EL NACIONAL
Tiene un efecto viral. Parece una paradoja, pero no lo es.
Más que un contagio, se trata de una invasión. “Para un familiar
necesito Meticorten de 5 mg Favor RT”. La urgencia farmacéutica ha
tomado las redes. Al principio, fue algo más o menos esporádico, luego
los casos comenzaron a repetirse hasta que su frecuencia resulta
alarmante. Gente que necesita medicinas y que no las consigue. Gente
desesperada, en una emergencia donde ya ni siquiera hay colas. Gente
persiguiendo farmacias invisibles. Cada vez hay más fórmulas viajando en
Twitter. 140 caracteres lanzados al aire. Pidiendo auxilio.
La
tragedia de los servicios de salud, públicos y privados, suele ser
silenciada por el gobierno y todos sus medios. Prefieren la discreción,
desean pasar agachados. Ya lo sabemos. En este país hay noticias
oficiales y noticias clandestinas. Los enfermos suelen estar en las
segundas. La crisis hospitalaria o la escasez de suministros y
medicamentos no tienen mucha visibilidad en los medios de comunicación
que descaradamente controla el poder. No deja de ser indignante la
diferencia abismal entre la forma como este gobierno atendió la
enfermedad de Hugo Chávez, y la manera como se desentiende de la
enfermedad de miles de venezolanos.
Según Cristino García, director de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, esta semana por fin apareció en la Gaceta Oficial
un decreto que agiliza los trámites para la importación de insumos
médicos. Lamentablemente, esto (que solamente es una simplificación de
un trámite burocrático) ocurre cuando la situación es casi insostenible.
92,4% de los insumos que se utilizan son importados. Las perspectivas
siguen siendo terribles. A los proveedores extranjeros se les debe casi
400 millones de dólares. A la industria farmacéutica se le deben 3.000
millones de dólares. El 9 de septiembre de 2013, después de constituir
un pomposo “Estado Mayor de Salud”, Nicolás Maduro exclamó: “Es una
orden que les doy, compañeros del Estado Mayor, tenemos que conformar
ya, pero ya, una empresa que sea una Corporación de Servicios
Tecnológicos para Equipos Médicos”. ¿Qué habrá pasado con esa empresa?
¿Qué habrá pasado con ese Estado Mayor?
La historia siempre ofrece extrañas coincidencias. Esta semana, también en la misma Gaceta Oficial,
se publicó una resolución del Ministerio de la Defensa que permite el
“uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con
otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los
desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar
toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
Se trata de una sorprendente legitimación de la represión hasta sus
últimas consecuencias. No hay disfraces, engaños, maquillajes. Se trata
de un permiso para matar.
Uno de los elementos fundacionales de
este proceso que se autoproclama como “revolución” es, supuestamente, el
27 de febrero de 1989. Siempre han invocado, como punto de origen, el
rechazo a la orden de un poder que mandó al ejército a reprimir a un
pueblo que se manifestaba. Tantos años después, le dan legitimidad a esa
misma forma de hacer la muerte. El único destino del chavismo es
traicionarse.
¿Qué hará el ministro Vladimir Padrino cuando deba
enfrentar a enfermos y médicos que toman una avenida y protestan juntos
porque no hay insumos médicos? ¿Qué será mejor? ¿Qué será más
revolucionario? ¿Dispararles ahí mismo o dejar que se mueran en el
hospital?
El miércoles pasado, la periodista Maolis Castro
escribió en su cuenta personal de Twitter: “Mi hermana estuvo horas
recorriendo farmacias hoy en un intento de conseguir una jeringa. No
consiguió, por supuesto”. Frente a esta realidad, el Estado propone esta
semana dos soluciones. Una es más rápida que otra. O esperas a que se
agilice un trámite o te arriesgas a que llegue una bala.
¿Qué futuro tiene un país donde hay más armas que jeringas?
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