JAN MARTINEZ
Veinte palabras bastan para el escalofrío. “La tortura y los malos
tratos en la detención son generalizados en México y ocurren en un
contexto de impunidad”. Así arranca el relator especial de la ONU sobre
la Tortura, Juan Méndez, las conclusiones del informe sobre la visita
que hizo a México del 21 de abril al 2 de mayo pasado. El escrito, que
será presentado en marzo y al que ha tenido acceso este periódico,
revisa los fallos del sistema de seguridad mexicano
y traza un aguafuerte en el que pocos escapan a su crítica: “Hay
evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y
ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas,
pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de
algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
En sus recomendaciones, el relator pide que se ponga fin a una herencia de la presidencia de Felipe Calderón
(2006-2012): el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad
pública. También exige la eliminación del arraigo, la polémica figura
que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y
con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una
persona mientras se decide si se presentan cargos penales. Esta
práctica, muy empleada en la guerra contra el narco, viola, según
Méndez, la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. Su
eficacia también la cuestiona: “De más de 8.000 personas arraigadas
desde 2008, sólo el 3,2% habría recibido condena”.
El punto de partida del informe, que aún es susceptible de modificaciones, es la guerra contra el narco
iniciada en 2006. Esta ofensiva, que llegó a movilizar en su apogeo a
50.000 soldados, disparó las quejas por torturas y malos tratos: si en
los seis años anteriores a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos
había registrado un promedio de 320 denuncias; en 2012 superaron las
2.100. Con la llegada de Peña Nieto, estas reclamaciones se redujeron un 30%, pero muchos de los factores que las propiciaron, según el relator, sobreviven.
El enviado de la ONU establece que la tortura en México se utiliza
predominantemente durante la detención y con objeto de obtener
confesiones sobre el crimen organizado. Las víctimas suelen proceder de
sectores pobres o marginales. El modo de operar, según las denuncias
recogidas en el escrito, muestra un inquietante patrón. Los captores,
vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni
informan de los motivos de la captura. Luego, llega la pesadilla: “Las
personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen,
incluyendo bases militares, donde continúan las torturas: golpes con
puños, pies y palos; toque con dispositivos eléctricos (chicharra),
generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico,
introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada,
suspensión, amenazas, insultos”.
Todo ello puede durar días. A veces, indica el relator, las torturas
acaban en la muerte, y esta viene seguida de la desaparición. En el caso
de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma la violencia sexual:
“Desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los senos y
genitales, introducción de objetos en los genitales y violación
reiterada y por varias personas”.
La persecución de estos abusos no ofrece para el relator de la ONU
resultados tranquilizadores. El informe destaca que entre 2005 y 2013
solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas. El motivo es que,
a su juicio, ni los registros de detención ni los exámenes médicos
recogen bien los abusos. A partir de ahí, todo rueda cuesta arriba. “No
existe control adecuado sobre la legalidad de la detención ni del plazo
para la presentación al ministerio público; no se accede a una defensa
adecuada en forma inmediata; las declaraciones se prestan sin
intervención judicial ni presencia del abogado; no se inician
investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas
bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del
Protocolo de Estambul”, sostiene el informe.
Pese a este deterioro de las garantías, el relator admite que, en los
últimos años, se ha avanzado en la lucha contra esta lacra. Las leyes
han empezado a sacar de la jurisdicción militar las violaciones de
derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, se ha ampliado
el perímetro de protección de los detenidos y se han establecido
protocolos que “fortalecen las salvaguardias”. Todo ello no ha logrado,
sin embargo, “revertir la imperante impunidad”.
En este contexto, el relator muestra su extrema preocupación por la “inaceptable tragedia de Iguala”,
donde “las autoridades municipales en colusión con el crimen organizado
hicieron desaparecer forzadamente a 43 estudiantes normalistas,
ejecutaron a otros seis, algunos con torturas, e hirieron a más de 20
personas”. Para el enviado de la ONU esta matanza ha de servir de
aldabonazo y propiciar una reforma estructural en seguridad.
El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció en diciembre pasado un amplio paquete de medidas legislativas y ejecutivas
para acabar con la impunidad. Entre ellas figuraba la desaparición de
la Policía Municipal, profundamente infiltrada por el narco, la
intervención en ayuntamientos corruptos, y una legislación especial
contra la tortura y los malos tratos. Este periódico trató sin éxito de
recabar la versión de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón.
“Coincidimos con el informe. La tortura sigue siendo generalizada y
se da en el periodo entre la detención y la puesta a disposición
judicial. Y aunque ha habido un descenso, los casos siguen siendo seis
veces más que en 2003”, señaló el director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz.
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