Situaciones de emergencia se presentaron a fin del año pasado en Colombia y Venezuela. Las fuerzas de la naturaleza castigaron en los dos países a la población de menos recursos, a la rural, en el caso de Colombia, y a la que en Venezuela se asienta en las barriadas.
La contingencia invernal y sus secuelas cambiaron la agenda del Gobierno en ambos países. Sin embargo, el abordaje de la coyuntura fue radicalmente diferente en uno y en otro país.
No más iniciarse el año, el titular de las finanzas colombianas anunció de dónde provendrían los recursos para el rescate nacional. Juan Carlos Echeverry hizo pública la decisión de vender entre 1% y 2% de las acciones estatales en Ecopetrol para financiar la emergencia en un esfuerzo por recaudar los cerca de 1,6 millardos de dólares que requerirán los paliativos a los estragos de las aguas. Sin tardar, Colombia acudió a las agencias internacionales para captar recursos con los cuales afrontar el desastre, y descartó emitir deuda para fines de coyuntura. Al plan nacional multidisciplinario diseñado para recuperación de barriadas y tierras agropecuarias se sumó otro de reconstrucción de viviendas y carreteras. Antes de terminar enero, un esquema de favorecimiento de inversión privada ha quedado diseñado para crear fuentes de trabajo y mejorar la productividad de la industria manufacturera y del agro, para generar un efecto permanente en el tiempo que se traduzca en el mantenimiento del crecimiento nacional.
En Venezuela, otro abordaje intenta ponerle el pecho a la crisis que es más manejable que en Colombia. Los recursos vendrán de más impuestos que pecharán a los menos afortunados, mientras que la devaluación, que otorgará fondos adicionales al Estado, impactará frontalmente la calidad de vida de la población al estimular un curso inflacionario que se ha instalado estructuralmente en el país y que se traduce en precios más altos. No se escucha hasta ahora una política de desarrollo habitacional que no se base en confiscar tierras y galpones para alojar a los afectados por los deslaves, o en soluciones populistas de valor electoral. Peor que nada, se penaliza duramente la iniciativa privada al generar un régimen de inseguridad en cuanto a la propiedad privada que presagia masivas paralizaciones en la actividad constructiva y se anuncian, además, controles de precios que obligarán aún más a estrechar los esfuerzos productivos del sector industrial.
Al mirar el abordaje de la calamidad en los dos lados de la frontera, es claro que uno de los dos países aún no encuentra la brújula.
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