Por segunda vez el TSJ está en la mira de la Corte IDH
Destitución de una juez podría provocar una nueva condena internacional
Corte Interamericana podría condenar nuevamente las actuaciones del Poder Judicial (Cheo Pacheco/Archivo)
La manera como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha venido removiendo a jueces en los últimos años podría valerle su segunda condena en el sistema interamericano de protección de derechos humanos en meses.
Los próximos 29 y 30 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos "deliberará y estudiará la posibilidad de dictar sentencia" en el caso de la ex juez 14 de Juicio de Caracas, María Cristina Reverón.
La ex funcionaria fue destituida en 2002 por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, decisión que recurrió ante la Sala Político Administrativa del máximo juzgado y apesar de que ganó no consiguió recuperar su puesto ni se le reparó de ninguna manera.
Ante esta situación, Reverón acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que consideró que ciertamente el TSJ le violó su derecho a la protección judicial y decidió en noviembre de 2007 demandar al Estado ante el tribunal con sede en San José (Costa Rica).
De declararse culpable a Venezuela, esta sería la segunda sentencia, en meses, donde la Corte afirma que el Poder Judicial venezolano vulnera, con sus actuaciones, garantías fundamentales. La primera vez ocurrió en octubre de 2008, cuando el juzgado internacional ordenó la reincorporación de los ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri.
La orden no se ha cumplido, pues el TSJ la declaró "inejecutable", por considerar que vulneraba su autonomía.
Otros asuntos
La destitución de Reverón no será el único de Venezuela que conocerá la Corte en su próximo período de sesiones, pues en el caso de Oscar Barreto Leiva también podría haber decisión. Barreto fue funcionario del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y cuando este último fue procesado por el caso de la partida secreta, pues él fue detenido sin que se le notificara previamente que estaba siendo investigado.
Asimismo, los magistrados celebrarán sendas audiencias orales y públicas, en las cuales exigirán a las autoridades nacionales que les informen sobre lo hecho para cumplir las sentencias que ese organismo dictó por los casos de El Caracazo y las desapariciones forzadas ocurridas durante las lluvias que asolaron al estado Vargas.
Desde el Ministerio Público se ha prometido que los hechos del 27 de febrero de 1989 serán resueltos antes de que culmine el año; y en el segundo recientemente un tribunal condenó a un funcionario de la policía política por desaparecer personas.
JALONSO@ELUNIVERSAL.COM
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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