Debate del caso venezolano sin impedimentos legales en la OEA
Unas vez planteada la preocupación que sobre la situación política venezolana tiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y sin ningún tipo de obstáculo legal, algunos analistas estiman que el escenario está servido para que el tema se plantee ante el Consejo Permanente.
Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, opina al respecto: "La posibilidad que se debata o no, tiene una exigencia: que exista voluntad política para poder provocar el debate, porque desde el punto de vista jurídico no existe ningún obstáculo".
Explicó que de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, lo ocurrido en Venezuela con la ley Habilitante no es un tema que deba contar con el visto bueno del Gobierno venezolano para ser discutido en la OEA e incluso para emitir una resolución al respecto.
Señala que la Carta establece que lo referente a las "alteraciones graves al ordenamiento constitucional de un Estado" que incida sobre el funcionamiento de su democracia, no requiere el consentimiento del Estado que está siendo señalado. "Basta con que el secretario general de la OEA tome la iniciativa en el Consejo Permanente", aseguró.
Consensos
El experto en derecho internacional, Adolfo Salgueiro, coincide con Aguiar sobre la facultad de Insulza para plantear el tema y añade al respecto: "Lo que pasa es que no se va a jugar todo por la democracia venezolana sino tiene a alguien que lo esté apoyando, así que debe estar cuadrando el apoyo de algún Estado".
La opinión del experto concuerda también con la declaración que emitió el coordinador del equipo internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, quien dijo que Insulza le había comunicado que estaba haciendo las consultas respectivas con los representantes permanentes de los países miembros de la OEA, para plantear el caso en el Consejo. Dicho en otros términos, está buscando el máximo apoyo político posible.
La Carta Democrática, en su artículo 19, da una idea de lo que pudiera ser el peor escenario para el Gobierno venezolano "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno" en todos los órganos de la OEA.
Al respecto, el embajador Adolfo Taylhardat acota que "normalmente en el Consejo de la OEA las decisiones se toman por consenso, pero eso no impide que se llegue a una votación", explicó.
Por su parte, Salgueiro considera que el debate se va plantear, pero no cree que se emita una resolución en contra de Venezuela.
Correlación de fuerzas
Taylhardat dice que en el caso de una posible votación, se da por descontado que "los llamados satélites de Venezuela, como Bolivia, Nicaragua y Ecuador" apoyen la posición del Gobierno venezolano. "No se si los países del Caribe que Chávez ha logrado meter en el corral del Alba se arriesgarían a asumir esa posición", dijo.
Por su parte, Asdrúbal Aguiar considera que aparte de Ecuador, Nicaragua y Bolivia, el resto de los países miembros de la OEA que mantienen relaciones "clientelares" con el Gobierno venezolano, han mantenido una política discreta con respecto a "los desaguisados" que ocurren en Venezuela, porque el Gobierno tenía la habilidad de avanzar hacia la dictadura usando recursos de la democracia sin pasar la línea.
Estima que "La gran pregunta es si ellos acompañarán a Chávez luego que en diciembre decidió traspasar la línea de la democracia para consolidar una autocracia del siglo XXI".
Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, opina al respecto: "La posibilidad que se debata o no, tiene una exigencia: que exista voluntad política para poder provocar el debate, porque desde el punto de vista jurídico no existe ningún obstáculo".
Explicó que de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, lo ocurrido en Venezuela con la ley Habilitante no es un tema que deba contar con el visto bueno del Gobierno venezolano para ser discutido en la OEA e incluso para emitir una resolución al respecto.
Señala que la Carta establece que lo referente a las "alteraciones graves al ordenamiento constitucional de un Estado" que incida sobre el funcionamiento de su democracia, no requiere el consentimiento del Estado que está siendo señalado. "Basta con que el secretario general de la OEA tome la iniciativa en el Consejo Permanente", aseguró.
Consensos
El experto en derecho internacional, Adolfo Salgueiro, coincide con Aguiar sobre la facultad de Insulza para plantear el tema y añade al respecto: "Lo que pasa es que no se va a jugar todo por la democracia venezolana sino tiene a alguien que lo esté apoyando, así que debe estar cuadrando el apoyo de algún Estado".
La opinión del experto concuerda también con la declaración que emitió el coordinador del equipo internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, quien dijo que Insulza le había comunicado que estaba haciendo las consultas respectivas con los representantes permanentes de los países miembros de la OEA, para plantear el caso en el Consejo. Dicho en otros términos, está buscando el máximo apoyo político posible.
La Carta Democrática, en su artículo 19, da una idea de lo que pudiera ser el peor escenario para el Gobierno venezolano "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno" en todos los órganos de la OEA.
Al respecto, el embajador Adolfo Taylhardat acota que "normalmente en el Consejo de la OEA las decisiones se toman por consenso, pero eso no impide que se llegue a una votación", explicó.
Por su parte, Salgueiro considera que el debate se va plantear, pero no cree que se emita una resolución en contra de Venezuela.
Correlación de fuerzas
Taylhardat dice que en el caso de una posible votación, se da por descontado que "los llamados satélites de Venezuela, como Bolivia, Nicaragua y Ecuador" apoyen la posición del Gobierno venezolano. "No se si los países del Caribe que Chávez ha logrado meter en el corral del Alba se arriesgarían a asumir esa posición", dijo.
Por su parte, Asdrúbal Aguiar considera que aparte de Ecuador, Nicaragua y Bolivia, el resto de los países miembros de la OEA que mantienen relaciones "clientelares" con el Gobierno venezolano, han mantenido una política discreta con respecto a "los desaguisados" que ocurren en Venezuela, porque el Gobierno tenía la habilidad de avanzar hacia la dictadura usando recursos de la democracia sin pasar la línea.
Estima que "La gran pregunta es si ellos acompañarán a Chávez luego que en diciembre decidió traspasar la línea de la democracia para consolidar una autocracia del siglo XXI".
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