FERNANDO OCHOA ANTICH
EL NACIONAL
La selección del título de este artículo no se debe a la profusa
utilización del delito de traición a la patria que, con extremada
ligereza, se le ha dado en estos tiempos de “revolución”, para tipificar
como grave cualquier expresión de un ciudadano, en particular si es
militar, de inconformidad con los desafueros del régimen madurista.
Estoy convencido de que ninguno, de los casi cien militares detenidos
este año, ha cometido ese delito, que, por cierto, es muy difícil de
probar; ni tampoco el de instigación a la rebelión, intento de motín y
acto contra el decoro militar. Lo que en realidad busca el régimen
madurista es ahogar esas expresiones de descontento mediante el empleo
del terror. La razón del título de este artículo es otra. Deseo
referirme a la inexplicable e inexcusable conducta asumida por Hugo
Chávez, Nicolás Maduro y todos aquellos sobre quienes ha recaído la
responsabilidad de defender la integridad y soberanía de nuestro
territorio durante estos dieciocho años de desgobierno.
Voy a referirme a un solo caso en esta oportunidad: las
negociaciones con el gobierno guyanés, derivadas de la aplicación del
Acuerdo de Ginebra y la conducta, irresponsable y entreguista, asumida
por los funcionarios antes mencionados, que nos ha conducido a un estado
de precariedad tal que han puesto en peligro la justa reivindicación
territorial a la cual tenemos derechos irrenunciables. Esa conducta sí
justifica la acusación de traición a la patria. Justamente, uno de sus
graves errores fue no tomar en cuenta la importancia que tiene en
cualquier negociación internacional el estudio detallado y objetivo de
la realidad mundial y regional con el fin de poder determinar con
precisión las acciones a tomar, los posibles aliados y adversarios.
También es fundamental tener muy claro el objetivo que se espera
alcanzar. La política exterior de los gobiernos “bolivarianos” se ha
sustentado fundamentalmente en valores ideológicos y compromisos
“político-revolucionarios”, desdeñando los verdaderos intereses
nacionales.
Esta realidad es lo que explica la absurda alianza del gobierno
venezolano con los de Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua y Bolivia y su
permanente hostilidad hacia los gobiernos de Estados Unidos, Canadá,
Europa y de los países democráticos de la América Latina. Tal
orientación de nuestra política exterior compromete la relación con
nuestro principal socio comercial y natural mercado petrolero y pone en
grave riesgo la reclamación del territorio Esequibo y la delimitación de
las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Esta absurda
política exterior es lo que ha permitido a Guyana radicalizar sus
posiciones y explica la decisión de Antonio Guterres, secretario general
de la ONU, de poner en manos de la Corte Internacional de Justicia la
solución de la ya muy larga controversia entre Venezuela y Guyana. El
procedimiento de los buenos oficios, aceptado por los dos gobiernos
después del fracaso de las negociaciones bilaterales, tenía cerca de 29
años de aplicación sin encontrar ninguna solución.
El gobierno de Venezuela rechazó recientemente esa decisión del
secretario general de la ONU mediante un comunicado en el cual expresó
que “recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia resulta
inaceptable, estéril e inaplicable, ya que violenta el preámbulo del
Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece, taxativamente, que la
controversia debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte
aceptable para ambas partes. Venezuela ha propuesto al gobierno de
Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una
solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial”. Esta
posición la debemos respaldar los venezolanos, pero sin olvidar la
orientación antipatriótica que ha caracterizado las actuaciones de los
gobiernos “bolivarianos”. Una de las posiciones más firmes de Venezuela
era el desconocimiento de cualquier concesión que Guyana pretendiera
otorgar en el territorio Esequibo. Hugo Chávez renunció a esa posición
creyendo que así obtendría el respaldo de los países caribeños para su
política expansionista del “socialismo del siglo XXI”.
El embajador Sadio Garavini, diplomático de larga experiencia,
mantuvo en unas recientes declaraciones que “Venezuela se ancla en que
no hay jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ya que en su
interpretación el Acuerdo de Ginebra establece que solo se puede ir a
esa instancia si hay voluntad de ambas partes” y recuerda que varios
juristas venezolanos han sostenido una tesis contraria. También señaló
que “la actual situación del problema del Esequibo no es solo fruto de
la inacción y lentitud de respuesta de nuestra cancillería, sino también
de una serie de costosos errores, entre ellos, el silencio que mantuvo,
en el año 2014, al no responder el reclamo de Guyana de trasladar la
controversia a la Corte Internacional de Justicia, con el argumento de
que en 25 años, ahora 29, el procedimiento de los buenos oficios no
había dado resultado. Lo lógico hubiese sido responder a dicho
planteamiento sugiriendo cualquier otro de los procedimientos de
solución pacífica de las controversias establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas, como, por ejemplo, la mediación”
En verdad, “esos costosos errores” cometidos durante estos
dieciocho años, exigirán de una política exterior muy prudente para
poder salvaguardar los intereses vitales de Venezuela que han sido
puestos en riesgo. Voy a recordar otro caso para que los venezolanos
evalúen la responsabilidad que también tiene Nicolás Maduro en estos
asuntos: en septiembre de 2013, hizo una visita oficial a Georgetown.
Curiosamente, aceptó esa invitación días después de que el ministro del
ambiente de ese país había dado una rueda de prensa en San Diego
informando que Guyana había entregado una concesión petrolera a la
empresa Anadarko en el bloque Roraima, la cual afecta la fachada
atlántica de la zona en reclamación y la del estado Delta Amacuro.
Durante su visita, en lugar de rechazar el derecho de Guyana a ese
espacio marítimo, guardó un sorprendente silencio, el cual pudo haber
producido un stoppel de aquiescencia favorable a Guyana y contrario a nuestros intereses nacionales.
No satisfecho con esta muestra de absoluta debilidad, en la rueda
de prensa que ofreció después de la lectura del comunicado conjunto de
los dos gobiernos, declaró irresponsablemente que “recientemente han
salido documentos desclasificados de la década de los sesenta, setenta y
ochenta que demuestran quiénes eran los intrigantes que preparaban una
guerra con Guyana”, sin valorar que ese planteamiento debilitaba nuestra
autoridad moral en las negociaciones, pudiendo llegar a comprometer sus
resultados. Esa absurda posición coincide con la sostenida por Hugo
Chávez cuando “se atrevió a decir que la reclamación venezolana se había
originado por presión de Estados Unidos”. Como se puede apreciar, las
autoridades venezolanas, desde 1998 hasta el presente, han actuado de
una manera tan criminalmente irresponsable en el tratamiento de un
asunto tan delicado que han llegado a atentar contra la integridad de
nuestro territorio. Entonces, ¿quién comete el delito de traición a la
patria? Por otra parte, no es con fatuos eslóganes, tales como: “En
Venezuela el sol sale por el Esequibo” como se defiende la soberanía
nacional, sino actuando, profesional y patrióticamente, para
salvaguardar nuestros inalienables derechos sobre el Esequibo.
fochoaantich@gmail.com.
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