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La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, emitió una decisión en la que suspende cualquier acción judicial en las viviendas familiares, y dicha medida pasa a formar parte del conjunto de regulaciones que se ejecutan en el sector inmobiliario, y que estrechan el cerco al mercado de alquileres.
Las acciones que han puesto en jaque al sector se iniciaron en 2003, cuando el Estado controló los precios de los arrendamientos, y continuaron en los años siguientes con los decretos de expropiación de edificios en alquiler y las revisiones a los marcos legales para incrementar las regulaciones.
Previo al control de 2003, la oferta de casas para arrendar representaba 30%, esa participación en siete años se redujo, y según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, hasta fines de 2010 sólo 6% de la oferta del Área Metropolitana se orientó al alquiler.
Por pasos
El primer impacto que recibió el mercado fue la regulación, allí se fijaron los precios para los edificios construidos antes de 1987 y el parámetro de referencia fueron los cánones de arrendamiento del 2002, valor que todavía se mantiene.
A ese control se añadieron los decretos de expropiación de inmuebles por parte de las autoridades municipales. Para los representantes del sector esas acciones generaron inquietud, al igual que las invasiones.
En 2008 el Gobierno incorporó la regulación de los alquileres en la Ley de Vivienda y la Asamblea inició la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Un consecuencia de todas esas acciones fue el alza de los precios de los alquileres, pese a la regulación. Los inquilinos al momento de renovar sus contratos han tenido que cancelar montos mayores y aceptar los términos de los propietarios, porque la oferta es limitada.
En 2010 las acciones se acrecentaron, el primer mandatario advirtió sobre un mayor control en el mercado. Ante las peticiones del jefe de Estado, los diputados decidieron a acelerar las regulaciones, y junto a las organizaciones de inquilinos, iniciaron las revisiones de los desalojos forzosos y elaboraron un anteproyecto para dar la propiedad de los inmuebles a las familias que tienen más de 10 años pagando alquiler.
Esas dos regulaciones no se autorizaron, pero el Gobierno vía Habilitante está dispuesto a crear los nuevos controles a los alquileres de viviendas. Ya en diciembre, el Ministerio de la Vivienda le ordenó a los que alquilan habitaciones en casas particulares y pensiones a registrarse en Inquilinato.
El TSJ el pasado viernes instó a los jueces a suspender cualquier acción de desalojo y juicios por invasiones. Y a esa medida se sumarán otras.
El mandatario anunció la semana pasada la creación del decreto para prohibir los desalojos forzosos, y el presidente de la Red de Inquilinos, Rigel Sergent, agregó que el Gobierno ya está preparando el cambio a la Ley de Arrendamientos con el fin de ajustar las causales de desalojo y fijar los precios.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, expresó que "la decisión del TSJ afecta la propiedad y congelará las operaciones de arrendamiento" y apuntó que aquellos que tenían casas en alquiler están tratando de agilizar las ventas de las viviendas, debido al establecimiento de precios que se prepara en el mercado secundario.
Sergent, adelantó que en dos meses estará lista la regulación en el mercado secundario e insistió en que el precio máximo del metro cuadrado no debe exceder de los 1.000 bolívares.
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