Expertos en hidrocarburos: "Bolivia ya no es un socio energético para la región"
A cinco años de la llegada al poder de Evo Morales y a casi cuatro de la nacionalización, el gobierno carece de los recursos y de una política para ampliar la producción, explotar nuevos yacimientos y atraer inversiones.
Javier Méndez Araya
"La situación del sector de hidrocarburos es tan desastrosa en Bolivia que el país ya dejó de ser un un socio energético para la región".
Las palabras de Carlos Alberto López, consultor y analista boliviano del sector petrolero, trasuntan a cabalidad lo que muchos expertos y parte de la opinión pública del vecino país piensan sobre la grave crisis energética en desarrollo.
Ésta se hizo evidente a fines de diciembre pasado con un intento de "gasolinazo" (brusca subida de precios) por parte del gobierno de Evo Morales, que motivó masivas protestas populares.
"Los socios actuales y potenciales de Bolivia han perdido la confianza en el país. En el caso del gas natural, desde 2006 Bolivia ha incumplido contratos con Argentina y Brasil, generando una total incertidumbre sobre el futuro", expresa López.
Y es que la actual realidad del sector energético en Bolivia es preocupante. Según informaciones de la prensa local, basadas en datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde 2006 la producción de petróleo crudo se redujo en 51,4% y la de condensado en 3,64%.
Politización
En cuanto al gas natural, desde ese mismo año las empresas producen 41,1 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y no han aumentado su capacidad. De esa cifra, 40 MMmcd están contratados para el mercado externo y otros 5 a 6 MMmcd para el mercado interno, con lo cual se produce un déficit.
Pero, ¿cuál es la explicación a este fenómeno, considerando que en mayo de 2007 Morales tomó el control de los hidrocarburos y alentó a a las petroleras a modernizarse e invertir más?
Expertos del sector petrolero boliviano consultados por "El Mercurio" afirman que desde 2002 se empezó a "politizar" el tema de los hidrocarburos, lo cual se agravó a partir de 2006 con la llegada de Morales al poder, lo que generó un tema de incertidumbre jurídica.
"Casi cuatro años después de la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia aún no cuenta con una muy anunciada nueva ley de hidrocarburos que se supone debería ajustarse a la nueva Constitución aprobada en 2009", explica López.
Además, dicen los expertos, el gobierno no ha tenido una política de hidrocarburos realista y práctica, carece de los recursos para ampliar la producción, explotar nuevos yacimientos y atraer nuevas inversiones.
Miguel Zabala Bishop, director del periódico especializado Reporte Energía en Bolivia, dice a este respecto: "En los últimos años no ha sido alta la inversión en pozos exploratorios y eso ha ocasionado una baja en las reservas y, asimismo, incidencias negativas en nuevos proyectos. Esto es muy grave porque este año nos vamos a quedar cortos en cubrir las demandas del mercado interno y se pondrá en riesgo la provisión al externo".
Para empeorar más la situación, añaden los expertos, con las ganancias petroleras se han dado réditos políticos a sectores afines al oficialismo en desmedro de nuevas inversiones.
"Hay que reencaminar la política de hidrocarburos para que el país despegue. Lamentablemente, las premisas del actual gobierno son ideológicas, lo que dificulta que se puedan realizar los ajustes necesarios en el corto plazo", recalca López.
Pese a todo, el gobierno anunció que YPFB, con una inversión de 351,4 millones de dólares, triplicará este año la actividad exploratoria en la perspectiva de incrementar las reservas de hidrocarburos.
El gobierno de Bolivia está diseñando un plan estratégico para aumentar el control en las fronteras con más militares y funcionarios aduaneros para frenar el contrabando de combustibles. Esa actividad, muy redituable a raíz de los bajos precio debido a los subsidios, fue la excusa de Evo Morales para el "gasolinazo".
La Aduana, junto al Ministerio de Economía, las FF.AA. y la Agencia Nacional de Hidrocarburos estudian de forma conjunta un "plan estratégico" para controlar el contrabando de carburantes.
Además, se ha solicitado al gobierno 130 agentes aduaneros adicionales a los actuales 120, además de 203 funcionarios más para el control de fronteras.
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