Grupo La Colina

LA PROVINCIA DESAMPARADA

   
                 CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ

EL UNIVERSAL

Jamás la provincia había sufrido un abandono extremo como hoy. Alimentos, medicinas, vestido y demás bienes son en el interior mucho más caros y difíciles de conseguir que en la capital, que a su vez está hiperarruinada. En primer lugar porque las revoluciones se hacen para concentrar y centralizar el poder y así oponerse a los “contrarrevolucionarios”, como llaman cualquier poder social distinto a la autocracia. La revolución trata de liquidar las fuerzas autónomas, las empresas, los medios de comunicación, la Iglesia. Tomar bajo su control la totalidad del Estado y por lo tanto liquidar los poderes Legislativo y Judicial. Y someter la provincia a los mandos centrales.

  

Desde los años dictatoriales de Juan Vicente Gómez el país vivió una dinámica de centralización y concentración del poder, que se detuvo en 1989 con el Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez, su Ley de Elección Directa de Gobernadores y la de Régimen Municipal que creó la figura y permitió elegir alcaldes por el voto popular. Ambas decisiones mejoraron de manera exponencial la eficiencia de esos funcionarios y permitieron el ascenso en las condiciones de vida de pueblos y aldeas.

Y desde el inicio de la tragedia de 1998, la destrucción se enfiló precisamente contra las autonomías regionales y municipales, los partidos políticos, los productores de riqueza y cualquier otra forma de modernidad, porque molestaban al Galáctico. Como el abrumador apoyo popular les permitía ganar gobernaciones y alcaldías, los exterminadores aprovecharon la ventaja pero con la idea entre ceja y ceja de castrarlas “en el proceso”. De entrada en 1999 se abolió el situado para los estados que establecía la Constitución de 1961. Este consistía en un porcentaje de los ingresos fiscales ordinarios y extraordinarios que les correspondía automáticamente. 

Reivindicar la provincia

Veinte años después, el balance consiste en que el experimento revolucionario destruyó Pdvsa, la educación pública, la moneda, los servicios que prestaba el gobierno, la profesionalidad de las FFAA, y perdió el control sobre las fronteras y parte del territorio en manos de grupos irregulares. El esfuerzo es ahora para impedir la desintegración del país al estilo africano. En definitiva la revolución destruyó el Estado y la sociedad, con profundo deterioro de la vida cotidiana, especialmente de la provincia más que de la capital. Por el otro lado del espectro político el panorama no lució mejor.

Parte del liderazgo urbano y mesocrático desde 2016, asesorado por Mefistófeles, trató el interior del país como asunto de menor cuantía. Lo importante era el asalto del cielo, el Poder, con mayúscula, y por eso había que luchar por el RR. Las elecciones de gobernadores eran de segundo orden y muchos “dirigentes nacionales” (más bien caraqueños) expusieron esa nueva doctrina, aunque con resultados trágicos. A los activistas regionales y locales, perseguidos, empobrecidos, acosados por la revolución, cuyo sacrificio permitió ganar en 2015 la Asamblea Nacional, ahora los condenaban desde algún sanedrín en el este de Caracas a no ser alcaldes ni concejales. 

“¡Que se defiendan solos porque nosotros estamos en las grandes ligas!”. Un gobierno para reinstitucionalizar el país que surgiera del voto el 20 de mayo, debe tener como punto prioritario regresar a la descentralización y la desconcentración. Ello comienza por devolver las atribuciones constitucionales de la AN, que el gobierno le arrebató en sucesivas acciones de fuerza, para recuperar la separación de las ramas del poder. Y la AN tendrá en sus manos, junto con el Poder Ejecutivo nacional, realizar los procedimientos para transferir competencias y recursos a los estados y municipios.

Mucho abarca poco aprieta
Entre las desgracias que trae inseparablemente la revolución una es arrancar a los niveles medios y bajos de la administración la capacidad de tomar decisiones. Eso congestiona de tal manera el Estado central, que explota la entropía. Si para hacer un puente sobre una quebrada en Socopó, en El Pilar o en El Manteco, se requiere la firma de un ministro o incluso del Presidente de la República, lo más probable es que no se hagan nunca o cuando se aprueben ya no existan las quebradas. Es necesario devolver los recursos económicos a gobernaciones y alcaldías para que puedan hacer las obras necesarias.

Al mismo tiempo fortalecer las capacidades contraloras de los consejos regionales para que garanticen la transparencia de las inversiones. Y existen amplias posibilidades de conseguir financiamiento internacional para la masiva construcción de infraestructura en todo el territorio, en sinergia entre el poder nacional, el estadal y el municipal. Un nuevo gobierno inyectará millones de dólares a la provincia para la descentralización, que se traducirán en mejorar rápidamente su nivel de vida.

Viene una firme alianza con los organismos financieros internacionales como el FMI, el BID, la CAF, el Banco Mundial, la Unión Europea. Eso permitirá que el país salga muy rápido de esta pesadilla que nos buscamos. Pero para eso ese sector lleno de resentimientos debería voltear la carabina con la que dispara cada minuto contra Henri Falcón y entender que el país obliga a que salgan del pozo de errores que los llevaron a su actual postración, y dejen de trabajar para Maduro.

@CarlosRaulHer