JOSE IGANCIO TORREBLANCA
Seguro que a muchos de ustedes les preocupa la lamentable situación
que vive la oposición democrática venezolana, hostigada por un régimen
cada vez más disparatado y enloquecido. La reciente detención del
alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, muestra la descomposición de un
régimen que ya ni siquiera se molesta en guardar las apariencias
respecto a la existencia de una mínima y formal separación de poderes.
Los excesos y abusos de los derechos humanos y las libertades
democráticas son tan evidentes cuando se cumple un año de la detención
del también opositor Leopoldo López que ya no pueden ser escondidos por
el régimen, y en modo alguno justificados, como se ha venido haciendo
tradicionalmente, remontándose a las desigualdades sociales, corrupción o
injusticias de la Venezuela anterior a Chávez. Vean por ejemplo la
página de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch donde se dan
cuenta de estas violaciones. No, la Venezuela que vemos hoy,
donde se violan masivamente los derechos humanos de los opositores, no
la construyeron los partidos tradicionales (AD y COPEI) sino que es el
producto de las decisiones libremente tomadas por Chávez y su sucesor,
Maduro.
El desastre de derechos humanos en el que se ha convertido el régimen
de Maduro es evidente. Como lo es la decisión de la izquierda europea y
latinoamericana de mirar hacia otro lado. El silencio de los
vecinos latinoamericanos es ensordecedor, lo que convierte a Venezuela
en la nueva Cuba de América Latina, una excepción permanente a las
reglas de la decencia, que obliga, en aras de argumentos oportunistas y
geopolíticos, a poner entre paréntesis los derechos humanos.
El Parlamento Europeo, que es muy activo en cuestión de derechos
humanos, votó el 18 de diciembre del año pasado una resolución en la que
se condenaba la represión de los derechos humanos en Venezuela. El
texto de la resolución abría con los siguientes considerandos:
Considerando que el líder de la oposición, Leopoldo López, fue detenido arbitrariamente; que, desde su detención, ha padecido torturas físicas y psicológicas y se le ha sometido a un régimen de aislamiento;
Considerando que dirigentes estudiantiles como Sairam Rivas, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, Cristian Gil y Manuel Cotiz, han sido retenidos injustamente durante más de 120 días en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia, y se les han practicado torturas y tratos degradantes en relación con las protestas ocurridas entre febrero y mayo de 2014, siendo acusados de los delitos de instigación a delinquir y uso de menores para la comisión de delitos;
Considerando que, el 20 de octubre de 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, expresó su preocupación por la detención de manifestantes y solicitó la liberación de todos los detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica; que, el 8 de octubre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas calificó la detención de Leopoldo López de ilegal, arbitraria y motivada por sus opiniones políticas, y pidió su liberación, así como la de todos quienes siguen detenidos arbitrariamente;
Vistos estos considerandos, el Parlamento proponía una resolución que incluyera los siguientes términos:
Condena rotundamente la persecución política y la represión de la oposición democrática, las violaciones de las libertades de expresión y de manifestación, y la existencia de censura en los medios de comunicación y páginas web;
Condena rotundamente el uso de la violencia contra los manifestantes; expresa sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas; pide a las autoridades de Venezuela que investiguen esos crímenes y exijan responsabilidades a sus autores sin dejar margen alguno a la impunidad;
Pide a las autoridades venezolanas que desarmen y disuelvan inmediatamente a las asociaciones y los grupos armados descontrolados progubernamentales, y que pongan fin a su impunidad;
Pide al Gobierno de Venezuela que cumpla su propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la independencia judicial, los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacifica, así como al pluralismo político, dado que constituyen elementos fundamentales de la democracia, y que vele por que no se castigue a las personas por ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión;
Como se ve en el gráfico que abre esta entrada, el 75% de los
eurodiputados (476) votaron a favor de esta resolución y sólo el 17%
(109) se opusieron (49 diputados, el 8% se abstuvieron). Sólo
hay dos grupos políticos en los que no se registró ni un voto favorable a
la oposición democrática venezolana. Son, curiosamente, el grupo de
izquierda unida europea (GUE/NGL) y el grupo Europa de la Libertad y de
la Democracia (EFDD) que es donde están los diputados del derechista
Nigel Farage (UKIP) y el Movimiento 5 Estrellas de Beppo Grillo. Los
verdes, como puede ver, se dividieron bastante, aunque la mayoría voto
en contra de la resolución.
Nueve verdes votaron a favor de la resolución de condena a Venezuela y
seis se abstuvieron, curiosamente todos ellos nórdicos, alemanes y
holandeses. Y lo mismo pasó en la Izquierda Unida Europea, donde hubo
tres eurodiputados que prefirieron abstenerse antes que votar contra la
resolución (un sueco, un alemán y una italiana). El resto de Izquierda
Unida Europea, 40 eurodiputados, prefirió considerar esta resolución del
Parlamento Europeo como excesiva y votó en contra.
¿Cómo votaron los eurodiputados
españoles? Una mayoría de los 54 votó a favor, pero 14 votaron en
contra de condenar a Venezuela. Son todos pertenecientes a Izquierda
Unida, Podemos y a los Verdes. Resulta sorprendente que
estos 14 diputados no quieran para la oposición venezolana los mismos
derechos que como oposición disfrutan y sin duda exigirían.
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