El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Fernando
Soto Rojas (PSUV-Falcón), anunció esta semana su intención
de investigar los crímenes contra los Derechos Humanos cometidos
durante la llamada IV República (1958-1998). Desde el Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
le tomaron la palabra y le exigieron al jefe del Parlamento que
comience esas averiguaciones en su propia bancada.
En carta enviada a Soto y a los vicepresidentes del Legislativo,
diputados Aristóbulo Istúriz y Blanca Eekhout, la organización le
exigió que inicien los trámites necesarios para levantarle la inmunidad
al parlamentario oficialista por Guárico, Roger Cordero Lara, a quien
señalan de participar en la masacre de Cantaura, ocurrida en 1982.
"Hay suficiente información en el expediente en poder del Ministerio
Público que indica que este ciudadano comandó uno de los aviones
que en la madrugada del 4 de octubre de 1982 bombardeó el
campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población
de Cantaura (Anzoátegui)", afirmó Provea en la misiva suscrita
por su coordinador, Marino Alvarado, en la que además le recordó
a los directivos de la AN que en ese suceso 24 "revolucionarios"
perdieron la vida.
En la mira desde hace tiempo
La solicitud de allanamiento de la inmunidad contra Cordero Lara
se produce luego de que Provea cuestionara públicamente la
decisión del PSUV de postularlo, a pesar de los elementos que
lo involucrarían en la masacre ocurrida en la gestión de Luis Herrera
Campins.
Durante la campaña la agrupación pidió a los electores que no
votaran por el entonces aspirante y quien llegó a ser comandante
general de la Aviación durante esta administración y tampoco por
el ex secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa del Zulia,
José Sánchez "Mazuco", quien también está señalado de homicidio
y fue postulado por la alianza de partidos de oposición.
Provea, en su comunicación a la directiva de la AN, también
denunció el incumplimiento en el que incurrieron los anteriores
legisladores, por cuanto no presentaron jamás los resultados
de las averiguaciones que iniciaron en relación con las vulneraciones
a las garantías fundamentales cometidas durante la lucha contra
la insurgencia guerrillera y hechos como el Caracazo.
En 2006 el Parlamento anunció con bombos y platillos que había
designado una comisión especial para procesar los casos de
Derechos Humanos ocurridos en las décadas anteriores, la cual
presidió el entonces diputado Reinaldo García (PSUV).
No hay comentarios:
Publicar un comentario