El régimen “bolivariano” venezolano va dando tumbos desde el
autoritarismo hacia la dictadura. El 19 de febrero arrestó al alcalde
electo de Caracas, Antonio Ledezma. Luego ha buscado la expulsión de la
Asamblea Nacional de Julio Borges, un dirigente opositor moderado -un
destino padecido por su colega María Corina Machado, expulsada el año
pasado-. Leopoldo López, otro dirigente opositor, ha estado preso por un
año y hace frente a un juicio. Casi la mitad de los alcaldes opositores
enfrenta acciones legales. La acusación favorita del régimen contra los
políticos hostiles es conspirar para derrocar al gobierno, a menudo en
complicidad con los Estados Unidos. Pero es más bien el presidente,
Nicolás Maduro, quien está escenificando un golpe contra los últimos
restos de democracia. Los venezolanos lo llaman “autogolpe”.
Hugo Chávez, quien fuera el creador y líder máximo del sistema
bolivariano de Estado socialista hasta su muerte en 2013, fue electo
repetidamente por los venezolanos, gracias a ingresos petroleros
imprevistos, y a su compenetración con los pobres. Él consideró su
mayoría como un mandato para asfixiar la democracia venezolana,
asumiendo el control de las cortes y de la autoridad electoral, y
suprimiendo los medios de comunicación opositores. Los gobiernos de
América Latina lo consintieron, en parte debido al apoyo popular que
Chávez tenía.
El señor Maduro, sin embargo, no posee el carisma y la habilidad
política de Chávez, así como su suerte en materia de precios del
petróleo. Políticas económicas descabelladas han generado escasez de
alimentos, una inflación galopante y una pobreza en aumento. El apoyo
popular al presidente y su gobierno se ha desplomado hasta cerca de un
20%. En una contienda justa, la oposición previsiblemente ganaría las
elecciones parlamentarias que deben realizarse este año. Podría luego
celebrarse un referendo en 2016 para revocar el mandato de Maduro.
TIEMPO DE HABLAR FUERTE
En un aspecto -reprimir a la oposición- Maduro ha rebasado a su
antiguo jefe. Chávez le permitía a sus rivales retarlo en votaciones más
o menos libres. Maduro los encarcela. El pasado 24 de febrero un niño
de 14 años fue asesinado en una manifestación anti-gubernamental, por la
bala de un policía. Este último fue arrestado. Pero tales incidentes
aumentan la probabilidad de que la confrontación entre el régimen y sus
críticos se torne violenta, dando excusas para más represión. Con ese
fin, el arresto de Ledezma pudo haber tenido la intención de provocar
una repetición de las manifestaciones del año pasado contra el gobierno,
en las cuales 43 personas de ambas partes del conflicto fueron
asesinadas. Ello sólo sirvió para fortalecer a Maduro.
Maduro tiene la principal responsabilidad a la hora de evitar tal
violencia. Tanto la oposición como los vecinos de Venezuela tienen el
papel de intentar mantener la paz y rescatar la democracia. Enfrentada
con la deriva del gobierno hacia la ilegalidad, la respuesta opositora
debería ser redoblar su compromiso con el Estado de derecho. El señor
Ledezma ha hecho un llamado a favor de la no-violencia. La oposición
está presionando a la autoridad electoral para que establezca una fecha
para las elecciones parlamentarias.
La oposición merece ser ayudada. Por demasiado tiempo América Latina
ha tolerado el abuso de Venezuela a las normas democráticas. Los últimos
escándalos han generado la preocupación de Brasil, la OEA, etc. Tienen
que hacer más. Deberían exigir la liberación de Ledezma y López y exigir
garantías de que las elecciones serán justas. Si fallan en el intento,
deberían entonces suspender a Venezuela de las instituciones regionales,
como la Unión de Naciones Sudamericanas, que exige de sus miembros que
sean democracias. La amenaza de convertirse en un paria podría hacer
reflexionar al señor Maduro.
Traducción: Marcos Villasmil
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