la libertad de prensa, la ONG asegura que el gobierno
venezolano "ha intensificado la capacidad del Estado de limitar
la libertad de discurso y creado poderosos incentivos para que
los críticos al gobierno se autocensuren".
En este sentido, HRW destaca la salida definitiva del aire en
2010 de la televisora RCTV, muy crítica con Chávez. La concesión
de este medio de comunicación para transmitir en abierto fue
revocada en 2007 y el año pasado fue excluída de la programación
por las empresas de televisión por cable tras incumplir una normativa gubernamental.
Además, también recuerda que el presidente ha obligado a radios y
televisoras a transmitir "más de 2.000 discursos suyos" desde 1999,
cuando llegó al poder.
La ONG critica la campaña del gobierno para "desacreditar a las
organizaciones de derechos humanos locales e internacionales".
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