EFE
Los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la
impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una
implicación mayor de la Corte Penal Internacional (CPI) para identificar
a los culpables y otorgar Justicia a las víctimas, según la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En su segundo informe a distancia – las autoridades le deniegan el
acceso al país- sobre la situación de las libertades fundamentales en
Venezuela, presentado hoy, el organismo denuncia cientos de homicidios,
presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de
manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de
seguridad.
“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de
enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos
humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación
de la CPI en esta materia”, afirmó el alto comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un
comunicado.
En febrero de este año, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un
examen preliminar para analizar los supuestos crímenes de lesa
Humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas y la
agitación política de abril a julio de 2017.
La Oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las
protestas y en breve entregará el presentado hoy y, en función de
acuerdos pre-establecidos, dará más información y contactos si así le
fuera requerido.
“Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a
los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones
arbitrarias o casos de torturas, han sido sistemáticas y que se repiten
en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar
las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo”,
afirmó en declaraciones a Efe uno de los autores del texto, Carlos de la
Torre.
El investigador agregó que otra revelación clara del estudio ha sido
la “falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de
violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no
acceden a la Justicia del propio país”, completó De la Torre.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones
sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad
con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de
detener a los “criminales” sin orden judicial y manipulación del lugar
de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las
muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.
La Fiscalía inició 373 investigaciones, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna.
En el informe se denuncia también la aparente “impunidad generalizada
en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de
la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017”.
De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior Fiscal
General contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo
hay conocimiento del inicio de un juicio formal.
Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores
políticos o personas consideradas como opositoras o como amenazas para
el Gobierno fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril
de 2018.
Y, hasta la fecha, aún hay, 280 personas “arbitrariamente privadas de
libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos
o por ser consideradas una amenaza al Gobierno”.
Además, el informe documenta unos 90 casos de detenidos sometidos a
tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que “en muchos
casos puede llegar a constituir tortura”.
Esos actos comprendieron descargas eléctricas, golpes con tubos de
metal y bates de béisbol, violaciones y otras formas de violencia
sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros
de ejecución y privación de agua.
En el texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la
que atraviesa el país y acusa al Gobierno de Venezuela de “ignorar” su
dimensión.
“En el informe determinamos que hubo unas políticas sociales y
económicas que desencadenaron esta situación. Pero además hay una
inacción de las autoridades en mitigar el impacto de esas políticas, por
lo que hay una clara responsabilidad del Estado por haber generado una
situación y por no mitigarla”, subrayó De la Torre.
En marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica.Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.
“Cuando una caja de leche materna cuesta más que dos veces el salario mínimo y protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel, la extrema injusticia se manifiesta con toda su violencia”, concluyó Zeid. EFE
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