FERNANDO OCHOA ANTICH
EL NACIONAL
A todo militar, que haya elegido la carrera de las armas con genuina
vocación, tiene que impactarle dolorosamente la información que ha
circulado, en los medios de comunicación alternativos, sin que haya sido
desmentida, sobre la detención de más de 250 compañeros de armas de las
diferentes fuerzas y su inmediato sometimiento a los tribunales
militares, acusados de haber cometido delitos de traición a la patria e
incitación a la rebelión. Una acusación de tanta gravedad obliga
éticamente al ministro de la Defensa y al Alto Mando Militar a dar una
detallada explicación a la opinión pública sobre lo que supuestamente ha
ocurrido en el seno de la institución armada. Esa obligación es aún más
perentoria cuando tiene que ser necesariamente vinculada a lo acaecido
recientemente cuando Nicolás Maduro, de manera absolutamente ilegal,
emitió un decreto presidencial mediante el cual se degradaba y expulsaba
de la Fuerza Armada Nacional a 24 oficiales activos y retirados de
diferentes grados.
Al mismo tiempo que apareció la noticia de esas detenciones,
curiosamente, empezaron a circular a través de las redes numerosos
mensajes ofensivos a la dignidad y el honor de los miembros de la Fuerza
Armada Nacional. Es importante diferenciar el contenido de esos
mensajes, de las severas críticas que, desde hace varios años, han
realizado los venezolanos ante la inaceptable posición que ha mantenido
nuestra institución, representada por sus altos mandos, al ser utilizada
para actividades de orden político-partidista, en brutales acciones
represivas contra manifestaciones pacíficas y la participación de
algunos de sus integrantes en graves hechos de corrupción. En verdad,
dichos mensajes denigrantes, de autores desconocidos, me causaron
sorpresa y malicia. Intuyo que fueron redactados y publicados por
expertos en guerra psicológica, pertenecientes a los organismos de
inteligencia del Estado, con la finalidad de generar odio en la sociedad
en contra de los miembros de la Fuerza Armada y viceversa.
Es importante analizar, con alguna perspicacia, esta ola de
arbitrariedades. No tengo la menor duda en afirmar que esas detenciones
han sido ordenadas por Nicolás Maduro con la deliberada intención de
atemorizar a los cuadros militares y crear incertidumbre y desconfianza
entre ellos. Esa es la razón de la gravedad de los delitos que se le
imputan a todos por igual: traición a la patria e incitación a la
rebelión. El creciente malestar existente en el sector civil también
está presente en la Fuerza Armada Nacional. Las razones sobran. No hay
ingreso que pueda resistir la creciente hiperinflación que nos azota a
todos por igual. Además, hay razones de orden profesional que causan
desasosiego e inconformidad en los amplios sectores institucionales de
la organización militar: los ascensos y la asignación de cargos, durante
estos dieciocho años de gobierno revolucionario, perdieron
progresivamente su sentido de justicia y reconocimiento al mérito para
privilegiar el grado de lealtad al régimen y el compromiso
político-personal con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Además de las razones de orden profesional, sobre las cuales no
profundizo por razones de espacio, ha surgido un profundo malestar en
los cuadros como consecuencia del desprestigio de la Fuerza Armada
Nacional en la sociedad venezolana. El empleo de un importante número de
oficiales en cargos civiles y su vinculación con los inmensos errores
de la gestión de Nicolás Maduro son percibidos como causas de ese
desprestigio. Ese rechazo lo siente el oficial activo en el colegio de
los hijos, en reuniones familiares, o en cualquier otra actividad donde
deba interactuar con el resto de la sociedad. También se rechaza la
subordinación del gobierno madurista al régimen cubano y su debilidad
para enfrentar nuestra reclamación territorial con Guyana. Esa
permanente presión psicológica conduce al militar activo a criticar
cualquier acción del gobierno nociva a la imagen de nuestra institución.
Tal reacción es considerada como una muestra fehaciente de su falta de
lealtad a la revolución bolivariana y conduce de inmediato a su
detención y acusación por traición a la patria e incitación a la
rebelión.
Inexplicablemente, los distintos niveles del mando han permitido
que ese sistema represivo se aplique a los cuadros militares sin hacer
oír su voz de protesta ante tan inmensa injusticia. Es posible que, en
estos últimos años, puedan haber existido algunos intentos conspirativos
ante el fracaso del gobierno de Nicolás Maduro y su permanente
violación de la Constitución. Sin embargo, la percepción existente en la
sociedad es que esos intentos de rebelión militar surgen de la lucha
existente entre chavistas y maduristas, en la cual la mayoría de los
oficiales institucionalistas no toman partido. De todas maneras, el
temor que esa situación produce en Nicolás Maduro lo ha conducido a
tomar medidas represivas, con la anuencia de los mandos, por cualquier
nimiedad que, a su juicio, constituya una amenaza para la estabilidad de
su dictadura. Mi esperanza es que los altos mandos asuman su papel de
verdaderos jefes militares y se avoquen a evitar los abusos en contra de
sus subalternos, a quienes deben comandar y proteger.
También creo importante recordarles a los dirigentes políticos de
la oposición, quienes justificadamente exigen, entre otras condiciones,
la libertad de todos los presos políticos para acceder a negociar con el
régimen, que existen 250 presos militares y que sería una gran
inconsecuencia no tomarlos en cuenta en esa petición. Es posible que el
régimen argumente que esos profesionales estaban conspirando en contra
del gobierno constitucional. Ese planteamiento no tiene sustento alguno.
Al contrario, en el caso que alguno de ellos haya estado vinculado en
algún proceso de desconocimiento de Nicolás Maduro y su gobierno, como
consecuencia de su permanente violación de la Constitución Nacional, su
actuación habría estado en cabal consonancia con el contenido del
artículo 333 constitucional que reza: “Esta Constitución no perderá su
vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere
derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal
eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el
deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
fochoaantich@gmail.com.
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