El sábado pasado Chávez presentó su Memoria Anual al país, en presencia de una Asamblea ahora pluralista y un grupo de fanáticos seleccionados, para hacer barra al orador durante siete horas, sin la presencia de los medios de comunicación independientes. Una Memoria presentada en medio de abrazos, de chistes, de informalidades. Un discurso con tono caribeño a veces, lleno de anécdotas, desprovisto de realidades, impreciso, sin fundamento, poco serio. Más promesas. Crecimiento económico para el 2012, erradicación de la inseguridad, la construcción de 150 mil viviendas, la mitad de lo que hicieron en 12 años.
Disparates y falsedades. Justificó la insuficiencia de energía eléctrica, por el crecimiento económico. Otra burla. Una vez mas culpó a los medios de la violencia en el país, sin hacer referencia a la pobreza extrema, al discurso agresivo, causas principales de ella. Habló de la impunidad, pero no se refirió a los procesos de Pedeval y a las responsabilidades de las pérdidas. Las justificó, mas bien, atacando a los medios independientes. Ofreció diálogo, tolerancia, respeto. También, devolver a la Asamblea la tan cuestionada Habilitante, en cinco meses. Descaro. No es cuestión de ir mas rápido, sino de no pisotear las competencias de la nueva Asamblea, legislando arbitrariamente para una emergencia superada, desconociendo la voluntad popular y el sentimiento de la inmensa mayoría de los venezolanos
Lo cierto es que no se mostró ningún síntoma de rectificación en lo económico, en la adopción de las leyes comunistas que rechazamos todos, menos sobre los presos políticos, el cierre y el acoso a los medios, a la libertad de expresión. No hubo enmienda. El abandono del estado de derecho por el régimen bolivariano está vigente. Lo que dijo no muestra ninguna rectificación, lo que habría querido presentar para consumo de los críticos.
La oposición, la MUD, los venezolanos todos, debemos seguir alertas, para proteger nuestros derechos. El discurso de Chávez no anula las gestiones hechas ante la OEA, para que se considere el caso de Venezuela y se aplique la Carta Democrática Interamericana, un instrumento de incuestionable valor jurídico.
Los que niegan valor jurídico de la CDI lo hacen para evitar la supervisión, alegando la “injerencia” en los asuntos internos de los Estados. Hablar de injerencia es tratar de disminuir la importancia de la Carta, por temor a que se debata el tema y arroje resultados contrarios a las pretensiones totalitarias de algunos. Son, lamentablemente, conductas propias de Estados forajidos, aquellos que violan las reglas y desprecian los principios de convivencia.
Los venezolanos estamos obligados a seguir luchando por la democracia, a denunciar los ataques contra ella, contra las libertades y el ejercicio pleno de todos los derechos. Y, la OEA y los Estados Miembros, tienen la obligación de considerar la cuestión y reconocer la realidad política producto de arbitrariedades evidentes que no se esconden con discursos aplaudidos desde barras organizadas y solicitar al régimen venezolano el cese de tales violaciones. No se trata de acciones “vendepatria”. Por el contrario, se trata de salvar la democracia y evitar la instauración definitiva de un régimen totalitario.
La Carta Democrática debe ser aplicada. Es la oportunidad de mostrar que el sistema funciona, aunque las posturas del Secretario General Insulza, ambiguas y tímidas, acomodaticias, mas bien; y, de los gobiernos, sean débiles.
A la luz de esta experiencia, además, pensando en el futuro y en la estabilidad y el progreso de la región, la Carta tendrá que ser revisada para hacerla verdaderamente eficiente. Su carácter preventivo y la creación de un Comité que permita el seguimiento del tema en forma permanente son aspectos a considerarse.
Debe darse cabida a la sociedad civil en este proceso. Su aporte será muy importante, pues los Gobiernos no son los únicos interesados en que el mecanismo funcione. Además, una vez revisada, con la participación de diversos sectores, debe facultarse a la sociedad civil organizada y representativa para que active el mecanismo en favor de la democracia, sobre todo cuando los gobiernos y la Organización desatiendan las realidades, por intereses mezquinos, coyunturales, impropios de una sociedad en evolución que exige el respeto pleno de las libertades y de los derechos fundamentales del hombre
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