Andrés Oppenheimer
El Nuevo Herald
La sobrerreacción de la presidenta Cristina Fernández tras ser
imputada por presuntamente haber tratado de encubrir la responsabilidad
de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario
israelita AMIA en Buenos Aires, sugiere que las cosas en Argentina se
van a poner peor, antes de ponerse mejor.
Fernández, quien debe
dejar la presidencia tras las elecciones de octubre, en las que no puede
aspirar a un tercer mandato, dijo a través de sus voceros que los
cargos formales presentados el viernes contra ella, el canciller Héctor
Timerman y otros dos cercanos colaboradores, constituyen un intento de
“golpe judicial” contra su gobierno.
En lugar de continuar con su
estrategia anterior de tratar de minimizar las acusaciones diciendo que
son jurídicamente insostenibles por falta de pruebas, la presidenta
decidió redoblar la apuesta.
El jefe de gabinete, Jorge
Capitanich, calificó la imputación como un acto de “golpismo judicial”, y
el secretario presidencial Aníbal Fernández la denunció como “una clara
maniobra de desestabilización antidemocrática”.
Ambos
funcionarios se referían a la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de
imputar a la presidenta y a Timerman por supuestamente haber conspirar
para encubrir la responsabilidad de funcionarios iraníes de alto rango
en el bombazo que destruyó la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y unos
300 heridos.
El fiscal Pollicita validó la denuncia penal de 289
páginas que había sido presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman
el 14 de enero, cuatro días antes de que fuera encontrado muerto de un
balazo en la cabeza en su apartamento. El gobierno en un principio
calificó la muerte de Nisman como un suicidio, y luego admitió que
podría haberse tratado de un asesinato.
Muchos juristas se
preguntan por qué el gobierno reaccionó con tanta vehemencia ante la
imputación de Pollicita, si está tan convencido de que se trata de una
acusación jurídicamente endeble. De hecho, la imputación formal de
Pollicita solo elevó la acusación de Nisman en un pequeño escalón legal,
ya la suerte del caso dependerá de si un juez decide darle curso, o
declararlo inadmisible por falta de pruebas.
Entonces, ¿por qué el gobierno de Fernández sobrerreaccionó, si los cargos son tan endebles como asegura?
Una
teoría es que fue una reacción automática de un gobierno populista
autoritario, que instintivamente califica de “intento desestabilizador” a
acusaciones en su contra que en cualquier democracia moderna serían
vistas como parte normal del funcionamiento del sistema de separación de
poderes.
Al igual que en Venezuela, donde el presidente Nicolás
Maduro ya ha denunciado cuatro supuestos intentos de golpes desde que
asumió el cargo hace dos años, sin aportar pruebas sólidas en ningún
caso, Fernández puede estar tratando de desviar la atención pública de
sus crecientes problemas políticos y económicos.
En Argentina,
además de la nueva imputación contra Fernández por supuesto
encubrimiento en el caso de la AMIA, el vicepresidente Amado Boudou está
siendo procesado en al menos dos casos de corrupción, y hay alrededor
de 300 otras causas que alegan que funcionarios de alto rango del
gobierno y sus parientes cercanos participaron en actos de corrupción.
Además,
la economía de Argentina está yendo cuesta abajo. La mayoría de los
economistas coinciden en que la economía se contraerá un 1.3 por ciento
este año, tras una caída similar el año pasado, y que la inflación
alanzará un 33 por ciento anual.
En medio de todo esto, varios
fiscales han llamado a una marcha masiva el miércoles 18 para exigir una
investigación efectiva sobre la muerte de Nisman, y una mayor
independencia judicial. La mayoría de los líderes de oposición han dicho
que participarán en la marcha.
Otra teoría es que Fernández ha
decidido contraatacar con fuerza como parte de una estrategia planeada
para mantenerse en el centro de la escena política durante sus últimos
meses de gobierno, mantener a sus seguidores motivados, y asegurarse
tanto la lealtad del candidato oficialista como una representación
significativa en el Congreso después de las elecciones de octubre.
“Cristina (Fernández) doblará la apuesta”, escribió el columnista Mariano Obarrio, del diario La Nación.
“La orden presidencial es acusar de una confabulación a fiscales,
jueces, espías díscolos, prensa, corporaciones e intereses
internacionales.”
Santiago Cantón, director del Centro Robert F.
Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington D.C.,
coincide en que “la presidenta quiere ocultar la corrupción, crímenes y
violaciones de su gobierno bajo el manto de acusaciones golpistas a
quienes creemos en la justicia y la libertad de prensa”.
Mi
opinión: La sobrerreacción de Fernández tras su imputación sugiere que
en los próximos meses veremos una escalada autoritaria del gobierno para
tratar de proyectar una imagen de fortaleza mientras trata de negociar
su impunidad, y la de sus colaboradores, después de las elecciones de
octubre.
Hasta entonces, prepárense para un aumento de abusos gubernamentales en Argentina.
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