CARLOS TABLANTE
Desde
que fueron electos los integrantes de la Asamblea Nacional por 14
millones de votos, esa legítima representación ha sufrido el ataque
permanente del terrorismo de Estado.
Siendo
el Poder Legislativo el más representativo de la soberanía popular, ha
sido sometido de manera sistemática a todo tipo de agresiones para
anular sus competencias legislativas y de control.
La
falsa asamblea constituyente y el fraudulento Tribunal Supremo de
Justicia han sido las armas utilizadas por el autócrata Maduro para
intentar anular al verdadero poder popular, la Asamblea Nacional. Se
viola la inmunidad parlamentaria, consagrada en la Constitución. Se les
arrebata a los diputados su documento de identidad (pasaporte), se les
eliminan sueldos y dietas para obstaculizar su labor, se desconocen sus
decisiones e incluso, un indigno oficial de la Guardia Nacional
Bolivariana es ascendido como premio después de agredir al presidente de
la Asamblea Nacional y de apoyar el ingreso al palacio legislativo de
colectivos oficialistas violentos y armados que atacaron a los
parlamentarios poniendo en riesgo sus vidas, como fue el caso de los
diputados Américo de Grazia (CausaR), Nora Bracho (UNT) y Armando Armas
(VP), entre otros, y también la de varios empleados del parlamento.
Se
persigue y encarcela ilegalmente a los representantes del pueblo, como
ocurrió con los diputados Gilber Caro (VP), Renzo Prieto (VP), Lester
Toledo (VP) y Wilmer Azuaje (PJ). Más recientemente, Ismael García (VP),
José Manuel Olivares (PJ) y el propio Julio Borges (PJ) recibieron
amenazas que incluían a sus familias por lo que se vieron obligados a
exiliarse.
También
han sido perseguidos e inhabilitados políticamente los líderes Antonio
Ledezma, María Corina Machado, Henrique Capriles y Leopoldo López que ya
lleva más de cuatro años preso. La lista se alarga con los nombres de
diputados regionales, concejales y alcaldes. Por mencionar solo algunos:
Daniel Ceballos (VP), Alfredo Ramos (CR), David Smolansky (VP).
A
esto hay que añadir la ilegalización de los principales partidos
políticos de la oposición, así como la persecución de los dirigentes
sindicales y gremiales, los activistas locales y regionales de Voluntad
Popular y Primero Justicia.
El
terrorismo de Estado ha sido la característica del régimen para acosar y
anular a la disidencia, utilizando la siembra de pruebas falsas y la
manipulación de expedientes usando a jueces como sicarios judiciales
para encarcelar y torturar a los opositores.
Como
hemos dicho, condenamos la violencia venga de donde venga pero,
indudablemente, quienes exhiben de manera grotesca la hegemonía del
poder en Venezuela, son los que tienen la mayor responsabilidad a la
hora de garantizar la plena vigencia de la Constitución.
Atrincherarnos
en posiciones extremas y antagónicas, en las que una parte del país
quiere aplastar a la otra, nos aleja aún más de la salida lo menos
traumática posible que la mayoría desea.
Maduro
convierte una chapuza terrorista, que rechazamos, en una nueva excusa
para reprimir y encarcelar a sus opositores. Los objetivos, por ahora,
son los diputados Juan Requesens y Julio Borges, sometidos a una cruel
represión.
Las
acusaciones de un régimen mentiroso no tienen credibilidad. Como ha
dicho Luis Almagro, secretario general de la OEA, hace falta una
investigación seria e independiente, ajena a las manipulaciones del
autócrata Maduro.
Entre
los peores remedios frente al terrorismo de Estado se encuentran el
aventurerismo y la violencia política, cuyas consecuencias pueden ser la
materia prima de escenarios aún más indeseables.
Debemos
aumentar la presión de la comunidad internacional como se ha hecho
hasta ahora. Al mismo tiempo, tenemos que impulsar la acción política y
social interna, con iniciativas como el paro nacional propuesto por
Andrés Velásquez, midiendo bien nuestras fortalezas y sin crear falsas
expectativas. Hay que avanzar con una conducción opositora unida, cuyo
objetivo sea la salida urgente de Maduro como principal responsable de
la tragedia que vivimos.
Finalmente,
repudiamos el denigrante espectáculo de terror promovido por los
esbirros del régimen en contra del diputado Juan Requesens. Somos
solidarios con él y su familia.
Michell
Bachelet, ex Presidenta de Chile y actual Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de la ONU, debería intervenir para el cese inmediato de
las torturas y la liberación de los más de 250 presos políticos de la
dictadura del hambre y la corrupción de Nicolás Maduro.
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