Una mirada al Acuerdo de la AN sobre el caso Requesens y Borges
Carlos Romero Mendoza
La Asamblea Nacional el 9 de agosto de 2018, ha sido categórica al aprobar el Acuerdo
en rechazo de las arbitrarias actuaciones ordenadas por Nicolás Maduro
Moros en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges y en
contra de la Institucionalidad de la Asamblea Nacional[1], al advertir y concluir:
-Que la detención ordenada del diputado Julio Borges es una acción de naturaleza estrictamente política.
-Que la
desaparición forzada del diputado Juan Resquesens, es responsabilidad
personal de todos los funcionarios que participaron en esa detención,
pero en particular del ciudadano Nicolás Maduro, según lo establecido en
el artículo 29 de la Constitución.
-Que es
inexistente la decisión de la ilegítima asamblea nacional constituyente
de allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados Requesens y
Borges según los artículos 138 de la Constitución. Reiterando
nuevamente que el ciudadano Nicolás Maduro y los magistrados del
Tribunal Suupremo de Justicia implicados, así como los miembros de la
ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente incurren en
responsabilidad penal por esa decisión de conformidad con el artículo
200 de la Constitución.
El
Acuerdo además reitera que el régimen de Nicolás Maduro, a través de
vías de hecho amparadas por la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional
constituyente, ejecuta políticas de violación sistemática de derechos
humanos que constituyente crímenes de lesa humanidad.
El
Acuerdo hace una relación de los hechos que permiten argumentar con gran
coherencia que se trata de un nuevo caso de abuso y violación de los
derechos humanos por parte del régimen. Además, reitera el
irrespeto a la figura de la inmunidad parlamentaria y a la competencia
que la Constitución le reconoce a la Asamblea Nacional para allanar esa
inmunidad.
También
el acuerdo denuncia que el régimen intenta “disimular” la evidente
constitucionalidad de todas esas actuaciones, argumentando que la
dentención del diputado Requesens fue realizada en flagrancia, lo cual,
afirma la Asamblea Nacional, es imposible, pues esa detención fue
ordenanda días después de los supuestos delitos penales por los cuales
se intenta enjuiciar al diputado Requesens
El
principal Aucerdo es la solicitud de liberacióin inmediata del diputado
Juan Requesens y declarar inaplicable la extradición que se solicitó,
por no existir ningún allanamiento de inmuindad, pues no lo ha acordado
la Asamblea Nacional vigente y legítima.
En esa discusión fue importante la presencia de una representación importante del cuerpo diplomático acreditado en Caracas. ¿Los ciudadanos, los electores de Borges y de Requesens, y todos los electores en general, tendrán algo que decir?. La
premisa es muy clara, el 333 y 350 se unen para reclamar la
inexistencia de una asamblea nacional constituyente y en consecuencia,
todas esas decisiones que han asumido como válidas, son simplemente
inexistentes.
A un año de esa constituyente, no ha logrado se reconocida puertas adentro y puertas afuera de nuestros límites territoriales.
Nuevamente la Asamblea Nacional se ve amenazada, amedrentada y violentada como la expresión legítima del pueblo democrático.
Cada
ciudadano puede tener su apreciación personal sobre la labor de la
Asamblea Nacional, pero cada Acuerdo que ha sido aprobado desde el año
2016, registra con mucha claridad la voz del reclamo y la ruta del abuso
más grotesco del orden democrático y constitucional de quienes han
pretendido imponer el Socialismo del Siglo XXI, que a todas luces
evidencia su fracaso. No podía ser de otra forma, porque no responde a la voluntad popular amplia, plural y mayoritaria.
Requesens,
Borges y cada uno de los diputados que se han visto obligado a
exiliarse, a dejar su espacio de lucha en la Asamblea Nacional; y
aquellos diputados, quienes dando la batalla en la Asamblea Nacional,
han recibido ofensas, golpes y arriesgan su libertad e incluso hasta su
vida, han demostrado con su conducta, que están comprometidos con ese
voto popular que les da legitimidad y les otorga un mandato popular.
Ese
ejemplo nos lleva a preguntarnos como electores, ¿cuál es en estos
momentos nuestra responsabilidad?, en tal sentido, creo que corresponde
como electores, respaldar ese mandato, restaurar con el 333 y 350 la
institucionalidad de la Asamblea Nacional y no vacilar en alzar la voz,
es necesario dejar de lado las diferencias existentes sobre lo que ha
debido o no ha debido hacer la Asamblea Nacional en el pasado reciente,
pues ello nos puede distraer de la enorme responsabilidad de no permitir
que nos confisquen a una Asamblea Nacional que intentan debilitar cada
vez más desde el gobierno central.
Cada vez
que se nos pretanda reducir los espacios de libertad y convivencia
democrática, la voz de quienes se niegan a perder su condición de
ciudadano debe hacerse sentir y expresar, para ello las asambleas de
ciudadanos, sistemáticas y estratégicamente organizadas, son espacios
idóneos y concretos. No abandonemos a quienes le delegamos el mandato
de legislar y debatir los temas nacionales.
Carlos Romero Mendoza.
10 de agosto 2018.
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