"Peligra el proceso político, institucional y democrático"
ELVIA GÓMEZ | EL UNIVERSAL
9 de enero de 2011
La decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de someter a la consideración del Consejo Permanente del organismo el paquete de leyes aprobadas por la fenecida Asamblea Nacional de Venezuela y, particularmente, la Ley Habilitante otorgada al Presidente Hugo Chávez por 18 meses, es considerada legítima y pertinente por el profesor Jesús Ollarves Irazábal.
El académico, especializado en Derecho y Política Internacionales y docente en la especialidad en Derechos Humanos de la UCV, explicó que si bien no existe en nuestro país una alteración del orden constitucional como el que ocurrió en el año 2002, "sí hay un proceso que pone en riesgo el proceso político, institucional y democrático y el legítimo ejercicio del poder de los nuevos diputados electos. No denota la misma gravedad y urgencia que un golpe de Estado, como fue el caso de Honduras", pero se viola el Artículo 30 de la Convención Interamericana sobre DDHH.
La Carta Democrática Interamericana, dijo Ollarves, no prevé plazos precisos en estos casos pero indicó que una vez que Insulza lleve el caso a la consideración de los otros países del continente lo primero sería convocar el comité de cancilleres y establecer las gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios.
"Al tratarse de un proceso político, el Consejo Permanente según la situación podrá determinar gestiones diplomáticas para normalizar la institucionalidad democrática. Eso puede llevar cierto tiempo".
"En materia de leyes habilitantes a los estados les está completamente vedado restringir los Derechos Humanos. No se pueden crear procesos penales ni disposiciones penales para castigar delitos. Y sin embargo en el paquete de leyes se le dio facultades (a Chávez) para crear delitos y procedimientos penales. Esto va contra el Artículo 30 de Convención que proscribe todo acto orientado a la supresión de los derechos consagrados en ese tratado. En circunstancias excepcionales y bajo condiciones muy precisas la convención permite suspender algunas de esa garantías y cuando se hace referencia a la palabra "ley" es cuando ésta es producto de organismos legítimos, como la AN o congresos, pero bajo ninguna posibilidad que surja de un poder conferido al jefe del Estado. Consecuentemente, el Consejo Permanente de acuerdo a los términos de la Carta Interamericana debe hacer una apreciación colectiva de la situación. Es claro que hay ilegitimidad del desempeño del Presidente".
Ollarves calificó como "un desaguisado" la acusación del embajador Roy Chaderton contra Insulza por "injerencia". "En materia de DDHH y democracia, los estados tienen erga omnes, que es la obligación para con todos los estados de supervisión y de control. Su cumplimiento le incumbe a toda la comunidad".
"Con la Ley Habilitante Hugo Chávez les arrebató a los nuevos diputados las competencias prescristas en la Constitución, burlando una vez más la voluntad popular y, lo más grave, que fue avalado por la sentencia del TSJ que determinó la legitimidad de la Ley Habilitante". La Sala Constitucional avaló el carácter orgánico del primer Decreto de la Habilitante como fue la creación del Fondo Simón Bolívar.
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