Grupo La Colina

Los problemas del paquetazo rojo

 Anabella Abadi M. y Richard Obuchi

PRODAVINCI

El pasado viernes 17 de agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro anunció el —hasta ahora— más agresivo conjunto de medidas en el ámbito económico, incluyendo temas que habían sido temidos por el gobierno como el aumento de gasolina a precios internacionales, un incremento de 2.311% en el tipo de cambio oficial y aumentos de los impuestos. Las medidas incluyeron la introducción de un complejo sistema con dos monedas como unidad de cuenta —el bolívar soberano y el petro—, la reconversión de la moneda para la eliminación de 5 ceros, un incremento de 5.900% en el salario mínimo y un plan de control de precios. Sin embargo, es poco probable que estas medidas en su versión actual contribuyan a resolver los problemas de hiperinflación y deterioro económico por profundos problemas de diseño, contradicciones e insuficiencia de las mismas. De hecho, de insistirse en este curso de acción sin correcciones o ajustes, tales acciones pueden generar un crecimiento explosivo de la inflación, incremento de la escasez y un mayor debilitamiento del aparato productivo.

Una guía para entender las medidas

En palabras del presidente Maduro el pasado 17 de agosto de 2018: “el programa de recuperación económica apunta, de manera directa, a sustituir y a acabar el dólar criminal y el sistema de fijación y dolarización de precios; y recuperar el salario y la capacidad de compra del pueblo de Venezuela, es el eje central de todo el programa de recuperación económica, restablecer equilibrios, establecer equilibrios nuevos, corrijo, establecer equilibrios nuevos, macroeconómicos que marquen definitivamente lo que tiene que ser el proceso de crecimiento económico, tiene que ser el proceso de fijación de salarios permanente y tiene que ser el proceso de fijación, con precios máximos de venta al público de todos los bienes y servicios del país, poniendo el acento en los bienes prioritarios del Plan 50; ahí va el objetivo central del programa de recuperación económica”.

Un primer conjunto de medidas está vinculado con la política fiscal. “Vamos a entrar en una etapa muy importante con una meta de déficit fiscal cero”, dijo por primera vez Maduro. Indicando además que toca “eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico”.

A pesar del reconocimiento de estos problemas, las medidas anunciadas parecen aumentar más que reducir el déficit fiscal con base en el impacto del incremento e indexación del salario mínimo al petro en el sector público y anuncio de bonos y subsidios temporales a la pequeña y mediana empresa. Las acciones de políticas públicas en el área fiscal hasta la fecha comprenden las siguientes medidas:

• Aumento del precio de la gasolina acompañado por un subsidio directo. La meta declarada es que la gasolina alcance el precio internacional, y tanto los ajustes del precio como la asignación del subsidio directo se harán de manera progresiva, comenzando por los estados fronterizos. No se ha indicado la fecha de entrada en vigencia del nuevo precio ni la magnitud del primer aumento del precio. Tan sólo se ha dicho que se va a iniciar el proceso de instalación de dispositivos para la implementación del subsidio y que durante el mes de septiembre se informará la manera en que funcionará el pago del subsidio. Para 2017, según Haiman El Troudi el consumo interno de combustibles líquidos fue de 516 millones de barriles diarios (MBD) y estimamos que el nivel de consumo de combustibles esté cerca de los 400 MBD en los actuales momentos, por los niveles más bajos de actividad económica y otras restricciones. Si el gobierno cumpliera la meta de alcanzar precios internacionales, una posible referencia sería el valor del precio de la gasolina en Cúcuta, el cual se encuentra en US$/lt 0,63 (en el resto de Colombia el valor es de US$/lt 0,79). Al tipo de cambio oficial al 21 de agosto de 2018 (60 BsS/US$), el valor del litro de gasolina sería BsS/lt 37,8 (BsF 3.780.000), con lo que llenar un tanque es equivalente a BsS. 1.512 (BsF 151.200.000 o US$ 25,2). En todo caso, más allá de la factibilidad de lograr en el corto plazo un ajuste de esta magnitud, el gobierno ha indicado que todo aquel que se registre en el censo automotor va a gozar de un subsidio por un tiempo y magnitud desconocido. Según el gobierno, el censo que servirá de base para el subsidio, alcanza a la fecha más de la mitad del parque automotor. Esta medida puede tener un alto impacto fiscal y en las finanzas de PDVSA, pero solo en la medida en que se concrete de forma eficaz.
• Aumento de la alícuota del IVA de 12 a 16%. De acuerdo con el Decreto Presidencial N° 3.584 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.395 del 17 de agosto de 2018, “la alícuota impositiva general [del Impuesto al valor Agregado, IVA] a aplicarse en el ejercicio fiscal restante del 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019, se fija en dieciséis por ciento (16%)” (artículo 1) a partir del 1 de septiembre (artículo 3). Según aclaró el ministro El Aissami, quedarán exentos del pago de IVA “la comida, la medicina, la electricidad, la telefonía, agua potable, otros servicios como el gas”. Según cifras oficiales del Seniat, entre 1999 y 2017, el IVA representó 55% en promedio de las recaudaciones tributarias no petroleras, por lo que su aumento tendrá un importante impacto en las recaudaciones. Sin embargo, dado el ya amplio y desordenado gasto fiscal y los aumentos del mismo que se anunciaron vía aumentos del salario mínimo, bonos e incluso del subsidio directo de la gasolina, nada parece indicar que tal aumento de la alícuota del IVA sea suficiente para cerrar el actual déficit fiscal.
• Otras reformas tributarias (ISLR e IGTF). En su propuesta ante la ANC el martes 21 de agosto (que sería aprobada por unanimidad), el ministro El Aissami precisó que la declaración del impuesto al fisco cambiaría su periodicidad de quincenal a semanal y el pago se realizará con base en el impuesto declarado semanalmente. En cuanto al Impuesto Sobre La Renta (ISLR), aclaró que se establecería el pago de anticipos del 1% sobre las ventas diarias de los contribuyentes especiales, con excepción del sector financiero y asegurador que será del 2%. Por último, “en materia de impuestos a las grandes transacciones financieras [IGTF] (…) se propone incrementar la alícuota en 0,25 puntos porcentuales para ubicarla en 1% estableciendo un rango entre 0 y 2%”, exceptuando al sector industrial por ser “necesario para dinamizar la actividad productiva nacional”. Al igual que en el caso del IVA, mientras que estos aumentos mejorarán los niveles de recaudación, nada parece indicar ayudarán a cerrar el actual déficit fiscal.
• Bono de BsS 600 (BsF 60 millones) para al menos 10 millones de hogares (incluyendo los 6 millones de Hogares de la Patria). Esto implica una erogación total de BsS 6 millardos (BsF 600 billones), equivalente al 15% de la liquidez monetaria (M2) de mediados de agosto 2018.
• Aumento salario mínimo de BsF 3 millones a BsF 180 millones (BsS 1.800 o 0,5 petros), lo que representa un aumento de 5.900%. El aumento entrará en vigencia el 01 de septiembre. Según informó el Vicepresidente Sectorial del Área Económica, Tareck El Aissami, el gobierno central subsidiará el aumento por un máximo de 90 días “toda la población económicamente activa” (lo que incluye al sector informal). Para abril de 2016 (último dato oficial disponible), la población económicamente activa (PEA) era de 14.124.319 venezolanos. Suponiendo que el subsidio se asigne a 50% de la PEA, esto implicaría una erogación de más de BsS 12,7 millardos (BsF 1.271 billones), lo que equivaldría a casi un tercio de la liquidez monetaria (M2) de mediados de agosto 2018. Vale decir, dicho subsidio no es incondicional:
  • Para recibir el subsidio, las empresas deben registrar sus nóminas en el Sistema Tiuna del IVSS y estar al día con sus compromisos tributarios con el Seniat y solventes con el IVSS. Los trabajadores se pueden inscribir por cuenta propia si trabajan por cuenta propia o si sus empleados no están solventes.
  • En un documento oficial con los elementos más resaltantes de los anuncios, se precisó que “para evitar la excusa de la incidencia del incremento salarial en la estructura de costos, asumimos el incremento en el sector privado; como prestación, recibiremos el equivalente en producción que servirá para nutrir los CLAP y los aportes de alimentos y bienes al pueblo a precios justos”.
• Aumento de las pensiones de BsF 3 millones a BsF 180 millones (BsS 1.800 o 0,5 petros), tal y como informó la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez. En septiembre se pagará de forma fraccionada los días 7, 14 y 30 del mes. A marzo de 2018, había casi 3,5 millones de pensionados registrados en Venezuela. Este aumento implicará una erogación mensual de más de BsS 6 millardos (más de BsF 600 billones), lo que equivaldría a cerca de 15% de la liquidez monetaria (M2) de mediados de agosto 2018
• Aunque no se han dado mayores detalles, el Constituyente Andrés Eloy Méndez afirmó que “se viene una sorpresa con la fijación del ticket de alimentación”.

Otro conjunto de medidas está vinculado con el ámbito monetario y cambiario, destacando el inicio del proceso de reconversión y la introducción del petro como unidad de cuenta. Estas acciones parecieran tener por objetivo intentar corregir el problema de funcionamiento del sector externo y corregir el nivel de precios de la economía, incluyendo las remuneraciones. Sin embargo, los problemas de diseño e implementación de las medidas auguran que terminarán agravando estos problemas y añadiendo algunos nuevos.

• El petro como unidad de cuenta. El uso del petro como unidad de cuenta -pareciendo abandonar su uso como criptomoneda o mecanismo de financiamiento- da la sensación de intentar emular el Plan Real de Brasil (tal y como detalló Leonardo Vera en esta pieza para Prodavinci), el cual fue implementado en 1994 en el gobierno de Itamar Franco, para atacar el problema de hiperinflación. En este plan, se creó una moneda como unidad de cuenta -la Unidade Real de Valor (“URV”)- que era equivalente a un dólar. La URV era a su vez equivalente a una cantidad de cruzeiro real, la moneda en circulación efectivamente usada para las transacciones, según un tipo de cambio entre URV y cruzeiros reales que se actualizaba diariamente según la inflación. Los precios se expresaban en URV y los pagos se realizaban en cruzeiros; en la medida en que el tipo de cambio entre URV y cruzeiros reflejaba la inflación, había incentivos para usar la URV como referencia estable de precios. Esta medida fue precedida por un programa de ajuste fiscal y posteriormente por un cambio de moneda.
• El petro y su vinculación con el tipo de cambio. Según Maduro: “Ha sido fijado su valor en dólares, en monto oscilante de 60 dólares o más; es el precio del barril petrolero. Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares [soberanos]”. Según el gobierno, el objetivo es “anclar” y expresar los precios de bienes y servicios y el salario mínimo en petros. Maduro indicó que el tipo de cambio sería único y fluctuante y se publicará diariamente por el BCV. El 21 de agosto se oficializó en la página del BCV un tipo de cambio inicial de BsS/US$ 60 (BsF/US$ 6 millones), lo que implicó una devaluación de 96% (respecto a la tasa Dicom de BsF 248.832 por dólar, vigente hasta el 20 de agosto). Si el tipo de cambio entre petros y BsS se llegase a ajustar según el tipo de cambio de mercado, entonces fijar precios en petros sería equivalente a dolarizar los precios. Queda por ver si efectivamente el gobierno tiene la disposición de realizar el ajuste del tipo de cambio a valores de mercado.
• Nuevo régimen cambiario. Desde hace varias semanas, el gobierno ha indicado que vendría un nueva etapa del régimen cambiario, proceso que se inició con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios (Gaceta Oficial N° 41.452 del 2 de agosto de 2018). Según lo anunciado por el Presidente Maduro, se celebrarán 3 subastas (los días lunes, miércoles y viernes) por los próximos 60 días, para luego comenzar a celebrar 5 veces por semana. Tal vez el aspecto más relevante es que el gobierno central precisó que el sector público no va a ofertar divisas a través de DICOM, sino que —en palabras de Andrés Eloy Méndez, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)— “el papel del Estado será ver el origen, el uso y el destino de las divisas”. Además se activarán 300 casas de cambio en todo el país (posiblemente para recepción de remesas). No queda claro que en este sistema vaya a existir libre convertibilidad o que el tipo de cambio efectivamente sea formado de manera competitiva. Un tipo de cambio único y más alto aliviaría las cuentas de la industria petrolera, pero en la medida en que no sea acompañado por la eliminación del control de cambio, entonces va a repetir las distorsiones de los controles anteriores. En todo caso, el gobierno tiene elementos muy en contra para estabilizar el valor del tipo de cambio por el bajo flujo de divisas, la ausencia de reservas en moneda dura para participar en el mercado, tasas de interés reales negativas, así como el efecto de las expectativas negativas en el mercado cambiario. Además, la persistencia del déficit fiscal y el enorme crecimiento de la liquidez, conducen a una fuerte presión de demanda de divisas.

El tercer conjunto de medidas tiene que ver con las políticas de control directo de las actividades económicas. Por un parte, se establece un incremento del salario mínimo de 5.900% vinculado al valor del petro. Así, se establecen nuevos controles de precios en niveles también vinculados con el petro, pero no necesariamente vinculados con las nuestras estructuras de costos. Por lo pronto, el gobierno también ha dado indicaciones de que va a actuar con fuerza en materia de fiscalización independiente de la situación económica de las empresas. Las reformas no establecen un espacio donde se construyan las condiciones para un mejor ambiente de funcionamiento de las empresas, o donde se apunte a una mayor flexibilización en el funcionamiento de la economía, con lo cual hay pocos incentivos para incrementar la inversión y la oferta.

• Plan 50. Anunciado originalmente en enero de 2016, hasta la fecha no ha logrado ser implementado de manera eficaz. El ministro El Aissami, en su discurso ante la ANC el martes 21 de agosto, precisó que se habían acordado los precios de 25 bienes básicos por un lapso de 90 días. Estos precios fueron publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397 del mismo 21 de agosto. Dado que, según los datos de inflación calculados por la Asamblea Nacional, los precios se duplican cada 26 días (a razón de una inflación de 125% mensual para julio 2018), cuesta creer que los acuerdos sean sostenibles. Más aún, es importante recordar que los controles de precios, además de desincentivar la producción, generan fuertes incentivos para la formación de mercados negros e incluso para la corrupción.
• Fiscalización. En su discurso del 17 de agosto, el Presidente Maduro precisó que se implementaría “un nuevo sistema de vigilancia y aplicación del precio máximo de venta”. Al igual que en el pasado, esto se traduce en la proliferación de campañas masivas de fiscalización e intervención directa a comercios y empresas, siendo la primeras grandes víctimas Smurfit Kappa y Farmatodo. Recordemos, por ejemplo, que en 2014 se registraron más de 26.000 fiscalizaciones.
• Censo Automotor. Al viernes 17 de agosto, el Presidente Maduro afirmó que ya se habían registrado 2,4 millones de vehículos, poco más de la mitad del parque automotor del país el cual alcanza 4,5 millones de vehículos según El Troudi. Además, precisó que el Censo se extenderá hasta el 30 de agosto y, acto seguido, se comenzará una campaña para informar a la ciudadanía (por 20 días) sobre la implementación de la política de subsidio directo a la gasolina. El Censo es el paso previo para establecer el mecanismo de subsidio que a su vez requerirá, según el propio gobierno, la instalación de dispositivos especiales en más de 8 mil estaciones de servicio en todo el país.

¿Cuáles son los principales problemas?

Las medidas anunciadas tienen graves problemas de credibilidad. Por una parte, se asegura que un objetivo clave es corregir el déficit fiscal y el financiamiento monetario. Pero las medidas de aumentos de salarios y subsidios indican todo lo contrario: un incremento del déficit fiscal y un aumento de la liquidez en magnitudes sin precedentes. En tanto la medida que potencialmente podría contribuir más con el financiamiento del déficit, el aumento de la gasolina, no se conocen mayores detalles y no va a entrar en vigencia hasta por lo menos el mes de octubre. A la vez, se intenta corregir el ingreso de los trabajadores, pero no se permiten correcciones en las estructuras de costos de las empresas. El gobierno pone mano dura sobre los productores y comerciantes locales para que no aumenten los precios, pero obliga a aumentar salarios, lo que limita la sostenibilidad financiera de las empresas. Además, se establece un tipo de cambio fijo, en condiciones donde el gobierno no cuenta con los recursos para mantenerlo estable, lo cual puede conducir a que el precio de las divisas aumente por expectativas negativas sin ajustes en el petro, con lo que perdería credibilidad su uso como unidad de cuenta.

Medidas generan incertidumbre. Para implementar cualquier plan de recuperación, son puntos clave la claridad y la confianza. Un plan de reforma integral de la economía pasa por el concurso y apoyo de todos los actores. Hacen falta no solo medidas fiscales y monetarias, sino también acciones concretas que permitan incrementar la oferta, la producción, el abastecimiento y el crecimiento de la economía. Esto implica dar señales de cambio profundo en la orientación del modelo de gestión de políticas públicas, un modelo en donde se establezcan las bases para una economía mucho más libre. Además, estas acciones pasan por el reconocimiento de los gravísimos problemas de gestión de los servicios públicos y del funcionamiento del propio gobierno. Nada de esto es parte de los anuncios. Cuando hay incertidumbre, la reacción natural es intentar protegerse. Esto implica que muchos comercios e industrias pueden optar por no vender hasta entender la nueva realidad; o vender hasta agotar los inventarios o con precios que ofrezcan suficiente cobertura. La manera en que se realizaron los anuncios ha alimentado la incertidumbre, creando confusión y nuevos costos.

No hay financiamiento externo. Las medidas tienen la debilidad estructural de que no mejoran la posibilidad de acceder a financiamiento externo. Venezuela se encuentra en una situación de impago de deuda externa, la principal industria exportadora se encuentra en una situación precaria y persisten las sanciones económicas establecidas por el gobierno de los EEUU. Los socios comerciales de Venezuela, e incluso sus aliados geopolíticos, tienen pocos incentivos para proveer recursos internacionales.

No hay corrección precios relativos. Uno de los más graves problemas de funcionamiento de la economía venezolana son las profundas distorsiones en los procesos de formación de precios de los bienes y servicios, los salarios y el tipo de cambio. La intensa intervención gubernamental en el funcionamiento de los mercados acompañado por una economía cada vez más débil, impide que los precios den señales adecuadas para inversión, producción y consumo de los agentes económicos. Sin embargo, no pareciera que estas medidas apuntan a un ajuste eficiente de los precios a pesar del profundo impacto en la estructura de costos de todos los agentes económicos del aumento del salario mínimo y la devaluación del tipo de cambio oficial.

Medidas pueden incrementar inflación, escasez y recesión. En ausencia de cambios, las medidas anunciadas terminan por generar un profundo ajuste de precios en la economía como consecuencia del cambio del salario mínimo y el tipo de cambio oficial, en condiciones de fuertes restricciones y alta incertidumbre. Esto puede conducir a una mayor demanda de bienes y divisas, sin que haya una respuesta en la oferta, todo lo cual indica un impacto inflacionario sin los beneficios de corrección o estabilización.