Entrevista Alfredo Padilla, directivo de INAESIN
"Chávez pretende liquidar la economía informal y popular"
EL UNIVERSAL, 14 DE JUNIO DE 2009
"Un régimen donde impera la llamada propiedad social es incompatible con la propiedad privada, incluso la pequeña"
Vinculado al movimiento de los trabajadores venezolanos, Alfredo Padilla se ha convertido, desde el Inaesin (Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales), en un cruzado de la economía popular y del pequeño empresario, hecho a la medida de su propia voluntad y capacidades.
A su juicio, en la medida en que crezca el desempleo y fracase la denominada economía socialista, a pesar de los intentos por liquidarla, la economía informal tenderá a crecer y eso, a la larga, provocará una confrontación: "Este Gobierno tiene la intención de asfixiar a la economía popular a través de la falacia de diversas formas de propiedad porque tanto en la acción cotidiana, como en la normativa legal, todo está dirigido a privilegiar la economía socialista, que tendrá una serie de exenciones tributarias, ventajas fiscales, oportunidades de intercambio, formación técnica y equipamiento. De manera que las empresas socialistas privilegiadas, de acuerdo con la ley, convivirán con una propiedad privada a la cual se le niegan todas las ventajas otorgadas a la llamada propiedad social.
-¿Entendemos por "economía popular" lo que se denomina economía informal?
-Hablamos de la economía sumergida que vas a conseguir por todas partes: transporte informal en los barrios, peluquerías, juegos de envite y azar, refacciones, reparaciones, construcciones, mercado inmobiliario. Todo eso es economía popular y básicamente tiene dos grandes expresiones: quienes tienen vivienda porque la construyeron ellos y quienes tienen trabajo porque se lo inventan ellos. Estamos hablando, en este último caso, de seis millones de personas que gracias a su inventiva y a su voluntad, a veces causando molestias (en el caso de los buhoneros) resuelven la vida por sus propios medios. Ahora, cuando hablamos de la autoconstrucción de viviendas nos referimos a la realización de un sueño largamente acariciado y que la gente logra acariciar gracias a su propio esfuerzo.
-Esa economía informal, que llamas popular, ¿no es producto de la obturación de salidas que le impone el capitalismo a las grandes mayorías?
-Fíjate que no porque el sistema capitalista, en otros países, le resuelve, progresivamente, estos problemas a las grandes mayorías, facilitando la inversión privada, generando empresas, garantizando la seguridad jurídica y propiciando la protección social para los desempleados. Esa es la realidad en todas las economías de mercado, mal que bien, mejor en unas que en otras. Claro que la situación empeora en países subdesarrollados como el nuestro, donde se aleja la inversión privada en una situación de crisis global y al mismo tiempo nacional y eso genera el crecimiento espectacular de la economía informal.
-Dices que va a crecer y al mismo tiempo afirmas que se le pretende asfixiar. ¿No hay allí una contradicción?
-La búsqueda de trabajo por cuenta propia va a crecer. Lo que no va a crecer es el apoyo del Estado para que esta gente salga del rebusque y el emprendimiento posterior, porque quien comienza vendiendo legumbres en la calle puede pasar luego a tener una bodega e ir creciendo progresivamente gracias al esfuerzo y la constancia.
-¿Entendemos, entonces, que el objetivo del Gobierno ya no se circunscribe a la estatización de las grandes empresas sino que ahora va por los medianos y hasta por los pequeños, formales e informales?
-En los hechos hay mucho que decir al respecto y eso se hace evidente cuando el Gobierno se propone fortalecer a las empresas de propiedad social y la economía socialista, con todo el apoyo estatal, mientras que al otro lo relega y lo persigue.
-¿A los pequeños o a los grandes?
-En la urbanización llamada Caribia, estado Vargas, el presidente entregó unas viviendas que no podrán ser vendidas, negociadas o alquiladas. Es decir, que quienes las reciben no son sus propietarios, lo cual les niega el derecho a disponer de un patrimonio, que es, en muchos casos, la única garantía de sobrevivencia a futuro. Sobre todo cuando no existe seguridad social. Y estamos hablando de 31 mil viviendas que serán entregadas en esa condición de uso y no de propiedad. Igualmente frenarán el espíritu de superación de alguien que, con el tiempo y esfuerzo, puede aspirar a vender el apartamento y comprar una casa. Lo mismo pasa con quienes levantan poco a poco su casa, bloque a bloque, platabanda a platabanda y hacen la gran fiesta cuando concluyen por- que lograron realizan su sueño sobre la base de un gran sacrificio.
-¿No es esa una forma de socialismo?
-Sí, pero este caso no es lo mismo que estaba haciendo el Gobierno en años anteriores (2002), cuando el alcalde Freddy Bernal y Fundacomún iniciaron un proceso de regularización de tenencia de la tierra urbana para legitimar la propiedad de tierras y viviendas en los barrios caraqueños, sobre todo en La Vega. Esa era una forma de fortalecer el patrimonio privado popular. Lo que está ocurriendo ahora va en vía contraria porque se quiere imponer un modelo socialista.
-Pero ya en el año 2001, con la Ley de Tierras, los campesinos perdían su condición de propietarios.
-Exactamente. El campo tiene su propia expresión de la economía popular. El conuquero es alguien que desea cultivar una tierra que sea de su propiedad porque esto le permite obtener semilla, maquinaria, créditos. Pero cuando se le entrega la tierra sin derecho a propiedad todas esas posibilidades se le cierran y él queda sujeto al arbitrio del Estado. Un caso similar, pero en Caracas, es el de los quioscos de diarios y revistas, destruidos por la Alcaldía de Libertador a sus propietarios, que los habían levantado con su propio esfuerzo. Lo que pasó en Lagunillas, Zulia, donde se intervinieron las contratistas petroleras, es peor aún, porque no sólo se perjudicó a los propietarios o a los empleados, sino a toda una cantidad de personas que suministraban servicios y bienes a la empresa y a quienes trabajaban en ella. En Ciudad Ojeda ocho mil microempresarios que formaban parte de esa cadena productiva quedaron en el aire. De manera que cuando se interviene la economía no son los grandes empresarios los afectados, sino también a la iniciativa privada popular.
-¿Qué pasa con los buhoneros?
-El alcalde Bernal saca a los buhoneros de Candelaria en nombre de los espacios culturales. Toma un terreno carísimo para un mercado provisional, la feria de Bellas Artes, asigna mil 400 puestos, pero sólo doscientos quedaron allí. El resto deambula por la calle porque ese lugar no es rentable. En el Cementerio liberaron la avenida Principal de buhoneros y mandaron a dos mil 150 trabajadores de la economía informal a morirse de hambre en una antigua chivera. La reubicación era necesaria pero hay que ofrecerles alternativas digna, mercados populares, centros comerciales. La economía informal no es un estorbo sino una oportunidad para que la gente progrese con el apoyo del Estado. Eso ha ocurrido en Medellín, Quito y Bogotá.
--Ocurre eso porque hay una intención deliberada o porque el Gobierno es ineficiente?
-Hay de todo, pero un régimen de propiedad socialista es incompatible con la propiedad privada, cualquiera sea su tamaño. En Cuba no hay buhonería legal, sino trabajo negro, matraqueado y perseguido por la policía. En la soviética Rusia arrasaron con la pequeña propiedad del campo.
-Pero Chávez dice que respeta la propiedad privada.
-Porque está en la ley, pero no en los hechos. En nombre de los pueblos aborígenes "rescatamos" la tierra para ellos, pero no les serán devueltas, sino entregadas en propiedad social, es decir, quedará en manos del Estado. Lo mismo pasa con el transporte urbano donde los propietarios de busetas deben competir con unidades del Gobierno, que cobran por debajo de los costos, están subsidiados y tienen cauchos y repuestos. ¿No es eso asfixia? ¿competencia desleal? ¿a dónde va a parar todo esto? A la delincuencia y a la informalidad más anárquica.
Roberto Giusti
EL UNIVERSAL
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