ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
Los setenta años de la fundación de la OEA fueron recordados en una
asamblea general en la que, como era previsible, se convirtió en tema
central la situación de Venezuela. La conciencia sobre lo que esto
significa dentro y fuera del país, por lo crítico y acelerado del
derrumbe, quedó muy bien reflejada en discursos y en un documento que
evidencia la generalizada preocupación y la disposición a actuar. La
Resolución 2929 del 5 de junio es la más enérgica entre las acumuladas
desde 2002 sobre la erosión de la democracia venezolana. Fue aprobada
con solo 4 votos en contra: las 11 abstenciones, dada la secuencia
previa, revelan la dificultad y hasta el costo que tienen para los
gobiernos que antes eran cercanos, de lucir próximos al desprestigiado
régimen venezolano.
Desde el presente es interesante mirar hacia atrás, al inicio de las siete décadas transcurridas a partir de abril de 1948. Entonces, con muy activa participación de la delegación venezolana presidida por Rómulo Betancourt, quedaron registradas ideas que ahora se manifiestan con renovada vigencia.
Ya en aquel tiempo estuvo presente en la OEA la tensión entre la
responsabilidad hemisférica en materia de protección de los derechos
humanos y la democracia, por una parte y, por la otra, el principio de
no intervención. Sobre lo primero, decía Betancourt en su discurso ante
la plenaria de la Conferencia de Bogotá que habría de aprobar la Carta
de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre:
“Venezuela auspicia la sinceridad democrática continental y el respeto
efectivo de las libertades y la dignidad del hombre”. Sobre lo segundo,
afirmó: “El principio de no intervención, recta y no falazmente
interpretado fue tesis reafirmada aquí con singular énfasis (al recordar
que) no viola ese principio del derecho público americano, sino que lo
complementa y humaniza, la defensa colectiva de los derechos del
hombre”.
De entonces a esta parte se sucedieron olas mayores y menores de
autoritarismos que, en su diversidad, siempre han compartido la defensa a
ultranza del principio de no intervención (salvo cuando se trata de sus
propias políticas injerencistas). También en esos ciclos, debe
recordarse, ha habido muchas insinceridades por parte de los gobiernos
democráticos que han dado la espalda a la pérdida de libertades y
derechos en otros países, al dejar que prevalezca la barrera de la no
intervención.
A esas realidades obedeció el lento desarrollo del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Transcurrieron
casi 40 años desde la aprobación de la Declaración Americana (1948), la
creación de la Comisión (1959), la firma de la Convención Americana (en
1969, pero solo vigente en 1978) hasta el nacimiento de la Corte en
1979. En adelante, el procesamiento de denuncias, la publicación de
informes y las decisiones judiciales se multiplicaron y, pese a las
persistentes presiones autoritarias, se han ido fortaleciendo como
instancias de seguimiento, evaluación, protección, denuncia y sanción en
materia de violación de derechos humanos.
Evolución similar se encuentra en las medidas para la protección
de la democracia que, al resumir la larga historia en lo que aquí es más
relevante, se sintetizan en el enunciado inicial de la Carta
Democrática Interamericana (2001). Así se invocó por primera vez en
diciembre de 2002, precisamente ante la crisis política venezolana: “Los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y protegerla”.
A partir de 2014, tanto los informes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos como las resoluciones del Consejo Permanente de la
OEA –a los que deben añadirse los cuatro informes del secretario general
Luis Almagro– fueron haciéndose cada vez más sinceros en la
caracterización de la situación venezolana. De ese modo se llegó al
informe Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos en Venezuela, publicado por la Comisión en el pasado mes de febrero y al Informe del panel de expertos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela presentado a finales de mayo, bajo el patrocinio de la Secretaría General de la OEA.
Considerada dentro de este bosquejo, la Resolución 2929 sobre
Venezuela, aprobada el pasado martes, es el hito más reciente en una
secuencia de aumento de preocupación y compromiso hemisférico ante una
crisis que ya no hay modo de desconocer. Tres de sus puntos resolutivos
son especialmente reveladores de una mayoritaria sinceridad democrática,
tanto más porque no van acompañados por la tradicional invocación falaz
del principio de no intervención. Quedó declarada la carencia de
legitimidad de la elección presidencial, hecho el llamado a los miembros
para “implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y
el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes
a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al
restablecimiento del orden democrático en Venezuela” y, no menos
importante, fue decidida la aplicación “en estricto apego al texto y
espíritu de la Carta Democrática Interamericana de lo previsto en ella
para la preservación y la defensa de la democracia representativa, en
los artículos 20 y 21”, es decir, la reafirmación de la voluntad de no
dar la espalda a los venezolanos. Así sea.
elsacardozo@gmail.com
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