EL NACIONAL
El Tribunal 6º de Control de Caracas, por petición del
Ministerio Público, dictó anoche medida privativa de libertad contra el
alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue aprehendido el jueves
en la urbanización El Rosal por su presunta vinculación con planes
conspirativos.
En la audiencia de presentación los fiscales 20ª
nacional y auxiliar y 16°, Katherine Harrington, Yeison Moreno y José
Orta, respectivamente, imputaron al alcalde de los delitos de
conspiración y asociación, que se están establecidos en el Código Penal y
en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
al Terrorismo.
Se conoció que Ledezma permanecerá recluido en el
Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, situado en Los
Teques, estado Miranda.
Asimismo, se supo que la detención guarda
relación con el caso de Lorent Gómez Saleh, Gabriel Valles, Ronny
Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes se encuentran imputados
por su presunta vinculación con planes conspirativos.
Según la
investigación, Gómez Saleh, Valles y Navarro aparecen en varios videos
manifestando su intención de atentar contra edificaciones públicas y
privadas, con el fin de causar alarma y caos en el país.
Vigilancia.
El abogado defensor Omar Estacio precisó que el alcalde era investigado
desde hacía un año, pero que no estaba al tanto de ello, por lo que
está por determinar si la omisión de esa información es "causal de
nulidad del procedimiento". Indicó que la investigación fue abierta en
marzo del año pasado.
Explicó que luego de la detención por
agentes de inteligencia, estos informaron al alcalde sobre la
averiguación en su contra. Estacio enfatizó que Ledezma nunca antes fue
informado de esa investigación.
"Él se encuentra en muy buen
estado de ánimo y muy optimista de poder demostrar que no mantiene
vinculación con ninguna clase de ilícitos", afirmó.
Anómalo y
arbitrario. El defensor de Ledezma confirmó que el alcalde fue llevado
preso sin que se le mostrara una orden judicial: "Es anómalo que a una
persona se le saque a empellones de su oficina sin necesidad porque él
no opuso resistencia a la autoridad; que se practique una detención sin
que se presente una orden emanada de alguna autoridad, y que los
funcionarios no se identifiquen ante el detenido".
La abogada
penalista Theresly Malavé, ex fiscal del Ministerio Público, considera
que el proceder de los funcionarios policiales y del Poder Judicial en
este caso da como resultado un "expediente amañado". A su juicio, se
trata "de otra detención arbitraria" como consecuencia de la "sumisión
del Poder Judicial al Poder Ejecutivo".
"Es un proceso arbitrario.
El presidente Maduro dijo que la Fiscalía ordenó la detención, y esa no
es competencia de la Fiscalía, sino de un juez. Está amañado porque el
abogado, la esposa y los testigos afirmaron que no había orden de
allanamiento ni de captura y ahora la Fiscalía dice que sí había orden
de un tribunal. Con la forma como se maneja este gobierno, uno puede
pensar que después de practicada la detención, la Fiscalía llamó al juez
y este emitió la orden a posteriori. Así es como ellos arreglan los
entuertos", dijo Malavé.
Sin debido proceso. Alberto Arteaga
Sánchez, ex decano de Derecho de la UCV, alertó sobre las violaciones
del debido proceso: "Una detención solo puede practicarse por orden
judicial motivada, salvo en los casos de flagrancia. Para emitir una
orden de detención tiene que existir una investigación previa en la que
el investigado haya sido notificado de la averiguación, haya tenido
oportunidad de defenderse y presentar alegatos, con garantía de todos
sus derechos. Si la investigación determina que hay presunción de
responsabilidad en hechos punibles y además hay peligro de fuga o de
obstaculización, es entonces cuando puede emitirse la privación de
libertad. Todo indica que eso no se cumplió en este caso".
Arteaga
Sánchez reconoció que, como alcalde, Ledezma no cuenta con
prerrogativas como el antejuicio de mérito o la inmunidad parlamentaria,
pero considera que cuenta con otra condición de gran peso: "Él fue
elegido por votación popular y tiene el aval de la voluntad popular, y
eso no se puede desconocer para apresarlo del modo como se hizo".
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