MARTA DE LA VEGA
Hay escépticos que desdeñan la función de impartir justicia de los
Magistrados que fueron seleccionados y designados por la Asamblea
Nacional y se vieron forzados, por la persecución y acoso que sufrieron,
a salir de Venezuela y constituir, en Washington primero y luego en
Bogotá, el máximo poder público judicial. Hay abogados que no aceptan
como jurídicamente válida la conformación en el exilio de un Tribunal
Supremo de Justicia ni reconocen que sea legítimo, y menos aún, que
puedan desarrollar un juicio contra Maduro, previamente autorizado por
la AN y cumplida la formalidad del antejuicio de mérito que exige la
Constitución vigente cuando se trata de un alto funcionario (mas no
mandatario, pues Maduro no tiene mandato legítimo alguno para gobernar).
Aunque no sea una guerra convencional, es indudable que el grupo que
desgobierna tiránicamente Venezuela ha desatado como práctica política y
filosofía del poder el terrorismo de Estado, la arbitrariedad y abuso
reiterados en sus acciones de gobierno y una guerra asimétrica contra
mayorías desamparadas que sufren el horror cotidiano de la escasez o
franco desabastecimiento, el hambre, la falta de medicinas, el
desmantelamiento de los servicios públicos, la destrucción de la
economía productiva, el derrumbe de la infraestructura y la brutal
hiperinflación que nos ha empobrecido a todos.
La indefensión de los ciudadanos es la peor consecuencia al igual que
la transgresión impune de las normas de convivencia, la pérdida de los
parámetros morales y la disolución de la ética pública.
La lucha por rescatar la democracia, la resistencia cívica y la
valentía para desafiar la dictadura de parte de muchos de nuestros
dirigentes, en especial jóvenes líderes como Juan Requesens, Freddy
Guevara, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, José Guerra, que ganaron su
curul en el parlamento y salieron a las calles a defender los derechos
de todos los venezolanos y a acompañar a la gente en las manifestaciones
pacíficas apagadas criminalmente a sangre y fuego, ponen de manifiesto
el coraje y la rectitud de sus propósitos. Pero también muestran la importancia de instituciones como la AN o el TSJ para derrotar al usurpador.
Así como Charles De Gaulle desde la resistencia en Londres se
convirtió en líder en el exilio, reconocido por Churchill como
representante legítimo de la “Francia libre” ante los aliados, también
son parte de la “Venezuela libre”, reconocidos por los países
democráticos de América Latina y de Europa los Magistrados y Diputados
perseguidos y obligados a salir del país que, junto con alcaldes y
gobernadores en el exilio, siguen luchando en el exterior para recuperar
libertad y decencia.
El juicio que en audiencias orales y públicas acaba de concluir en
contra de Maduro destaca su culpabilidad y responsabilidad penal
plenamente demostradas por los delitos de corrupción propia y
legitimación de capitales en el caso de la empresa Odebrecht.
En Bogotá, 25 Magistrados en Sala Plena, con la presencia virtual de 5
de ellos desde distintos puntos geográficos, mediante Skype,
sentenciaron a más de 18 años de cárcel a Maduro, con multa de 25
millones de dólares y obligación de restituir a la república 35 mil
millones de dólares en compensación. La Fiscal General Luisa Ortega
Díaz, cuya destitución por la ilegítima e inconstitucional anc es nula,
independientemente de los motivos que la hayan llevado a rectificar con
respecto a sus actuaciones del pasado en detrimento de la imparcialidad y
la transparencia, ejerció con valentía la acusación, respaldada con
numerosas pruebas documentales y testimonios, incluso de implicados que
ya cumplen condena en Brasil.
Así lo reconoció el Presidente del Tribunal Supremo, Miguel Ángel
Martín, en la exposición final sobre el juicio, que no es político
–dijo- sino estrictamente apegado a derecho, que condena a un
delincuente que ha causado un daño enorme al patrimonio del Estado y a
los venezolanos. El defensor público seleccionado en sorteo, Andrés
Felipe Lindo, rebatió sólidamente, con énfasis en aspectos procesales,
cada una de las acusaciones de la Fiscal. Pero las pruebas de los hechos
punibles, objeto de la investigación, eran demasiado contundentes,
aunque fueran pocas las que comprometían directamente a Maduro, para
esperar una decisión distinta a la de la condena.
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