martes, 2 de febrero de 2010

Presidente de Fedecámaras se pondrá a derecho ante privativa de libertad

Caracas.- El presidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, informó a El Universalsobre una medida de privación de libertad en su contra, aunque hasta el momento -precisó- no ha sido notificado formalmente.

Álvarez manifestó su plena voluntad de ponerse a derecho a las autoridades "Quien no debe, no la teme. Yo me quedaré aquí en mi país, seguiré trabajando", destacó. Informó que en ningún momento le notificaron la decisión, sino que "salió la medida de privativa directa". La semana pasada el director de Conatel, Diosdado Cabello, solicitó una averiguación penal en contra del presidente de Fedecámaras ante la Fiscalía General de la República por sus declaraciones en el programa LA ENTREVISTA, conducido por el periodista Miguel Angel Rodríguez, cuando hizo un llamado a militar en todos los gremios, para hacer un "bloque que le pueda hacer frente a las pretensiones hegemónicas de control a los medios de producción por parte del Gobierno". Para Cabello, el máximo representante de los empresarios privados usó un juego de palabras para instar a un golpe de Estado. Actualmente el presidente de Fededámaras analiza con sus abogados las acciones que va a emprender, a la espera de que se haga pública la medida.

Marcharán el 4-F para exigir respeto a derechos ciudadanos


La deficiencia en los servicios públicos, la inseguridad, el cierre de medios de comunicación y la persecución de quienes opinan y se expresan distinto al Gobierno son las razones que tiene el movimiento estudiantil para tomar nuevamente las calles de Caracas el próximo jueves 4 de febrero en repudio a los organismos gubernamentales que han dado la espalda al país y a los venezolanos. El anuncio lo hicieron jóvenes de varias casas de estudio en una rueda de prensa que este lunes realizaron desde la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Montalbán.

"El día jueves nos concentraremos en el Rectorado de la UCV para que en una sola consigna todo el movimiento estudiantil salga a manifestar en repudio a las medidas del Gobierno, a sus deficiencias en la conducción del país y a esos organismos que han dado la espalda a los venezolanos", dijo Miguel Pizarro, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien agregó que el destino de la manifestación no será develado por el momento. "Esa es la única forma de poder llegar a las instituciones y de evitar enfrentamientos. Cuando anunciamos con antelación el sitio de llegada de la protesta nos ponen piquetes, guardias nacionales y grupos parapoliciales, de allí deviene la violencia y nuestra bandera es la paz, el civismo".

Los jóvenes universitarios explicaron que aunque el llamado en principio es al movimiento estudiantil del país, instan a sumarse a la actividad del próximo jueves a toda la sociedad que está inconforme con las medidas de este gobierno, a todos los que se sienten atropellados, a los factores políticos, los gremios, los periodistas y los transportistas, entre otros. Informaron además que ya están realizando las notificaciones del evento para entregarlas, como establece la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, 24 horas antes de la realización. Los universitarios también anunciaron que hoy acudirán a la Fiscalía General de la República para denunciar el acoso al movimiento estudiantil por parte de grupos violentos del sector oficial, así como los daños que han causado a las casas de estudios superiores. Roberto Patiño, de la Universidad Simón Bolívar (USB), denunció que seguidores del presidente de la República realizan ataques sistemáticos a las casas de estudios superiores y a los integrantes del movimiento estudiantil.

Al respecto, Roderick Navarro, presidente de la UCV, indicó que es el discurso violento del presidente Chávez el que está causando la violencia en las calles. Universitarios de Barinas convocaron una marcha el próximo miércoles, pero las autoridades de seguridad y orden público del estado condicionan otorgar el permiso a que se cambie el recorrido y éste no pase por el frente de la residencia de gobernadores en la capital del estado Barinas.

"Gobierno arma a bandas que actúan con impunidad"


En sendas declaraciones, los máximos voceros de Copei y el MAS, Luis Ignacio Planas y José Antonio España, fustigaron la actuación represiva de los cuerpos policiales y de grupos civiles armados que atacan las manifestaciones estudiantiles y cualquier otra protesta por la ineficiencia gubernamental.

Planas, presidente de Copei, ratificó la acusación contra el gobierno de Hugo Chávez de propiciar, amparar y actuar en complicidad con esos grupos. "Estas bandas armadas del Gobierno actúan con total impunidad y los órganos de seguridad del Estado reciben órdenes de no actuar cuando éstos están atacando a los estudiantes en sus protestas pacíficas y al resto de la población civil". Insistió en que el Gobierno, en vez de "tomar los correctivos para acabar con la violencia, ha decidido armar a quienes respaldan su fracasado modelo político para generar inestabilidad".

España expresó apoyo a los comunicadores sociales, en especial al periodista Miguel Ángel Rodríguez (RCTV) y al humorista y politólogo Laureano Márquez, a quienes consideró sujetos de "la persecución y la intolerancia" oficial. Acusó al Gobierno de haber "perdido la brújula" y solo estar pendiente de las elecciones, en lugar de resolver los problemas. Rechazó una vez más la delincuencia que no distingue colores políticos y el fin de semana enlutó a una familia vinculada al PSUV. Sobre las protestas callejeras, añadió que "Chávez le quitó a los venezolanos lo que es suyo. El año pasado con endeudamiento y este año con devaluación. El pueblo comenzó a movilizarse por sus derechos, los estudiantes por la libertad, los trabajadores por salarios dignos y contratos colectivos, las mujeres por justicia y la gente del campo por haber sido despojada de sus tierras", dijo España. EG

Defensores de DDHH exigen anular nuevo horario judicial

Por considerar que viola los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, organizaciones pro derechos humanos demandaron del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deje sin efecto la resolución mediante la cual redujo a cinco horas el horario de trabajo de los juzgados. La exigencia la hicieron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Acción Solidaria contra el Sida (Acsol) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ante la Sala Constitucional.

El coordinador del OVP, Humberto Prado, indicó que la disminución de tres horas está agravando el problema del retardo procesal. "Más de 80% de los internos son procesados, y se ven afectados con la resolución, ya que la mayoría de los actos (juicios, audiencias, etc.) son diferidos. La Justicia no se puede recortar. La Justicia es como la vida, especialmente con la situación de las cárceles en nuestro país". En 2009, 366 reclusos perdieron la vida y más de 600 resultaron heridos en motines ocurridos en las penitenciarías. Tras solicitarle a la Comisión Judicial que "recapacite, y restablezca estos derechos vulnerados", Prado señaló que la medida no solamente está afectando a los ciudadanos que acuden al área penal, sino también a aquellos que están tramitando divorcios, demandas de desalojo, acciones contra instancias públicas, quienes están inmersos en conflictos por la titularidad de las tierras, reclamaciones por patria potestad o pensiones alimentarias. El coordinador del OVP propuso al TSJ que autorice a los jueces a celebrar juicios en las cárceles para así combatir el retardo. Jueces y magistrados consultados han asegurado que, desde que entró en vigencia el nuevo horario judicial, los tribunales penales de Caracas apenas están tramitando 25% de las acciones que antes conocían. "Solamente se están tramitando las audiencias de presentación, pues allí la persona está privada de libertad. Las audiencias preliminares (actos donde se decide si una persona es enjuiciada o no), los juicios orales y públicos y demás actos están siendo diferidos. El tiempo no alcanza para nada", aseguró uno de los jueces interrogados.

Empresas medianas tendrán que bajar consumo eléctrico en 20%


El programa de reducción del consumo de energía a los grandes consumidores en la zona servida por La Electricidad de Caracas (EDC), que sustituye al plan de racionamiento eléctrico aplicado por un día (13 de enero), impactará a empresas, industrias, comercios y servicios de mediana dimensión. Este plan prevé ampliar la banda de usuarios a la que aplicará la obligatoriedad de reducir 20% del consumo eléctrico, lo cual motiva al usuario a emprender acciones de ahorro de energía, medida que no afectará a los pequeños comercios, al sector residencial, ni a aquellos de alta sensibilidad social. Trascendió que a finales del año pasado las autoridades energéticas sostuvieron una reunión con los grandes consumidores (industrias y comercios) de la región capital y los conminaron a reducir en 20% el consumo eléctrico, de acuerdo con los decretos emitidos por el Ministerio de Energía Eléctrica, publicados en Gacetas Oficiales del 4 de noviembre y del 21 de diciembre de 2009.

En esta oportunidad el emplazamiento se hace extensivo a los altos consumidores. Se indicó que en esa categoría estarían aquellos que facturen más de 25 KVA, es decir, empresas, comercios y servicios de mediana dimensión (restaurantes, peluquerías, supermercados, por citar algunos casos). Esta medida significa, en términos técnicos, la suma de la potencia útil (kV) con la potencia reactiva e indica el consumo o aporte total de potencia. A manera de ejemplo, una casa o apartamento puede consumir alrededor de 2,5 KVA, pero un edificio sí podría alcanzar los 25 KVA; sin embargo no le recaería la medida, pues el pago del servicio se hace de manera individual y no en bloque. Aunque para hoy está prevista la difusión de la resolución, se informó de manera extraoficial que aquellos establecimientos que incumplan la medida de ahorro de 20% de energía, serían clausurados de manera temporal dependiendo de la gravedad de la falta. Y la sanción sería más contundente para aquellos establecimientos o factorías que reincidan.

En este nuevo esquema de racionamientos pareciera que "no utilizarán los circuitos", coincidieron Víctor Poleo (profesor de posgrado de Economía Petrolera en la UCV) y Miguel Lara (ex gerente general de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados). "No funcionó el primer recorte de suministro porque la arquitectura de las redes eléctricas urbanas no ve hospitales, escuelas, en manzanas bajo racionamiento; el servicio eléctrico esta pensado para servir continua y confiablemente, no para racionar selectivamente". Esta medida se une a los racionamientos que se adelantan en las empresas básicas de Guayana (Alcasa, Venalum y Sidor), en los centros comerciales, en el interior del país y en las oficinas públicas, con el fin de bajar la demanda de energía ele´ctrica en al menos 1.600 megavatios (Mw) y aliviar las exigencias sobre la fuente hidroeléctrica. Según el Centro Nacional de Gestión (CNG) la cota del embalse de Guri se redujo en 3, 20 metros sobre el nivel del mar (msnm) en el mes de enero, al pasar de 261,41 a 258,21 metros.

El Gobierno estima adicionar al sistema 1.692 megavatios (Mw) en el período enero-mayo de este año, a través de la instalación de pequeñas plantas de generación distribuida y la entrada en operaciones de la unidad 1 de Planta Centro. El presidente Hugo Chávez pidió acelerar las compras de plantas en Rusia, China, Japón, Alemania y Brasil; y anunció que el plan de sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores subió de 60 a 100 millones de unidades.

(NOTICIAS TOMADAS DE EL UNIVERSAL)

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