HECTOR E. SCHAMIS
La muerte de Alberto Nisman sigue siendo portada en todo el mundo. El
fiscal que tomó el caso, Gerardo Pollicita, ratificó la acusación
formal contra la presidente Fernández de Kirchner y su canciller. Dicha
imputación deberá ser convalidada por un juez, desde luego, pero no
obstante constituye, en sí misma, un mensaje que nadie podrá desoír, ni
el gobierno, ni la sociedad, ni la comunidad internacional.
Tal vez esta sea la respuesta de los fiscales a las agresiones
verbales recibidas por parte de la presidenta dos días atrás. En
silencio y por escrito, Argentina podría estar al borde de una grave
crisis institucional. El vicepresidente también está imputado, por
corrupción, vale la pena recordar.
Los periódicos más importantes del mundo, incluyendo este, han
expresado la necesidad de una investigación internacional. Otras
voces—gobiernos extranjeros, organizaciones de Derechos Humanos y
celebridades como Mia Farrow y Martina Navratilova—han hecho ese reclamo
de manera más enfática. Es que el gobierno argentino no tiene
credibilidad en cuanto a su capacidad e interés en resolver el caso.
¿Cómo podría? La imputación en cuestión es por el delito de
encubrimiento de los acusados por el ataque terrorista de 1994.
Fernández de Kirchner actúa por reflejo condicionado, esperando que
el caso desaparezca de los medios informativos y rechazando la idea de
una investigación internacional. El caso no desaparecerá de los diarios
internacionales por un buen tiempo. El mundo entiende muy bien aquello
que el gobierno argentino pretende ocultar. Suicidio o asesinato, la
gravedad de esta muerte no tiene precedentes. Un fiscal federal, con
evidencia acusatoria contra el gobierno, estaba a punto de presentar esa
evidencia ante el Congreso. Los tres poderes del Estado concentrados en
el caso Nisman. Proteger la vida de ese fiscal era responsabilidad del
gobierno. Por acción o por omisión, se trata de un crimen de Estado.
El gobierno argentino rechaza la intervención de la comunidad
internacional en cualquiera de sus formas. Evitar esa intervención,
traducida como “injerencia en asuntos internos”, parece ser el objetivo
exclusivo de las misiones diplomáticas argentinas en estos días. El
gobierno apela a la noción de soberanía para resolver el caso dentro de
su jurisdicción. Llamémoslo, resolverlo en privado.
El problema es que Fernández de Kirchner es víctima de múltiples
conspiraciones, según propia admisión, no solo por parte de potencias
imperiales, el capital financiero y el sistema judicial de Nueva York.
También es víctima de las conspiraciones desestabilizadoras orquestadas
por individuos, ciudadanos argentinos residentes en Argentina, Stiuso,
Lagomarsino o Magnetto. En otras palabras, un gobierno tan débil, ¿cómo
podría resolver un caso tan complejo? Siendo así, Fernández de Kirchner
necesita ayuda internacional para resolver el ataque terrorista de 1994 y
la muerte del fiscal Nisman. El rechazo solo contribuye a reforzar la
hipótesis de encubrimiento.
Pero la cuestión es más compleja que los deseos de una presidente
confundida. El ataque a la AMIA constituye un crimen de lesa humanidad.
El terrorismo siempre lo es, pero además, el juez de la causa, Rodolfo
Canicoba Corral, explícitamente calificó ese atentado como delito de
lesa humanidad en noviembre de 2006. Esto implica que la causa AMIA no
prescribirá jamás y es de jurisdicción universal, tal como lo dispone la
convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de
lesa humanidad adoptada por las Naciones Unidas en 1968, tratado que,
por otra parte, está homologado en la propia Constitución Argentina. Por
añadidura, es plausible pensar en el caso Nisman, su denuncia y su
muerte, como parte del mismo proceso legal.
Más aún, una investigación internacional no solo sería necesaria,
bienvenida y jurídicamente pertinente. Sería también catártica para
Argentina, una herramienta para una transición política que, a esta
altura y en menos de 300 días, deberá ser de régimen, no tan solo de
gobierno. Piénsese en una comisión de notables para investigar el caso
AMIA y la muerte del fiscal Nisman, así como en 1983 Alfonsín creó la
CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, para
investigar los crímenes de los setenta. Sería útil una comisión AMIA,
que además esté abierta a la cooperación con gobiernos, organizaciones
internacionales y organismos de Derechos Humanos.
Argentina tiene democracia desde 1983, pero en muchos sentidos debe
volver a empezar. El caso AMIA y Nisman es solo el más significativo de
una muy larga lista de violaciones de derechos. Ojalá que esa necesaria
catarsis sirva para otro “Nunca Más”.
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